Comunidad demandará penalmente a Del Monte por daños ambientales

La transnacional frutera Del Monte, será acusada penalmente por el delito de contaminación de aguas en la comunidad de Milano, en el la región Caribe de Costa Rica.

La Junta Directiva del Acueducto Rural de la comunidad de Milano, ubicada en el can-tón de Siquirres, provincia de Limón, anunció en rueda de prensa que hará la gestión ante los tribunales de justicia con el respaldo del Frente Nacional de Sectores Afecta-dos por la Producción Piñera (FRENASAPP).

El cultivo de la piña en el país ha crecido exponencialmente en los últimos años, y ac-tualmente hay más de 54 mil hectáreas dedicadas a este cultivo en las zonas Sur, Atlántica y Norte, y se encuentra en proceso de expansión en áreas del Pacífico Norte y Central.

Comunidades de todas esas regiones han venido planteando denuncias de todo tipo, debido a los problemas ambientales y sociales que ocasiona la actividad.

En el caso de la Zona Caribe, unas 6 mil personas de las comunidades de Milano, Lui-siana, La Francia y El Cairo, de Siquirres, desde hace más de tres años han tenido que consumir agua transportada por camiones cisterna costeados por Acueductos y Alcantarillados (AyA) con recursos públicos, debido a que los análisis confirmaron la presencia de agroquímicos tóxicos usados en las piñeras en las aguas de las cañerías domésticas.

Según datos oficiales del propio AyA, la provisión de este líquido por medio de cister-nas ha implicado un costo de más de 316 millones de colones en estos tres años.

El AyA anunció recientemente que dejará de facilitar el agua por esta vía debido a que, supuestamente, sus estudios mostraron que ya no hay residuos tóxicos en el agua.

Sin embargo, las comunidades se resisten a volver a consumir agua de sus cañerías debido a que los estudios de aguas realizados por el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional, siguen confirmando que las aguas todavía están contaminadas.


EMPLAZAMIENTO

Representantes de las comunidades y de organizaciones sociales, agrupadas en el FRENASAPP exigen a las autoridades de los ministerios de Salud, Ambiente, Agricul-tura y Ganadería, así como al AyA, que cumplan con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional en la resolución número 2009-009040, del 29 mayo del 2009, don-de se les obligó a que: “de forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eli-minación de residuos de plaguicidas de las fuentes de agua que abastecen a las co-munidades amparadas de El Cairo, Luisiana y La Francia”.

Más allá del cumplimiento de esta resolución, las comunidades exigen al Gobierno y a estas instituciones públicas, y en especial a la ministra de Salud, María Luisa Ávila, que garanticen el derecho humano a un ambiente sano y el derecho humano a la sa-lud, como les corresponde por mandato constitucional, y a que dejen de privilegiar los intereses económicos de las empresas por sobre sus obligaciones y por encima de la calidad de vida de las comunidades.


LUCHA SOCIAL

Además de las consideraciones anteriores, el FRENASAPP denunció también el re-crudecimiento de la “criminalización de la lucha social” en el país, tal y como se ha puesto de manifiesto con las últimas acciones de las autoridades policiales, en diferen-tes escenarios nacionales.

En particular, denuncian el hecho de que varias empresas piñeras hayan utilizado la vía judicial contra Erlinda Quesada y Carlos Arguedas, líderes comunales de la Zona Caribe, que enfrentan demandas penales interpuestas por la supuesta comisión de de-litos —todos ellos inventados—, los cuales, además de ser calumniosos, constituyen vías para amedrentar e intimidar a las y los líderes comunitarios que, de manera va-liente y enérgica, han emprendido luchas en pro de la defensa de sus derechos.

El FRENASAPP anunció que continuará dando la lucha por asegurar el respeto de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la problemática piñera en el pa-ís.

Tras la rueda de prensa, ofrecida en la Asamblea Legislativa, el legislador del Partido Frente Amplio, José María Villalta, denunció la falta de interés de las autoridades sani-tarias de Costa Rica, principalmente de la ministra de salud, María Luís Ávila, para que solucionen los problemas de contaminación que atentan contra la vida de personas y el ambiente.

Villalta aseguró que no se opone al desarrollo de ese tipo de monocultivos, pero de-mandó que se realicen de manera sostenible, amigable con el ambiente, y pidió al Mi-nisterio de Salud y al AyA solucionar definitivamente los problemas de los acueductos contaminados.

El legislador denunció también la criminalización de la protesta social y dio a conocer al plenario el caso del dirigente sindical y ambientalista, Carlos Arguedas, quien ha si-do acusado penalmente por una empresa productora de piña por hacer las respectivas denuncias de contaminación con agroquímicos, por esas fruteras.

Arguedas ha denunciado en diversos medios de comunicación, tanto en Costa Rica como en otros países, los males que causan las piñeras a la salud de los trabajadores y de comunidades aledañas a las plantaciones como el envenenamiento de las aguas de consumo humano.


MÁS PIÑA

Por otra parte, el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), tramita un caso contra la empresa piñera Tico Verde, denunciada por la Municipalidad de Guácimo, Limón, por supuesta contaminación ambiental, contaminación de aguas y destrucción de caminos.

Como parte de la acción resarcitoria el Estado pide a la empresa pagar 116 millones de colones según la valoración económica del daño ambiental.

Tico Verde es una de las más de 20 piñeras que se encuentran denunciadas ante el Tribunal Ambiental, principalmente por invasión de zonas de protección de ríos y que-bradas, afectación de nacientes y supuesta contaminación de aguas.

El caso de Tico Verde data del año 2006 y el Tribunal impuso una medida cautelar a la empresa para que delimitara y se retirara de las zonas de protección de una quebrada tributaria del río Guacimito y de las nacientes que fueran identificadas.

En el expediente administrativo constan mapas que ubican áreas de cultivo de Tico Verde sobre el estudio de Áreas de Recarga Acuífera para el plan regulador de Poco-cí.

Por eso, una de las principales imputaciones a la empresa es la violación de áreas de protección mediante cultivos, infraestructura y canales. Otro de los hechos que se im-putan a Tico Verde es la violación a la Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, pues “supuestamente se ha provocado en la finca de la denunciada un proceso erosi-vo acelerado del recurso del suelo debido a la siembra de piña en terrenos de fuerte pendiente así como también en las áreas preparadas para la siembra de la piña, no existiendo ninguna práctica de manejo y conservación del suelo”.

En el expediente también se contempla un estudio hidrogeológico solicitado por SE-TENA y un estudio sobre el uso y presencia del químico Bromacil en las plantaciones de piña de la empresa Agroindustrial Tico Verde S.A.


Fuente Nuestro País

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