Apertura en telecomunicaciones desmantela modelo solidario del ICE

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Aprobada apertura de telecomunicaciones que desmantela modelo solidario del ICE


¨Liberación Nacional con el apoyo del PUSC dio punto final en el Congreso a la discusión del proyecto que garantiza la apertura del mercado de las telecomunicaciones a las empresas transnacionales y el proyecto denominado "fortalecimiento del ICE."


Aquí dejo extractos de la noticia tomada del Informa-tico del 25/6/07



La tónica en las respectivas comisiones legislativas que tramitaron los proyectos fue la misma: los diputados de oposición -PAC y Frente Amplio- argumentando sus objeciones y advirtiendo sobre el impacto sobre el modelo solidario del Estado costarricense; mientras que los legisladores oficialistas guardaron silencio para acortar el trámite de ambos expedientes, que recibieron su votación el jueves pasado a las 12 de la noche.

Sólo el Movimiento Libertario se despegó al final del bloque oficial y votó en contra del proyecto de apertura de las telecomunicaciones, pero sus argumentos son que el proyecto no garantiza la apertura completa de acuerdo a los principios ideológicos de esta agrupación. "Es una apertura de mentirillas, crea más burocracia y politiza al sector", argumentó el diputado Carlos Gutiérrez en la comisión.

El diputado José Merino, del Frente Amplio, denunció por su parte que el proyecto de "Ley General de Telecomunicaciones" elimina el modelo solidario del ICE, que permite subsidiar al 84% de los usuarios residenciales. (...)


Peor que el Combo

Sin embargo, los diputados del Partido Acción Ciudadana y el Frente Amplio advirtieron que los proyectos tal y como fueron aprobados aniquilan los servicios al costo que brinda el ICE y ponen en riesgo el acceso a las telecomunicaciones para las personas de menores ingresos.

El diputado del PAC Rafael Madrigal señaló que "la apertura de las telecomunicaciones elevará las tarifas, mientras que las ganancias ya no serán reinvertidas en el país, sino que quedarían en manos de las transnacionales".

Esta iniciativa legal le prohíbe al ICE hacer subsidios cruzados, como ocurre actualmente, para orientar sus excedentes a sectores más pobres, estratégicos o áreas rurales alejadas, enfatizó el PAC.


El diputado Merino explicó que el artículo 60 del proyecto prohíbe el establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes y servicios ofrecidos por un operador o proveedor. "Precisamente, son los subsidios cruzados los que nos han permitido garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad plasmado en nuestra Constitución en los artículos 50 y 74".

"Están impactando a más del 84% de los usurarios de los servicios de telecomunicaciones residenciales", enfatizó el diputado del Frente Amplio.

La oposición cuestionó la contribución que se establece a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), el proyecto dispone que no podrá ser menor al 2% ni superior a un 4% de los ingresos brutos obtenidos directamente. Esta contribución podría ser hasta 4,5 veces menos de lo que hoy invierte el país para subsidiar el servicio universal, que es de un 9%.


Telecomunicaciones para quien pueda pagarlas

El legislador Rafael Madrigal del PAC criticó que los proyectos evaden definir las telecomunicaciones como un servicio universal, además objetó que abren la puerta a la politización de la administración de las concesiones del espectro radioeléctrico.

En un comunicado el partido Frente Amplio explicó que con la eventual aprobación del proyecto de apertura del mercado de las telecomunicaciones se pone punto final al principio de universalidad del servicio de las telecomunicaciones, factor que hasta ahora a permitido a los costarricenses un índice de desarrollo humano superior al de América Latina.

"Los servicios de telecomunicaciones en nuestro país se basan en el principio del servicio universal, pero el proyecto de ley cambia este concepto por "acceso universal", definido como el derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general de uso colectivo a costo asequible, y a una distancia razonable respecto a los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica".

