Por Bosques Nuestros (*)
El martes 2 de noviembre del 2010 a las 8 a.m. en los Tribunales de Goicoechea se celebrará una vista sobre el expediente penal Nº 10-000078-611-PE
El Proyecto Turístico Residencial Mar Serena (Cabo Velas, Santa Cruz, Guanacaste) que impulsa la empresa Playa Pelicano Holdings S.R.L. es un negocio que ha movilizado mucho dinero y poder. Los empresarios eligieron para su emplazamiento un lugar paradisiaco en la costa santacruceña, en las inmediaciones de las playas Nombre de Jesús y Zapotillal (playa Minas). Adquirieron 256 hectáreas en terrenos privados (hoy registrados a nombre de Banco Improsa S.A.), y además, en 1998, se apropiaron de 22 hectáreas en la zona marítimo terrestre por medio de once concesiones. En aquel entonces, las once empresas concesionarias tenían como secretaria y agente residente, a Viviana Martín Salazar (actual jefa de fracción de Liberación Nacional y ex integrante del gabinete Arias Sánchez), y como presidente, a su hermano Álvaro Martín Salazar, quien ha ocupado puestos directivos en diversos entes públicos y privados, tales como ICT, CIMAT, CODESA, CINDE, INS y LACSA, entre otros.
Paradójicamente, las bellezas naturales de este sitio maravilloso se convirtieron en la causa de su desgracia, pues hoy este millonario proyecto privado constituye una seria amenaza contra la integridad del acuífero, las dos lagunas, varias quebradas, manglares y aproximadamente 280 hectáreas de bosque seco tropical costero. Desde un principio, los empresarios han tenido la fortuna de contar con el apoyo de profesionales privados y funcionarios públicos dispuestos a certificar que el bosque no es bosque y a despejarles el camino. De nada sirvieron todas las denuncias presentadas por varias personas en la Sala Constitucional, la Contraloría, la Procuraduría, el Ministerio Público, el Ministerio del Ambiente, el Área de Conservación Tempisque, la Setena, el Tribunal Ambiental, la Municipalidad de Santa Cruz… Finalmente, hoy somos testigos de un ecocidio anunciado.
Este proyecto es una cadena de irregularidades con muchas ramificaciones y actores. Antes de clasificar el uso de la tierra, elaborar el estudio de impacto ambiental y obtener los permisos, ya estaba listo el diseño del proyecto turístico residencial y se vendía por internet en $510 millones. Dicho en buen tico: pusieron la carreta delante de los bueyes. Además del atractivo campo de golf de 75 hectáreas diseñado por Gary Player, se ofrecía un ‘community resort’ de lujo con un plan maestro que incluía dos hoteles cinco estrellas, spas de clase mundial, 270 lotes residenciales y 600 villas. La Sala Constitucional lo supo a tiempo y en el 2007 calificó de “administración de papel”, insuficiente, inoportuna e ineficaz al Ministerio del Ambiente y a la Municipalidad de Santa Cruz. (Resolución Nº 2007-15850 del 31/10/2007)
En la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) la viabilidad ambiental se aprobó apresuradamente, sin haberse resuelto las objeciones presentadas en tiempo y forma, y sin haberse conocido la información hidrogeológica solicitada por el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). Hasta la fecha, la empresa Playa Pelicano Holdings S.R.L. no ha entregado la información requerida por Senara; sin embrago, ya han sido eliminadas decenas de hectáreas de bosque y se han efectuado movimientos de tierra sobre el sitio del acuífero. Casualmente, la profesional contratada por la empresa para realizar los estudios requeridos es la hidrogeóloga Sandra Arredondo, quien se ha dado conocer por su participación en polémicos proyectos tales como la autopista a Caldera, el acueducto de Sardinal y la mina en Las Crucitas.
También trascendió públicamente que en el 2008, Sonia Espinoza, hoy ex Secretaria General de Setena (la misma que tuvo que ser llevada por la policía a declarar en el juicio sobre el proyecto minero en Crucitas), cometió acoso laboral contra la Ing. Adelaida Acevedo, presionándola para que en cuestión de horas tuviera listo un informe sobre un anexo de 300 páginas porque “si esto no está revisado para el jueves, los inversionistas se van”. Espinoza se rehusó a darle la orden por escrito a la Ing. Acevedo, quien en un ejemplo de integridad moral y ética profesional, elevó la queja a la Plenaria de Setena y les solicitó que asignen el caso de Mar Serena a otra persona.
Los dos caminos que dan acceso a playas Nombre de Jesús y Zapotillal también han sido objeto de controversias. La empresa los cerró y colocó en playa Zapotillal rótulos con la leyenda “propiedad privada – prohibido el paso”. Al ser consultada por la Sala Constitucional en el 2007, la Municipalidad de Santa Cruz respondió que “son calles públicas, según consta en la hoja cartográfica Matapalo y en la lámina del Plan Regulador Costero de dichas playas”. Para nuestra sorpresa, poco tiempo después la Procuraduría dictaminó que los dos caminos son privados. Como la legislación costarricense establece que las playas deben contar con acceso público para que tengan validez los planes reguladores costeros y sus concesiones, la empresa se valió de un artificio legal: le “donó” a la Municipalidad la franja de terreno de cuatro hectáreas de bosque para que ésta construya ahí los caminos públicos del proyecto. Y todo ocurrió en un santiamén.
