Por María José Nuñez
La gran cantidad de denuncias que han sido presentadas contra el actual gerente de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Miguel Pacheco, han despertado las sospechas en la Asamblea Legislativa, y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta asegura que hay suficientes motivos para que el jerarca sea destituido.
Luego de que la Comisión de Ingreso y Gasto Público del Congreso llamara a Pacheco para comparecer sobre el tema del régimen de Pensiones, el pasado jueves 23 de setiembre, y de que él no se presentara, el legislador confirmó que ya están recopilando documentos, informes y criterios que destapan cosas muy graves, pues están comprometiendo los recursos del fondo de pensiones de todos los costarricenses.
“El señor Pacheco no ha querido venir a dar la cara ante la comisión, hay serias denuncias de situaciones que aunque no han significado pérdidas gigantes, muestran un mal manejo de los recursos para favorecer a ciertos sectores económicos y no a los trabajadores que dependen de esos dineros para sus pensiones”, comentó Villalta.
El diputado cuestionó dos denuncias específicas: una que tiene que ver con la reducción de dos puntos porcentuales en los préstamos hipotecarios de la Caja, siguiendo una directriz directamente de Casa Presidencial, a pesar de que la ley orgánica de la institución indica claramente que no está sujeta a ese tipo de directrices.
La directriz que fue emitida se refería a la reducción de las tasas de interés para los bancos del Estado, no para la Caja, ya que son recursos del fondo de la reserva de pensiones. Además, la directriz se refería a bajar las tasas variables, sin embargo la Gerencia de Pensiones redujo también las fijas.
“En el informe que presentó en su momento a la junta directiva se afirmaba que existía un acuerdo entre la gerencia de Pensiones y la dirección de Inversiones, sin embargo esta última aseguró que nunca avaló esta propuesta”, dijo.
De acuerdo con Villalta, la propuesta a la Junta Directiva afirmaba que únicamente se tendrían pérdidas de ¢500 millones, pero confirmó que la auditoría interna detalló que habían rondado los ¢1.600 millones.
La otra denuncia, y que el diputado considera aún más preocupante, es que Pacheco llevó una propuesta a la junta directiva para vender miles de millones que tenían en bonos en bancos privados, como el Citibank, pues con la crisis estos iban a quebrar, y se estableció un parámetro para ponerlos en el mercado a un precio menor. Esas pérdidas se estimaron en su momento de hasta un 4,76%.
“El gerente aseguró que se iba a perder un montón de plata, por lo que se sacaron los bonos a la venta y el primero en comprar fue el Grupo Sama, empresa donde el gerente laboró durante varios años. Esto se frenó a tiempo, pero solamente esa tentativa me genera una gran desconfianza”, detalló Villalta.
Consultadas las actas del Comité de Inversiones, UNIVERSIDAD constató que, en efecto, esa propuesta de vender con pérdidas los bonos se puso en marcha, basada en la situación de crisis económica internacional y al poco tiempo se canceló la decisión argumentando que el riesgo había disminuido.
El funcionamiento de la venta de los bonos de la reserva del IVM permite que la Caja los saque al mercado y quien los compre puede cobrarlos en el futuro con intereses.
“Estamos pidiendo todos los informes, y aunque no hubieran comprado los bonos, hay una clara maniobra para favorecer a grupos económicos que en ese momento necesitaban financiarse ante la crisis económica y para mí eso es causal para destituirlo de su puesto”, argumentó.
Por su parte, el representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Geovanni Ramírez, señaló que “el hecho de que se vendieran esos bonos al Grupo Sama, donde el gerente laboró unos 15 años, resulta absolutamente sospechoso”.
El dirigente señaló que aunque se está realizando una investigación preliminar a lo interno de la Caja sobre estos y otros temas, conforme al reglamento se debería separar del cargo al gerente para garantizar la transparencia, y, en su criterio, esto es únicamente una distracción de temas mucho mayores.
“Es muy curioso que al mismo tiempo que sucede esto, avanza en la Asamblea Legislativa un proyecto que propone la pensión a los 57 años. Este es solo para quienes tienen otros ingresos adicionales, como renta, pues la pensión queda totalmente disminuida y cobran una penalización”, acusó Ramírez.
Para Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) otro tema que se une a estas denuncias y que son sumamente preocupantes es el proyecto de ley 17.597, cuyo propósito es prohibir el retiro cada cinco años de los dineros acumulados en ese fondo, trasladándolos al Fondo de Pensión Complementaria, de forma inmediata.
