La confirmación del fraude

Por Alvaro Montero Mejía

El tribunal de elecciones acaba de cometer una nueva infamia. Ese tribunal acaba de impedir una convocatoria legítima a un referéndum y ha rechazado las casi 150.000 firmas que respaldaban la petitoria ciudadana tal como lo pronosticamos en esta misma esquina hace cinco meses y medio.

La infamia se comete, en primer lugar, contra los derechos ciudadanos, pues se supone que la prerrogativa de las personas a recurrir a una consulta popular como el referéndum, es un derecho inalienable en manos del único órgano inapelable en un estado democrático, es decir, el pueblo, es decir, el Soberano.

A una consulta amparada constitucionalmente como el referéndum, expresión magna de la participación ciudadana, todas las instituciones están obligadas a abrirle las puertas y facilitar su ejecución. En pura teoría jurídica, todas ellas y en primer lugar el tribunal de elecciones, están obligadas a interpretar la Constitución y las leyes de manera amplia y participativa y no de manera estrecha y restrictiva.

En segundo lugar, la resolución constituye un golpe más en la sistemática demolición del estado de derecho en Costa Rica. Los miembros del tribunal electoral, preconstituyeron esta nueva acción fraudulenta desde el momento mismo en que se vieron obligados a tramitar la solicitud del referéndum ciudadano, cuando les fue presentada en diciembre de 2007.

En esta misma esquina, el día 31 de diciembre de 2007, cuando titulamos nuestro mensaje “AÑO NUEVO, FRAUDES NUEVOS”, dijimos textualmente:

“Unos grupos de jóvenes ecologistas presentaron la solicitud y lograron autorización legal, para recolectar las firmas con los que se convoca a un nuevo referéndum ciudadano”… “no vayan a pensar que el régimen de los Arias ha dejado pasar por alto todos los detalles de esta nueva convocatoria, pues en Costa Rica… no existe la división y la independencia de poderes”… “como no han podido evitar la convocatoria, se han dado a la tarea de convertirla en un actor inútil e incapaz de surtir efectos”

A continuación enumerábamos los fraudes con que el tribunal, en aquel momento, preconstituía las condiciones para el rechazo de las 150.000 firmas que acaba de realizar. Así los enumerábamos.

1- Primer fraude: el tribunal se concedía la atribución de “convocar” al referéndum, atribución que la ley no le da. Porque el único que puede convocar es el Soberano, el pueblo.

Por eso la ley dice expresamente que cuando se reúna el porcentaje de firmas “se tendrá por convocado el referéndum”. La convocatoria que hace el tribunal, es sólo un acto de intermediación, un simple llamado para cumplir la orden del Soberano.

2- Segundo fraude: la solicitud planteada por los ecologistas, era para aprobar o rechazar el texto de un tratado ya existente. Se trata del “convenio internacional para la protección de obtenciones vegetales, del 2 de diciembre de 1961, revisado en Ginebra el 10 de noviembre de 1972, el 23 de octubre de 1978 y el 19 de marzo de 1991”.

Este texto, no cambia en nada su contenido por el hecho de haber sido aprobado o rechazado por la Asamblea Legislativa. De modo que la solicitud para someterlo a un referéndum, continúa siendo absolutamente válida, aunque la Asamblea lo hubiese refrendado.

Rechazar la convocatoria es como decir que el pueblo ha quedado atado para siempre a ese convenio.

3- Tercer fraude: el nuevo magistrado, Max Esquivel, anticipando criterio y violando a su vez la letra de la ley, dijo: “si ambos proyectos se aprueban en el plazo que pretende el oficialismo, la solicitud de recolección de firmas no tendría ninguna validez”. Esto se lo dijo a un periodista y así fue publicado. Ni siquiera tuvo la honradez de convertirlo en un razonamiento jurídico y emitirlo en una resolución de su despacho.

En la última resolución de la semana pasada, en la que el tribunal rechaza las 150.000 firmas recogidas, el tribunal de elecciones no ha hecho más que ejecutar los fraudes que había preparado en la resolución original que comentamos.

No somos especialistas en derecho penal, pero sabemos que la premeditación, la alevosía y la ventaja, son hechos que agravan la comisión de los delitos. Eso que dijimos y que anticipamos hace cinco meses, se confirma ahora.

Poco importan las consecuencias inmediatas de nuestras palabras. Tan sólo nos sentimos obligados a martillar, empecinadamente, sobre lo que ocurre en este periodo sombrío de la historia Patria.

El órgano electoral, cuya abyección no tiene paralelo en la reseña institucional más reciente de Costa Rica, no actúa únicamente merced a la penosa actitud de sus miembros, que han decidido lanzar a la basura todo las construcciones jurídicas, locales e internacionales, edificadas en resguardo del sufragio y la participación ciudadana, sino inducidos por una forma particularmente cruel e inescrupulosa en el ejercicio del poder.

Ustedes saben a quién nos referimos, de qué métodos autocráticos hablamos y de cuáles mecanismos se vale el “dictador en democracia”, para imponer su voluntad.

Con todo y todo, jamás pretenderíamos que los jueces fallaron en función de nuestros razonamientos o de nuestras preferencias jurídicas, filosóficas o políticas. Sólo aspiramos a que los fallos que tienen connotaciones esencialmente políticas, como las del tribunal de elecciones, se funden en razonamientos éticos, equilibrados, sustentados con solidez en la letra de la Constitución y la ley.

Porque el tribunal de elecciones no es un órgano jurisdiccional cualquiera, sino que sus resoluciones son, invariablemente, de naturaleza política y más aún, de naturaleza político-electoral.

Las personas que en ese órgano ostentan el grado de magistrados, no son ni infantes, ni ignorantes. Son gente absolutamente responsable de sus actos. Su pecado es la subordinación y el servilismo, confrontado a las normas sagradas de la judiciatura: la independencia de criterio y el apego a la ley. Sin embargo, su responsabilidad es pequeña si la comparamos con la de Óscar Arias, responsable personal de la destrucción del estado social de derecho en Costa Rica.

Pero el pueblo de Costa Rica sabrá sacudirse, de manera pacífica pero valiente, este régimen apuntalado por el capital trasnacional, algunos inversionistas de oscura procedencia y el tropel de cortesanos y de sirvientes que lo acompañan, sin aludir, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras gubernamentales que se ganan la vida con su trabajo honrado.


Leído en la calle, frente a la casa de Oscar Arias, el lunes 16 de junio a las ocho de la noche.



Fuente Diario Nuestro País




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