Defensoría pide aclarar si el TLC es inconstitucional

En esta nota vemos como la Defensoría de los Habitantes, le pide a la Sala Constitucional, que se pronuncie sobre las posibles violaciones a la Constitución Política de Costa Rica que se encuentran en el TLC

Porque no podemos legitimar por medio del voto ciudadano algo que es inconstitucional. Y no podemos votar algo que en su fondo irrespete la esencia de nuestra Carta Magna.

• Ayer presentaron consulta ante Magistrados de la Sala IV:

DEFENSORÍA PIDE ACLARAR SI TLC ES INCONSTITUCIONAL

Gerardo Ruiz Ramón
gruiz@diarioextra.com

La Defensoría de los Habitantes presentó ayer ante los magistrados de la Sala Constitucional una consulta de constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

La acción pretende que los jueces que integran ese tribunal definan si algunos de los contenidos del texto del acuerdo comercial chocan con la Carta Magna.

Lisbeth Quesada, defensora de los Habitantes, informó que en la consulta piden que se revisen puntos del TLC relativos al arbitraje de conflictos con empresas transnacionales, a los derechos laborales de los costarricenses, al derecho a la salud, además de las normas que protegerán los derechos de propiedad intelectual de las empresas y lo que la Defensoría considera la omisión de una reserva para proteger a los sectores de la población socialmente vulnerables.

PARACAÍDAS

La Defensoría considera que el pronunciamiento de la Sala IV sobre la constitucionalidad del TLC será un paracaídas para asegurar la solidez del resultado del referendo, mediante el cual será la ciudadanía la que decida con su voto si el tratado se aprueba o se rechaza.

“Es vital para la credibilidad del sistema democrático que cuando vayamos a ese referendo, sepamos exactamente si el TLC tiene o no vicios de inconstitucionalidad”, enfatizó Lisbeth Quesada.

La Defensora dijo que si el pueblo decide aprobar el TLC y éste resultara ser inconstitucional, se perjudicaría la figura de la consulta popular.

Quesada enfatizó en que el país no puede darse el lujo de invertir ¢1.500 millones para organizar un referendo que podría resultar nulo si el tratado contiene inconstitucionalidades.

“Los costarricenses deben tener la certeza de lo que van a votar. El país espera claridad y transparencia para realizar el ejercicio democrático del referendo. La consulta a la Sala IV es oportuna en estas circunstancias”, declaró.

El Defensor Adjunto Daniel Soley especificó que la Ley de la Jurisdicción Constitucional faculta a la Defensoría a solicitar la consulta de constitucionalidad para proyectos que considera podrían afectar los derechos de la colectividad.

“La Constitución dice que todo tratado internacional debe ser consultado por obligación. Ni el Poder Legislativo ni el Tribunal Supremo de Elecciones han realizado ese trámite, estamos ante la inquietud de que este esfuerzo nacional pueda venirse abajo por no contar con la consulta que es una disposición constitucional”, afirmó.

Ahora le tocará resolver a la Sala Constitucional si acepta o no la consulta del TLC presentada por la Defensoría.

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