Lorna Chacón & Vinicio Chacón, redactores
La viceministra de Obras Públicas y Transportes y futura ministra de Justicia, Viviana Martín, dijo a UNIVERSIDAD que ella tiene "mil defectos menos la falta de rectitud", y afirma no tener vinculación con el Proyecto Condominio Turístico Residencial Mar Serena, donde sí participa su hermano, Álvaro Martín.
La funcionaria dijo telefónicamente que "desde 1997 no tengo ninguna relación con esas sociedades", en alusión a las 11 sociedades anónimas que recibieron en 1998 concesiones para explotar la zona marítimo terrestre en 255 hectáreas en Playa Nombre de Jesús y Playa Zapotillal, otorgadas por la Municipalidad de Santa Cruz.
Las sociedades fueron creadas en 1997 por Viviana Martín, como profesional liberal en derecho, y en todas aparece ella como secretaria y como agente residente, mientras que su hermano figura como presidente.
La Viceministra aseguró que una vez constituidas dichas sociedades, cuando éstas pasaron a manos de otras personas, ella endosó las acciones a los nuevos dueños, por lo cual dejó de tener relación con estas empresas.
La funcionaria hizo llegar a la redacción de este Semanario una serie de documentos, entre ellos una certificación notarial suscrita por Carolina Segnini Rodríguez y fechada el 20 de julio del 2007, según la cual, con vista en los libros de registro de accionistas, para esa fecha Viviana Martín "no aparece como accionista en ninguna de las sociedades mencionadas".
Además, la funcionaria adjuntó una carta dirigida al codirector de Telenoticias de Canal 7, Ignacio Santos, y al periodista de ese telenoticiario, Greivin Moya, con fecha 10 de abril del 2008, en la cual aclara que ella no está vinculada con las sociedades.
Según versión de la propia funcionaria, Canal 7 estuvo investigando el caso, pero finalmente decidió no difundir ninguna información al respecto.
En esa misiva, Viviana Martín asegura a los periodistas que "nunca he tenido ninguna relación con concesiones de nadie, nunca he visitado las fincas en cuestión ni conozco el lugar exacto de ellas porque el seguimiento que estas sociedades tuvieron, ni lo conozco ni lo tenía que conocer al estar yo completamente desligada y sin ningún interés".
La viceministra agregó que "nunca he realizado ningún trámite de concesiones ante la Municipalidad de Santa Cruz ni la he visitado al igual que nunca he ido al ICT a presentar solicitudes por estas concesiones".
Viviana Martín manifestó que "en el momento en que se solicitaron las concesiones ante la Municipalidad de Santa Cruz (1998, 2001 y 2002) yo ya no era accionista de las sociedades, precisamente porque las sociedades iniciaron su actividad comercial y ya había endosado las acciones".
"Por lo tanto, de acuerdo con las copias (adjuntadas por la funcionaria) fue Álvaro Martín quien solicitó las concesiones como apoderado de las empresas, nunca solicité concesiones para que por error, que desconocía hasta ayer, la Municipalidad pusiera mi nombre", añadió Martín en la carta dirigida a los periodistas de Canal 7.
Finalmente, Martín dijo a UNIVERSIDAD que "desde hace dos años personas (que no identificó) han querido, de una u otra forma, ver qué me buscan" posiblemente porque ella es una funcionaria que figura en los medios de comunicación.
LAS JUNTAS DE MARTÍN
El hermano de la actual Viceministra de Transportes, Álvaro Martin, es socio del Bufete Lara, López, Matamoros, Rodríguez & Tinoco desde 1980. Ese bufete fue fundado, entre otros, por el padre del exministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, quien también ha laborado allí.
UNIVERSIDAD envió una serie de consultas por escrito a Martín el pasado 3 de octubre, pero el abogado dijo que por encontrarse fuera del país, le sería imposible responder antes del cierre de edición (lunes 6), por lo cual se le dejó abierta la posibilidad de referirse al caso en la próxima edición. Ello a pesar de que en un inicio su secretaria dijo que sí le sería posible contestar.
Martín fue miembro de la comisión redactora de la Ley de Incentivos Turísticos para el ICT en 1983 y entre 1986 y 1990 integrante del Consejo de Administración de la Corporación Costarricense para el Desarrollo (CODESA).
En 1991, fue miembro de la comisión para reorganizar el sistema legal que involucra la actividad turística para el ICT y la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE); y de 1994 a 1999 miembro de la junta directiva de LACSA, adonde regresó en el 2006.
Otra Junta Directiva en la que estuvo fue la del Instituto Nacional de Seguros (INS), entre 1994 y el 2000. También estuvo en la de CINDE entre 1997 y el 2005.
Desde el 2002 y hasta el 2005 fue miembro de la junta directiva del ICT y presidente de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT).
Desde el 2006 es fiscal de la junta directiva de la Corporación BCT.
PRESIONES EN SETENA
La funcionaria de SETENA Adelaida Acevedo denunció por escrito haber recibido presiones de parte de la Secretaria General de la institución Sonia Espinoza para apurar el estudio de un anexo presentado al estudio de impacto ambiental del proyecto Mar Serena.
Tal queja tomó la forma de una carta dirigida a la Comisión Plenaria de la institución, con fecha del 29 de julio pasado. Entre otras aseveraciones, Acevedo señala que la actitud de Espinoza "en todo el proceso de análisis de este proyecto (...) ha sido de acoso laboral y presión por acelerar el proceso de revisión".
Además añade que "la única razón que me ha dado la Sra. Espinoza para acelerar la revisión es que 'si esto no está revisado para el jueves, los inversionistas se van'".
Se buscó el criterio de Espinoza, mas al cierre de edición no se contó con respuesta alguna.
Fuente Semanario Universidad
Foto la Prensa Libre
El énfasis es nuestro
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