En los primeros días del mes de abril del 2010, una parte de los terrenos privados donde se desarrollaría el proyecto fueron segregados y donados a la Municipalidad de Santa Cruz para destinarlos a los caminos públicos que sirvieran de acceso a las concesiones. El día 8 de abril se inscribió ante el Registro Nacional la finca del partido de Guanacaste matrícula 172415-000 a nombre de la Municipalidad de Santa Cruz. El 21 de abril la Municipalidad presentó a la oficina regional del Área de Conservación Tempisque (ACT) una solicitud de permiso para la corta y aprovechamiento de 987 árboles de varias especies en dicha finca. El 4 de mayo los funcionarios del ACT realizaron una visita de inspección al sitio y el 17 de mayo la Oficina Sub Regional de Santa Cruz aprobó el permiso para la corta y aprovechamiento. En resumen, en cuestión de un mes y medio, el terreno se segregó, se donó y se inscribió, y se tramitó el permiso para talar casi 1000 árboles en 4 hectáreas. Esta impresionante eficiencia burocrática contrasta con la actuación de las autoridades cuando en abril del 2008 denunciamos la eliminación del estrato bajo del bosque: en dicha ocasión los funcionarios del ACT duraron 27 meses en ir a hacer la inspección. Obviamente, más de dos años después concluyeron que todo estaba en regla, desestimaron la denuncia y le dieron luz verde a la tala del bosque.
Por si fuera poco, los funcionarios del ACT justificaron el cambio de uso de los suelos en las áreas de bosque aduciendo que la construcción de los caminos del proyecto Mar Serena es… ¡de conveniencia nacional! Esto podrá estar muy a tono con la era Arias - Chinchilla, pero carece de fundamento, pues no existe justificación alguna, técnica y legal, que declare de conveniencia nacional el cambio de uso en estas áreas de bosque. Cabe preguntarnos además: Si ya existía una antigua red de caminos que daba acceso a las playas Nombre de Jesús y Zapotillal, ¿qué necesidad había de eliminar parte del bosque para construir más caminos?
El bosque constituye un elemento clave en este caso. Desde un inicio, para implantar su proyecto, la empresa ha negado la presencia del bosque y ha hecho lo imposible para reducirlo a su mínima expresión y borrarlo del mapa, porque en Costa Rica, la ley prohíbe el cambio de uso de los suelos en terrenos privados cubiertos de bosque. Pero el bosque resiste y se regenera vigorosamente, porque es uno con el acuífero: el acuífero sustenta al bosque y el bosque sustenta al acuífero. Y bosque y acuífero son a su vez uno con las quebradas, con las lagunas y los manglares, con los sitios de anidación de las tortugas marinas y las áreas de reposo de las aves migratorias. Quítese el bosque o quítese el acuífero, y todo el sistema se destruye. El meollo del problema es que para poder construir el proyecto Mar Serena, es necesario destruir el bosque; de tal manera que la empresa lo está haciendo en dos vías: talándolo en el terreno y negándolo en el papel.
El proyecto tenía ya meses de haber sido diseñado y se vendía por internet en el 2007, cuando la empresa contrató a DEHC Ingenieros Consultores para cumplir con el requisito del estudio de impacto ambiental. Un equipo de profesionales, encabezado por el ingeniero forestal Igor Zúñiga, elaboró el “Plan de manejo de la cobertura vegetal del proyecto Mar Serena” y como por arte de magia, determinó que en las áreas donde se iba a construir el proyecto, el bosque no era bosque, sino “matorrales y pastizales arbolados”. Este falso “plan de manejo” fue técnicamente rebatido por los ingenieros forestales Edwin Alpízar Vaglio y Quírico Jiménez Madrigal; pero aunque sus informes fueron aportados oportunamente a los expedientes administrativos, nunca se tomaron en cuenta.
La presencia del bosque pudo ser confirmada después por el propio Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). En atención a la denuncia por cambio de uso tramitada en el expediente Nº 241-07-01-TAA, el 5 de mayo del 2008 personeros de este Tribunal realizaron una barrida ambiental. En esa ocasión sorprendieron a una cuadrilla dirigida por el ingeniero forestal Fernando Rojas Conejo, talando y chapeando en áreas de bosque y decomisaron una motosierra. El 12 de noviembre del 2009, el TAA realizó una nueva inspección con técnicos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que levantaron parcelas de muestreo y concluyeron que “De conformidad con los datos del muestreo realizado en el sitio indicado por el Tribunal Ambiental el área cumple con las variables para ser clasificada como bosque según el Artículo 3, inciso d de la Ley Forestal 7575”.
No obstante, técnicos del ACT realizaron una nueva inspección el 22 de julio del 2010 y una vez más, negaron en el papel la presencia del bosque, valiéndose de una interpretación errónea de la definición de bosque de la Ley Forestal (según su criterio personal, el dosel del bosque lo conforman únicamente las copas de los árboles maduros; y además ellos, de manera arbitraria, deciden cuáles árboles son maduros y cuáles no lo son).
Cualquier coincidencia con otros casos más sonados tales como Crucitas, Caldera, Sardinal… no es casualidad. Los hechos constatados permiten pensar que en Costa Rica existen intereses económicos ligados al poder político que está minando el ambiente de Costa Rica y que muchos de los que se dicen defensores de los intereses del país, son en realidad embusteros de mala fe.
Pese a todos los inconvenientes, hoy se prende una luz de esperanza gracias a una nueva denuncia penal que se ventila en los Tribunales. Lamentablemente, para llegar a este punto tuvieron que destruirse decenas de hectáreas del maravilloso ecosistema costero que tratamos de defender (ver fotos abajo). Esperamos que esta vez las autoridades actúen con firmeza y honestidad, pero sobre todo, con sabiduría y justicia.
(*) Organización Ambientalista
bosquesnuestros@gmail.com
Fuente: Diario Digital El País
Foto: Playa Zapotillal cortesía de Bosques Nuestros.
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