El caso de Sardinal, una vergüenza nacional

Por Fabio Cháves Castro


Con indignación y vergüenza, la opinión pública debe recibir la noticia de que producto de condiciones laborales indignas y propias de la época de la esclavitud, muriera un trabajador de la construcción, 343 tuvieran que recibir atención médica por intoxicación y un total de 1.500 trabajadores, (en su mayoría de origen nicaragüense), padecían de condiciones inhumanas de hacinamiento en un campamento (yo diría campo de concentración), utilizado por una firma de capital español que está construyendo un megaproyecto hotelero de 700 habitaciones en Matapalo, de Sardinal, Guanacaste.

Indignación y vergüenza de que por medio de un “accidente” de intoxicación masiva, se conozca que en Costa Rica, la Suiza centroamericana, la democracia centenaria sin ejército y la tierra del Premio Nobel de la Paz se violentan flagrantemente los derechos laborales y humanos de trabajadores, sean estos extranjeros o compatriotas.

Indignación y vergüenza de ver que en nuestra patria se comenten injusticias como poner grupos de 32 seres humanos a dormir en barracas o covachas insalubres, que no tienen las mínimas condiciones sanitarias y con ropa sucia.

Que los obligan a trabajar jornadas diarias de 16 horas o más, cuando la legislación laboral determina ocho horas. (Los mártires de Chicago se revuelcan en sus tumbas).

Indignación y vergüenza, de conocer la indiferencia de las dependencias encargas de vigilar, controlar y hacer respetar que se cumplan las condiciones socio-laborales que determinan las leyes; ¿adónde estaban el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el INS, la CCSS, el Ministerio de Salud que no actuaron con la prevención necesaria para evitar estas violaciones?...

Indignación y vergüenza ante la reacción indiferente y el silencio cómplice que el Ministerio de Trabajo y el Gobierno ha mantenido ante las flagrantes violaciones laborales cometidas por la empresa contratante, la cual para no asumir los costos de su irresponsabilidad laboral, procede a liquidar a los 1.500 trabajadores como si estos fueran los culpables de su desgracia.

Indignación y vergüenza, ante la descarada actitud de la Ministra de Salud, quien públicamente informó que no habrá sanciones contra la empresa y se limitó a dar algunas directrices de tipo fitosanitarias, control en la manipulación de alimentos y evitar el hacinamiento, medidas que todos sabemos difícilmente se cumplirán dado que las instancias encargadas no han demostrado, ni la capacidad, ni el interés de hacerlas respetar.

Indignación y vergüenza, porque en la discusión del TLC sus abanderados le mintieron al pueblo. Dijeron que el capital extranjero traería bienestar y trabajo digno, que se respetarían las leyes laborales y la soberanía costarricense.

¿Qué dirán ahora?

Hago un llamado a la opinión pública, a los sectores sociales y especialmente al Movimiento Sindical, a manifestarse decididamente para que actos como este no queden impunes.

Al igual como se ha hecho con los temas de la minería abierta en Crucitas y del agua en Sardinal; se debe condenar y sentar responsabilidades sobre la empresa constructora y sobre las autoridades públicas que permitieron que se violenten los derechos humanos de trabajadores, en su mayoría hermanos de origen nicaragüense.

Si en Costa Rica existe responsabilidad social, como mínimo a esta empresa se le debe expulsar del país y se debe destituir al ministro de Trabajo y a la ministra de Salud.


* Ex presidente de Asdeice



Fuente Diario Extra


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