“Las operadoras pretenden acumular ganancias, administrando por más tiempo el dinero que debería recibir el trabajador, en este sentido en caso de despido el trabajador recibiría únicamente el 5,33% y no el 8,33% que se entrega actualmente y no podría hacer el retiro cada cinco años. Son todos estos manejos, los que nos hacen sospechar aún más de las intenciones de los políticos”, detalló Chavarría.
A COMPARECER
A pesar de que en la primera solicitud de comparencia que se hizo al gerente Miguel Pacheco, la Comisión de Ingreso y Gasto Público le indicó que su justificación no era válida y que tendría que presentarse a la próxima sesión a responder por los cuestionamientos.
De acuerdo con la presidenta de la comisión, Marielos Alfaro, diputada del Movimiento Libertario: “el señor Pacheco aseguró en una nota enviada a mi despacho, luego de solicitarle su justificación por escrito, que tiene una serie de investigaciones preliminares, pero eso no lo inhibe de venir a comparecer. Queremos saber el detalle del régimen, conocer sobre los estudios que indican que el sistema está colapsando”.
Para la diputada libertaria, la investigación tendrá que incluir todo lo concerniente al régimen, como las denuncias por las tasas de interés, la inversión de los recursos, así como las razones por las que declaró confidenciales las actas de la Comisión de Inversiones.
“El tema se verá de forma integral, completa, incluso daremos audiencia a los representantes de los sindicatos para que comparezcan ante la comisión legislativa y nos traigan todas las pruebas y argumentos que tengan, también pediremos las actas de la comisión de inversiones”, concluyó.
DIFERENCIA DE CRITERIOS
Otra de las denuncias que han realizado los sectores sindicales ha sido el franco deterioro en la relación que ha tenido la gerencia de Pensiones con la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), por lo que UNIVERSIDAD realizó una entrevista a la Intendente a.i. Marjorie Jiménez, para conocer a fondo la génesis de esas diferencias.
¿A qué se deben las controversias entre la SUPEN y la gerencia de Pensiones de la CCSS?
Más que controversias lo que ha tenido la SUPEN con la Caja son diferencias de criterio y de visión sobre la gestión propiamente del IVM. Lo primero que es importante tener claro es que el IVM es supervisado por la SUPEN más no es regulado, es decir, la normativa que dicta el órgano no necesariamente debe ser acatada por parte del IVM.
En ese sentido, la actividad de la SUPEN debe ser complementaria a la del mismo gestor del fondo, o sea, la CCSS representada por la Gerencia de Pensiones.
Esta particularidad ha hecho que se presenten inconvenientes y limitaciones en el ejercicio de la supervisión, entre otros, con temas como cumplimientos de entrega de información básica para ejercer la supervisión y plazos.
¿Cómo debería ser la relación entre SUPEN y Pensiones de la Caja?
Debería ser una relación como la que la SUPEN tiene con cualquiera de los otros supervisados y regulados y eso es lo que la Superintendencia pretende. El fin de la supervisión es mejorar la gestión administrativa del IVM, lo cual implica en muchos casos corregir debilidades de control, para lo que esperaríamos apertura de la administración.
¿Cuáles fueron los problemas que se dieron por los estudios actuariales de ambas partes?
Ha habido dos estudios actuariales: uno que contrató SUPEN, realizado por una firma de actuarios mexicanos y, otro, que la CCSS realizó y que fue validado por la OIT.
En el primer estudio actuarial la mayor discrepancia estuvo en el crecimiento de la masa salarial, se utilizó un horizonte de 100 años, porque es el plazo recomendado para fondos de pensiones de esa naturaleza.
Por su parte, la Caja utilizó la metodología de su sistema PRODEFI y la OIT validó que dicho sistema funcionaba; se hizo con visión a 50 años -después la CCSS lo amplió a 100 años-, lo cual hace que los resultados sean diferentes y por tanto de impacto mucho menos dramático.
El tema es que según la CCSS el IVM es solvente hasta el año 2037 y que se puede esperar 15 años antes de hacer nuevos ajustes, la SUPEN basada en su estudio estima que ese plazo es al 2015. Las medidas deberían irse tomando desde ahora y no esperar, pues son decisiones que afectan a trabajadores, patronos y gobierno.
¿Cuáles son las mayores deficiencias del sistema de Pensiones de la Caja?
El sistema de pensiones que administra la Caja requiere que se mejore el proceso de recaudación y registro de los aportes, revisar los procesos de cobro y registro de la morosidad patronal. Mejorar la estrategia de inversiones, para una mayor diversificación que disminuya el riesgo de la cartera, y con rendimientos reales que aumenten las reservas del régimen.
Vemos oportunidades de mejora en el nivel de la cultura de control interno y de gestión de riesgos, en particular del riesgo operacional.
Fuente: Semanario Universidad
El énfasis es nuestro
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