Ante un negocio multimillonario

•Grave conflicto de intereses en la SUTEL

Por José Merino del Río*

Ante la amenaza de un grave conflicto de intereses que podría suponer para el país enormes pérdidas materiales y éticas en el proceso de concesión del espectro radioeléctrico, presenté junto a varios diputados y diputadas del Partido Acción Ciudadana serias denuncias ante la Contraloría y la Procuraduría de la Ética, con pruebas a mi juicio irrebatibles a la luz de serios y nutridos fundamentos legales, doctrinales y jurisprudenciales. A la espera de lo que resuelvan en definitiva dichas instituciones, adelanto como diputado que el proceso licitatorio debería suspenderse y revisarse radicalmente, para evitar cualquier posibilidad de nuevos actos de corrupción con un bien que pertenece a la nación y a sus habitantes.

En síntesis: la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) contrató a un equipo de abogados para asesorarse en la confección del cartel de licitación, mientras la misma firma jurídica asesora a una poderosa transnacional interesada directamente en el concurso licitatorio, la empresa Digicel. Así, al elaborar el cartel que fija las reglas del juego para Digicel y cualquiera de sus posibles competidoras, la SUTEL se asesoró de los mismos letrados que han venido representando a esa transnacional, con lo que le otorga una ventaja potencial de consecuencias indeseables a uno de los potenciales oferentes.

El inconveniente acceso por parte de los abogados de Digicel a la información manejada por la SUTEL, que debería ser secreta para no otorgar ventajas indebidas a ningún oferente, afecta seriamente la legitimidad de todo el proceso licitatorio y anula cualquier confiabilidad de transparencia y rectitud, en una de las decisiones más trascendentales para el país, por los millones que están en juego y por su complejidad y futuras implicaciones en términos del derecho fundamental a la comunicación de los costarricenses y a la sana administración pública de los bienes demaniales.

El ritmo inusualmente acelerado que ha caracterizado la gestión del Consejo de la SUTEL en torno a la apertura, que de no ser por nuestra denuncias, pretendía realizar todo el proceso licitatorio en el estrechísimo plazo de tres meses, obliga a reparar con especial ahínco en el sustrato denunciatorio que nos ha obligado como representantes populares a solicitar la reivindicación de la transparencia, legalidad y ética públicas.

Haber contratado por jugosas partidas a dos firmas abogadiles, que convenientemente se autocolocaron en una doble condición de juez y parte, resulta a todas luces intolerable para los dueños del bien que se pretende concesionar, es decir, para todos los costarricenses. Y esto es así por cuanto es común a todo conflicto de intereses que la relación de confianza o conveniencia lucrativa de dos sujetos privados (vbgr. abogado-empresa) puede –y basta la posibilidad- influir negativamente en la objetividad que debe imperar en toda decisión pública.

La inconveniencia de semejante incursión de abogados empresariales en la SUTEL ha sido tácitamente reconocida con la “renuncia” de uno de los abogados implicados, quien apenas días después de nuestras denuncias dejó de formar parte de la firma en cuestión, uno de los actuales representantes de Digicel. Sorprende, sin embargo, que ese bufete comercial ensaye una débil defensa que se resume en el eufemismo de que el abogado que ellos tenían destacado en la SUTEL ya no es parte de su staff, lo cual, presumiblemente, no es más que una primera consecuencia de nuestras implicantes denuncias.

Uno de los bufetes mencionados en nuestra denuncia ante la Contraloría y la Procuraduría dice que ha asesorado en otras materias pero no en telecomunicaciones, pese a que su página web afirme aún hoy lo contrario, y que el conflicto de intereses dependa siempre más de una relación subjetiva (entre personas) que objetiva (en relación a la materia). Que ninguno de los abogados privados que viene prestando sus servicios de asesoría a la SUTEL tiene poder decisorio, sino solo recomendatorio, dicen ambos bufetes. En fin, galimatías defensivas que allanan el terreno para que la Contraloría General de la República y la Procuraduría de la Ética Pública determinen fundadamente la responsabilidad administrativa de la SUTEL al contratar abogados con vínculos notorios con Digicel, revisen seriamente si el cartel ha podido ser amañado en favorecimiento de una empresa, en claro perjuicio del erario y la ética pública.

Las leyes de apertura del ICE fueron un serio golpe al interés público y al fortalecimiento de una institución que tantos frutos le ha dado al país. Evitemos por lo menos que Costa Rica no se sume a la larga lista de países de la región que convirtieron las privatizaciones y ciertas aperturas en asaltos multimillonarios al interés público que acabaron en las cuentas corrientes de políticos y empresarios corruptos.

*Diputado, Partido Frente Amplio.


Fuente Diario Extra
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