Académicos responden a COMEX

COMEX critica documento de la UCR

Académicos reiteran inconstitucionalidades del TLC

El mismo día en que la comisión de especialistas jurídicos y de ciencias sociales y básicas de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó a la prensa nacional el documento "Roces constitucionales del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos", el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), hizo circular una respuesta de rechazo a los argumentos de los académicos.

A pesar de que el documento elaborado por destacados universitarios, convocados por la rectora, señala al menos 14 posibles roces del TLC con la Constitución Política; COMEX solo respondió de forma muy breve a ocho de los puntos.

Ante ello, integrantes de la Comisión y otros expertos en la materia han rebatido los "rápidos" argumentos del ministerio, para demostrar que no es tan sencillo "limpiar al TLC de inconstitucionalidades".

Una por una

El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCR, Jorge Enrique Romero, analizó uno a uno los argumentos del COMEX en comparación con el documento de los especialistas universitarios.

En el primero de los puntos el COMEX señala que la Comisión de Libre Comercio que se establece en el TLC no es inconstitucional, pues ha sido práctica común en otros acuerdos comerciales suscritos por el país, y que la Sala IV se ha pronunciado ya sobre la constitucionalidad de esta figura.

En el documento de la UCR, se señala que la Comisión de Libre Comercio tiene potestades de interpretación del TLC que estarían sustituyendo a las potestades legislativas y judiciales.

Según Romero, la posición oficialista miente al utilizar los votos 8404-00 y 8190-02, sobre los TLC con Canadá y Chile, pues la Sala no dice abiertamente que esa Comisión sea constitucional. "La Sala lo que dijo fue que si esas funciones son aplicadas como protocolos de menor rango o como normas de aplicación de un tratado, entonces no son inconstitucionales, pero si esas funciones son aplicadas e interpretadas a futuro por los funcionarios respectivos, si fuera interpretada en funciones del Poder Ejecutivo, legislativo o judicial, entonces sí serán inconstitucionales", explicó Romero.

Según Romero, la diferencia de este TLC con los anteriores radica en que las interpretaciones de la Comisión de Libre Comercio son de acatamiento obligatorio para los paneles arbitrales, mientras que en otros acuerdos comerciales eran meras recomendaciones.

En cuanto a la obligación que tiene Costa Rica de "certificarse" ante los Estados Unidos, para que este país nos permita acceder al TLC, COMEX indicó que las partes tienen derecho a verificar que los otros países firmantes cumplen con los requisitos.

Sin embargo, Romero comentó que esta disposición, que nace de la Ley de Implementación del TLC en los Estados Unidos, no es más que una violación a la soberanía.

"¿Porqué un extranjero tiene que certificar si Costa Rica aprobó bien sus leyes? Nosotros no tenemos por qué certificarnos con otro país. ¿Qué es eso de que otro país nos imponga aprobar doce o 14 leyes? Y, ¿acaso nosotros le certificamos algo a los Estados Unidos?", cuestionó Romero.

Sobre los paneles arbítrales internacionales, quienes los defienden aseguran que también son una figura común en otros tratados, y responden a una norma internacional; además, de que se asegura que el Estado costarricense podrá demandar a los inversionistas extranjeros en los tribunales nacionales.

El director de Investigaciones Jurídicas indicó que la diferencia con los paneles arbítrales que establece este TLC es que estos son de acatamiento obligatorio, y no voluntarios como dice la Constitución en su artículo 43.

Contratación a la medida

En el tema de los medicamentos, la respuesta del COMEX afirma que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) no se ve afectada por el TLC, pues " preserva las potestades de la CCSS para la compra e importación de medicamentos, incluidos los genéricos".

Para Romero, la respuesta de COMEX no responde a la preocupación de los especialistas de la UCR, pues no son las potestades de compra de la Caja las que se ven afectadas.

"El problema no es que la Caja compre patentados y genéricos, porque eso lo ha hecho siempre, el problema está en que por algún motivo del mercado la Caja se vea obligada a comprar más cantidad de productos de marca y eso en detrimento de sus finanzas, porque los patentados son más caros", afirmó Romero.

Otro tema que ha preocupado a los especialistas universitarios es el de los cambios en las normas de contratación pública, sobre los que COMEX dice que se han respetado los principios de transparencia, igualdad, publicidad, integridad y libre competencia; al tiempo que la legislación nacional.

Pero son precisamente las leyes nacionales las que pierden, según lo dispuesto en el capítulo nueve del TLC, puesto que, según Romero, no se incluyeron en la lista de reservas, las leyes de Contratación Administrativa las de la Contraloría General de la República y la Ley de Jurisdicción Constitucional.

"En el la Comisión de Libre Comercio lo que van a tener para interpretar es el texto del TLC en inglés. De tal manera, que al interpretarlo pueden modificar a como les ronque, la ley de Contratación Administrativa, incluso aumentando los umbrales, los topes que ha puesto la Contraloría para la contratación", detalló Romero.

Además, el especialista explicó que el TLC establece un procedimiento en el cual se puede modificar el cartel de licitación una vez conocidas las ofertas, lo cual en el país es ilegal, pues el cartel solo se puede cambiar antes de conocer las ofertas a fin de respetar la confidencialidad de las mismas.

"Eso es una violación a la Ley de Contratación Administrativa y al artículo 182, que señala los principios de la contratación administrativa. Nadie está discutiendo los principios de transparencia o cosa parecida", reiteró.

Sin regulación para las armas

Dice COMEX en su comunicado que "el TLC no modifica la legislación costarricense en materia de producción y comercio de armas, y la producción y comercio de armas de guerra siguen estando prohibidas de acuerdo con o sin TLC".

La comisión de juristas universitarios ha señalado que la Ley de Armas no fue incluida en la lista de reservas, por lo que se impone lo que diga el TLC sobre lo dispuesto por cualquier ley nacional o reglamento.

"Esas normas están por debajo del Tratado y la Sala ha dicho en un voto de Rodolfo Piza, que todas las leyes que se opongan a un tratado suscrito por Costa Rica, quedan inmediatamente derogadas. Esa contestación es para chiquitos de escuela", añadió Romero.

En materia laboral y ambiental, Romero recordó que Estados Unidos no ha firmado numerosos convenios de OIT y de protección ambiental que Costa Rica sí tiene; mientras que en materia de seguros, afirmó que lo que se pretende es montar un monopolio privado en los seguros más rentables.

Manrique Jiménez, integrante de la comisión de académicos que analizó el TLC y sus posibles roces con la Constitución, afirmó que entre los argumentos de COMEX hay muchas cosas que no se han conocido como consultas a la Sala IV.

"Hay muchos elementos que se han dicho que son objeto de consulta a la Sala pero que no es cierto, la Sala no ha conocido todos los aspectos como consulta, sin embargo es de esperar que no estén de acuerdo con un análisis como el nuestro, sin embargo será la Sala la que lo defina, no un órgano administrativo", dijo Jiménez.

El especialista rechazó las afirmaciones del Ministro de Comercio Exterior, Marco Vinicio Ruiz, en cuanto a que el documento de la UCR tiene un fuerte trasfondo ideológico.

"Sí, es un estudio de las ideas, en relación con el texto y contexto del derecho constitucional, pero aquí no hay un trasfondo ideológico en el sentido peyorativo del término, lo que hay es un análisis objetivo, razonable, en el ejercicio del derecho de la razón crítica que es propio de un Estado democrático", añadió Jiménez.

Fuente Semanario Universidad
Sección DE LA U. Semana del 13 al 23 de mayo de 2007.
Edición 235. Año XI.

Nota: La negrita es nuestra