El 17 de agosto se realizó la marcha más gigantesca de la historia de las luchas universitarias, demostrando así que la ofensiva del gobierno para asfixiar financieramente a la educación superior pública, se topaba con una vigorosa y creciente movilización de las comunidades universitarias y empezaba a gestar un fuerte apoyo de los sectores populares.
Pocos días después, exactamente en la madrugada del 26 de agosto, en la víspera de una marcha que federaciones estudiantiles y sindicatos preparaban frente al Ministerio de Hacienda, el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmó con los ministros de Gobierno un acuerdo para implementar el V Convenio para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el próximo quinquenio 2011-2015, a espaldas de la comunidad universitaria, desoyendo la voz de las organizaciones de estudiantes y trabajadores(as) e incluso sin ninguna consulta previa a los respectivos Consejos Universitarios de las cuatro universidades públicas, colocándonos frente a un hecho consumado de gravísimas consecuencias.
El 21 de septiembre en el diario La Nación reproduce declaraciones de la rectora de la UCR Yamileth González en el sentido de que se realizan investigaciones para valorar sanciones contra estudiantes y trabajadores que participaron en acciones de protesta contra el acuerdo CONARE-Gobierno sobre el FEES. Es sumamente grave que académicos y autoridades universitarias se sumen a una campaña de criminalización de la protesta social a lo interno de la Universidad, en sintonía con los discursos neoliberales de "mano dura". No solamente porque la suspensión de las tomas de los edificios de Rectoría y Ciencias Sociales, convenida el 29 de agosto por activistas estudiantiles y autoridades universitarias, se realizó mediante compromiso categórico de que no se tomarían represalias de ningún tipo, sino porque que la reacción de molestia de estudiantes, trabajadores y trabajadoras por la forma intempestiva en que las y los rectores pactaron el V Convenio FEES, se está transformando en una "cortina de humo" para centrar las baterías contra los supuestos revoltosos y vándalos, y no entrar a discutir a profundidad lo que en verdad pactó CONARE y las graves consecuencias que implica para el futuro de las universidades públicas.
Para entrar en el fondo del asunto y separar la paja del grano, a continuación esbozamos seis aspectos nefastos del pacto CONARE-Gobierno suscrito el 26 de agosto:
1. El acuerdo es bastante restrictivo desde el punto de vista financiero, pues fija el crecimiento real en un 7 % en los años 2011 y 2012, y un crecimiento de 4.5 % en los tres años subsiguientes: 2013, 2014, 2015, lo que en promedio representa un 5.5 % de crecimiento real para el quinquenio, alejándose sustantivamente de la última propuesta definida por CONARE de 11 % y más aún de la del 13 % de crecimiento real que convinieron anteriormente las y los rectores con el movimiento sindical y estudiantil. Este pacto implica un recorte considerable del crecimiento del FEES, con serias consecuencias para estudiantes y trabajadores(as). De hecho este supuesto ya se está confirmando en lo inmediato cuando la administración de la UCR ofrece al SINDEU como ajuste salarial de medio periodo, salvo el 2 % de política salarial que ya había aprobado el Consejo Universitario, apenas un 1 %, lo que revela que ya está operando el recorte en detrimento de las y los trabajadores.
2. Por otra parte el acuerdo incorpora 200 millones de dólares, provenientes de un empréstito externo, lo que implica no contar en este caso con fondos sanos provenientes del presupuesto nacional, sino someterse a la dependencia de los organismos financieros internacionales y sus condicionamientos, endeudar mas al país, factura que a la larga pagaran los sectores populares.
3. Una vez firmado el acuerdo, es aún más grave que al día siguiente, el Ministro de Hacienda Fernando Herrero, manifestó públicamente que el incremento en 2 puntos porcentuales en los años 2011 y 2012, se hará a costa de cercenar el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, lo que afecta sensiblemente al sistema educativo de primaria y secundaria y atenta contra la defensa de conjunto de la educación pública. Jamás debe aceptarse que se deteriore la educación a nivel de primaria y secundaria, para financiar la educación superior pública.
4. Contra las propias declaraciones de las y los rectores el día anterior a la firma del acuerdo, CONARE acepta que se sujete el financiamiento universitario a la recaudación fiscal, lo que las somete por ende a la aprobación del paquete de impuestos que se descargará sobre las espaldas de los sectores populares, lo que no es digno de universidades públicas que se supone deben estar comprometidas con los derechos del pueblo. Lo peor de todo es que de esa forma CONARE da un espaldarazo político al Gobierno, al avalar el paquetazo de impuestos, a cambio del espejismo de que, de ser aprobado dicho paquete por una Asamblea Legislativa tanimpredecible como esta y de producirse un crecimiento sustantivo de la economía (lo que está "en la cola de un venado"), se le aplicaría eventualmente a las universidades públicas un 1.5 % del PIB durante el 2013, 2014 y 2015, o sea, este aval político se da en realidad a cambio de nada, o digamos al menos, a cambio de una posibilidad muy pero muy remota.
5. Las y los rectores pactaron además que solo las carreras acreditadas por SINAES, en sintonía con las disposiciones del Banco Mundial y la UNESCO en la materia, elevarán los cupos. Este mecanismo es siniestro, porque implicara la promoción de determinadas carreras, en detrimento de otras o incluso llevando a algunas de ellas a su extinción. Sabemos a ciencia cierta que, a través de este mecanismo, se presionara para hacer crecer las carreras tecnocráticas y rentables al empresariado, en contra de áreas como ciencias sociales, letras o bellas artes
6. Para rematar el acuerdo suscrito por las y los rectores acepta que el régimen laboral se sujete a criterios de "productividad" en concordancia con el modelo neoliberal, lo que es de prever llevara a aplicar instrumentos punitivos como el manual de evaluación del desempeño que está en curso en la UCR.
En síntesis, más allá de colones más o colones menos, más allá de los meros números, lo cierto es que CONARE con esta pésima negociación ha puesto en entredicho la autonomía universitaria y al ceder al chantaje del Gobierno, ha abierto la puerta al modelo neoliberal de Universidad, y mientras tanto la rectoría anuncia sanciones contra la disidencia. ¿Es esto "lucem aspicio"?
* Sociólogo y directivo del SINDEU
Fuente Diario Digital El País
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