El Diputado José Merino del Río solicitó intervenir de manera urgente la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), ante la multiplicación de denuncias sobre irregularidades en su funcionamiento, hoy 5 de junio Día Mundial del Ambiente.
El legislador del Frente Amplio hizo la petición de intervención en la Contraloría General de la República, al mismo tiempo que presentó las denuncias ante el Ministerio Público, ante la presunción del delito de tráfico de influencias, y ante la Procuraduría de la Ética.
El Diputado Merino reclama que en SETENA ha existido “intervención política de jerarcas del Gobierno, incumplimiento de obligaciones legales, debilitamiento de controles ambientales, conflictos de intereses y vinculación indebida de sus funcionarios con los titulares de actividades o proyectos sujetos a evaluación ambiental”.
El Frente Amplio pidió a la Contraloría General de la República, investigar la aprobación irregular y contraria a la ley de proyectos de gran envergadura y alto impacto ambiental, y menciona los siguientes:
-El otorgamiento irregular de viabilidad ambiental a la producción de piña de la empresa Tico Verde S.A. en Guácimo, Limón, a pesar de que en dos ocasiones previas la SETENA había declarado inviable esta actividad y había ordenado su cierre por violación de las áreas de protección del recurso hídrico y otros incumplimientos de la legislación ambiental.
-El visto bueno al megaproyecto turístico Punta Cacique, en Guanacaste, avalado por SETENA, a pesar de afectar una zona de bosque primario tropical seco de gran importancia ecológica.
-El aval de SETENA al proyecto Desarrollo Playa Hermosa, ubicado sobre un área de humedal, a pesar del criterio negativo de funcionarios del Área de Conservación Pacífico Central.
-El caso de Laguna Pochotal, donde también se aprobó un proyecto que estaría afectando un humedal y en el que, según denuncia recibida, el inversionista interesado habría “aportado” equipo para SETENA.
-El caso de megaproyecto Mar Serena, en zona marítimo terrestre de Guanacaste, en el que también existen denuncias por escrito de los funcionarios encargados de su estudio sobre presiones para su aprobación que los habrían obligado a solicitar su traslado a otra institución.
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