"Como podemos ver con este cambio, se varía totalmente el concepto de servicio universal, pues solo se garantizará el acceso universal, de manera colectiva, o sea, poniendo a disposición de una comunidad determinada un teléfono público", advirtió el Frente Amplio en un comunicado.

Los legisladores del Partido Acción Ciudadana y Frente Amplio fueron persistentes en señalar las inconveniencias del proyecto pero los criterios no fueron atendidos por el oficialismo. El Frente Amplio advirtió que existieron irregularidades en el trámite, quedaron 179 mociones pendientes de discusión e insisten que tampoco se respetó el espacio para el debate del proyecto de ley por el fondo.




Principales objeciones al Proyecto de apertura del mercado de las telecomunicaciones.


1. Telecomunicaciones como mercancía y no como herramienta de desarrollo:

No se considera la prestación de las telecomunicaciones como un "servicio público", sino como un "servicio disponible al público". La implicación legal de lo anterior es que del concepto de ciudadanos con derecho a las telecomunicaciones como herramienta para el desarrollo se pasa al concepto de consumidores con derechos, sólo si tienen la suficiente capacidad de pago.

2. Prohibición al ICE de hacer subsidios cruzados.

Se le prohíbe al ICE hacer subsidios cruzados, es decir, orientar sus ganancias solidariamente a favor de los sectores más vulnerables o estratégicos. Es un ejemplo de cómo se ignoran los principios fundamentales de solidaridad y universalidad (acceso a todos) del servicio. En el caso de la telefonía fija el 84% de los usuarios (más de un 1.100.000 de viviendas) actualmente pagan menos del costo.)

3. Aumento en tarifas y pérdida de servicio.

Según estimaciones técnicas (Ing. Gerardo Fumero tomado de Doyle Gallegos), la apertura provocaría un aumento de tarifa de hasta un 300%, lo que obligaría a aproximadamente 200 mil costarricenses a dejar el servicio de telefonía.

4. Irracionalidad de la apertura.

Los precios, la cobertura y en general el servicio del ICE -por más que han querido desprestigiarlo- es uno de los mejores de América Latina y el mundo. De ahí que la única explicación para la apertura sea el interés por adueñarse del mercado de las telecomunicaciones por parte de particulares.

5. Politización y renuncia a los criterios técnicos.

A contrapelo de las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP, será un Concejo nombrado por el Poder Ejecutivo (el Presidente) el encargado de administrar y dar las concesiones del espectro radioeléctrico. Este modelo es inconveniente pues abre grandes posibilidades para el tráfico de influencias políticas y a la corrupción.

6. FONATEL Caja Chica

El (Fondo Nacional de Telecomunicaciones) no se establece para garantizar el acceso a los servicios para los usuarios de bajos ingresos. Es más bien una caja chica para los empresarios.

7. El ICE pierde las frecuencias del espectro radioeléctrico.

El proyecto de ley no se refiere a las concesiones del ICE otorgadas al ICE en su Ley de creación, que le autoriza a brindar los servicios de telecomunicaciones mediante una concesión de pleno derecho por tiempo indefinido; pero sí establece que las concesiones del espectro serán por 15 años prorrogables hasta los 25 años. Por otra parte, en el transitorio III se obliga al ICE y a RACSA a levantar una lista de todas las frecuencias que le han sido asignadas e indicar cuáles no está explotando; y de seguido autoriza al Poder Ejecutivo para que les solicite que devuelvan las frecuencias para que sean reasignadas a operadores privados.

Privilegios para inversionistas privados

El dictamen incluye como objetivo de la ley que no se fomente el establecimiento de tributos (artículo 2), con lo que se pretende que las inversiones en el sector de telecomunicaciones no se graven, lo cual es inconstitucional al dejar de lado la potestad tributaria del Estado, establecida en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, y por supuesto, el deber consagrado en el artículo 18 de contribuir con los gastos del Estado.






*La negrita es nuestra


Fuente :Informa- Tico



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