Ley de privatización del ICE, debilita a la ARESEP

Leyes del ICE debilitan rectoría de Aresep en el marco de la apertura

Krissia Morris Gray
kmorris@prensalibre.co.cr

Las iniciativas de ley que se tramitan en la Asamblea Legislativa tendientes al fortalecimiento y modernización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en vez de robustecer debilitan la rectoría regulatoria de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de cara a la apertura del mercado de las telecomunicaciones, contemplado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Costa Rica y Estados Unidos.

Esto por cuanto, tanto el proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y el proyecto de Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones excluyen a la Aresep en materia de otorgamiento de concesiones de las frecuencias del espectro radioeléctrico, y la instancia carecerá de la potestad de aprobar autorizaciones de fusiones y alianzas estratégicas -llamadas también concentraciones- además no le corresponderá el otorgamiento de ciertos títulos habitantes adicionales a las concesiones (autorizaciones y permisos).

Dentro del proceso de operador de la apertura de telecomunicaciones se prevé que el regulador sea un órgano multisectorial pero para ello, según la Aresep, se necesita que la instancia cuente con las dos potestades principales: otorgamiento de concesiones y la autorización de las concesiones.

Estas son algunas de las conclusiones emitidas en la publicación efectuada por diversos equipos técnicos de la Aresep y que se encuentran contenidas en el documento titulado “Hacia un nuevo marco regulatorio en el sector de las telecomunicaciones de Costa Rica: opciones y riesgos a considerar”.

“Si el órgano regulador multisectorial llegara a carecer de algunas de esas potestades, su capacidad de regulación quedaría muy debilitada.

“Por esa vía se estaría optando por un esquema de regulación débil, que se apartaría de las mejores prácticas internacionales en el campo de la regulación. Estas prácticas, conviene agregar, ya se han convertido en la tendencia predominante en el mundo”, apunta un estudio de la Aresep.

De acuerdo con los proyectos de ley en cuestión, el otorgamiento de las concesiones quedan en manos del Poder Ejecutivo; la facultad de autorizar las fusiones y alianzas estratégicas quedará en manos de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

Para la Aresep, el asignarle al Poder Ejecutivo la función de otorgamiento de concesiones de frecuencia del espectro radioeléctrico no contribuye al ejercicio de la función de rectoría política.

“El hecho de que el Presidente de la República y el Ministro Rector del sector sean quienes tengan que decidir en última instancia sobre la selección de los concesionarios, les pone a ellos en una situación de considerable e innecesaria vulnerabilidad ante acusaciones de influencia política indebida (o incluso de corrupción político). (...) Hay que tener presente que en el sector de telecomunicaciones, las concesiones de operación y explotación de redes públicas a menudo involucran contratos cuantiosos, para cuyo otorgamiento suelen concursar empresas privadas grandes y poderosas en el ámbito internacional”, añade informe de la Aresep.

Efectos contraproducentes

Según la entidad reguladora, dentro del modelo de regulador multisectorial las decisiones orientadas a regular la entrada y salida de los agentes económicos son propias de la junta directiva de la Aresep, pero de aprobarse los proyectos de ley, tal y como están, se puede perder la posibilidad de ampliar a otros sectores regulados el ámbito sobre el cual se tienen que establecer las reglas aplicables a varios sectores.

Al mismo tiempo, habría un riesgo de “captura” del órgano regulador por parte de los operadores y las autoridades gubernamentales y se dificultará la aplicación de las normas regulatorias homogéneas en los distintos sectores.

“Con el tratamiento propuesto a las concesiones y las concentraciones por los proyectos de ley, se generarían efectos contraproducentes sobre el ejercicio de las funciones de rectoría, regulación y provisión de servicios. Ello trae como consecuencia que en el contenido de los proyectos esté presente una seria contradicción conceptual en materia de diseño organizacional. Por una parte, se define un esquema institucional general coherente y moderno que resulta muy adecuado para que el Estado costarricense asuma con éxito los retos del desarrollo del sector de telecomunicaciones en un contexto de apertura. Por otra, los proyectos tienen elementos específicos que tienden a debilitar y deteriorar, de manera considerable, la operación de ese esquema institucional”, se indica en el documento.

LA PRENSA LIBRE trató de entrevistar al regulador general, Fernando Herrero, sobre el tema, pero a través de la oficina de prensa dijo que no se referiría al mismo.

*El énfasis en nuestro

Fuente: La prensa Libre

ICE irá a paro el 26 de noviembre

¨Para ese día, según comentó Arguedas, se efectuará una concentración en las afueras del edificio central del ICE para posteriormente marchar a la Asamblea Legislativa donde externarán su malestar.

Según comentó Arguedas, los proyectos de la agenda de implementación, de aprobarse dañarían de manera importante al ICE.¨

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