Proyectos mineros en Talamanca

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  • Presentan estudios de impacto ambiental ilegales

Por Mauricio Álvarez Mora*

Desde el 2006 grupos indígenas han denunciado la realización de exploraciones mineras ilegales en las partes altas del río Urén en Talamanca. La participación activa y la organización de varias comunidades indígenas en el proceso de denuncia y defensa de su patrimonio natural y cultural derivaron en la detención temporal de la amenaza que significa la minería a cielo abierto para la riqueza en biodiversidad del cantón de Talamanca.

Un estudio en el registro minero realizado en el marco del proyecto Kioscos Ambientales de la UCR en el 2008, identificó la existencia de cuatro solicitudes de concesión para exploración y explotación minera en dicha región. Las concesiones se archivaron en el 2009, pero en su lugar nuevas solicitudes fueron tramitadas por varias sociedades anónimas: Grupo Sureño Rojo (concesión 187 en el cerro Sukut en Alto Urén), Grupo Sureño Seis Negro y Grupo Sureño Ocho Rojo (concesiones 201 y 202 respectivamente, ambas en el cerro Namasol, sitio sagrado en la cultura bribri). Para consolidar esas concesiones los empresarios mineros presentaron a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) los Estudios de Impacto Ambiental número 22-2009, 85-2009 y 23-2009. Mientras tanto, otra sociedad de esta saga, Grupo Sureño Nueve Blanco, mostró interés el año pasado en desarrollar la minería de oro a cielo abierto en el río Rincón de Osa, entre el Parque Nacional Corcovado y la reserva indígena Guaimí de Osa.

Las zonas de mayor interés son las partes más altas de río Urén, donde existe por lo menos una familia bribri que ha rechazado el contacto con los blancos y que nunca bajó ni a Amubri o Suretka. Justo a unos pocos metros de donde habita esta familia se denunció la construcción ilegal de un helipuerto que, según vecinos, fue utilizado para sacar “muestras de materiales” del cerro Sukut. Ambientalmente sería incalculable el impacto que estas actividades pudieran generar, pues son las áreas de recarga de los ríos que dan la vida a todo el valle de Talamanca. Estos ecosistemas y los bribris se han mantenido en armonía por cientos de años. En términos de biodiversidad, pueden ser ecosistemas ricos y desconocidos para nosotros, pero más que eso, son farmacia y pulpería para sus habitantes.

El tema de la minería no es nuevo en Talamanca. Durante el último ciclo minero en los años noventa, sus habitantes tuvieron prácticamente todo su territorio solicitado para concesiones, principalmente de oro, cobre y carbón. El pueblo bribri en distintas asambleas ha rechazado masivamente la minería en su territorio, pues la mayoría de los indígenas cree que ésta se opone a su modelo de vida, modelo cuya base es el respeto por la naturaleza que les da la vida y la cultura, y que esperan consolidar con sus reivindicaciones de autonomía y “buen vivir.”

De acuerdo con el Art. 6 de la Ley Indígena, el gobierno local indígena es propietario, junto con el Estado, de los recursos del subsuelo en los territorios mencionados. Para desarrollar la minería en los territorios indígenas son necesarias las autorizaciones de sus habitantes y de la Asamblea Legislativa mediante una ley especial, por lo que debió habérseles consultado previamente antes de tomar decisiones acerca de las iniciativas que se pretende desarrollar.

Los expedientes de minería de oro debieron ser archivados cuando se decretaron las moratorias, tanto al final del Gobierno pasado como en el actual. Dado el carácter ambiguo y limitado del decreto de moratoria del actual Gobierno, las empresas podrían explotar minería de cobre o plata, minería igual o más impactante que la de oro. Por eso resulta crucial que, más allá del decreto, se impulse un proyecto de ley para prohibir la minería metálica en Costa Rica y ser consecuentes con lo que se promete al calor electoral.

Ante esta situación, el pueblo de Talamanca y sus aliados se preparan para proteger y defender nuevamente sus recursos naturales y sus derechos comunitarios. Pues en temas ambientales se institucionalizó cada vez más la práctica de pedir perdón antes que permisos. Ahora le toca al Gobierno “defender” su moratoria de papel y explicar de qué valen los decretos en este país si nadie los cumple…

*Geógrafo, docente en Kioscos Ambientales (UCR) y facilitador de la red Oilwatch en Mesoamérica.


Fuente: Diario Extra
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