Costa Rica es hoy una democracia representativa y participativa, por lo que, como organización social, la ANEP respalda el fortalecimiento de ambos mecanismos de ejercicio democrático, especialmente el segundo. El gobierno es ejercido por el pueblo y por los tres poderes de la República. El pueblo es el soberano y por lo tanto es el sostén de la democracia, de forma tal que el gobierno de la República solo será legítimo si escucha su voluntad y no trata de manipular el sistema democrático a favor de una tesis en particular.
Creemos que el mejor despliegue de la democracia participativa está dado por esta decisión histórica de reconocer que es al pueblo costarricense al que le compete definir el modelo de desarrollo que tendrá durante las próximas décadas.
Felicitamos al grupo de ciudadanos y ciudadanas denominado Convergencia Patriótica, y particularmente al Licenciado José Miguel Corrales Bolaños, en su lucha por abrir este espacio democrático. Es claro que los sectores dominantes se han visto obligados a aceptar la utilización de este instrumento en torno al TLC, ante el impacto de la creciente, diversa y sólida oposición social, cívica y política, de la que esta agrupación es parte y que ha venido defendiendo el referéndum de la calle.
Precisamente por la relevancia histórica y política de esta decisión que permitirá utilizar el referéndum por primera vez en nuestro país, es que debemos garantizar su realización en condiciones que lo legitimen a futuro y garanticen que la democracia participativa es un proceso irreversible.
Queremos transparencia, no fraude, porque solo así evitaremos confrontaciones sociales y políticas similares a las que como país hemos transitado en otros momentos históricos.
Como organización queremos ir a un referéndum. Eso sí, un referéndum sin fraude y sin engañar a la gente.
Evitar el fraude depende de una voluntad política férrea y transparente y abarca tres elementos fundamentales:
1. La ciudadanía debe decidir soberanamente sobre un proyecto de ley que sea incuestionablemente constitucional
En los últimos meses la Rectoría de la Universidad de Costa Rica convocó a un conjunto de distinguidos juristas para que se pronunciaran sobre la constitucionalidad del Tratado de Libre Comercio.
El día 12 de abril dicha comisión realizó la presentación pública del resultado de un exhaustivo análisis jurídico que señala y justifica 12 inconstitucionalidades por el fondo y 7 por la forma. Además existen ya otros análisis de igual calibre elaborados por prestigiosos juristas que plantean este grave problema constitucional del TLC.
Para la ANEP es urgente identificar caminos políticos y legales para que la Sala Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad del TLC, antes de la realización del referéndum; de forma tal que se garantice a las y los ciudadanos que manifestaremos nuestra decisión sobre un proyecto que no atente contra la Constitución Política.
2. Debe detenerse el trámite legislativo del TLC y su agenda de implementación
El referéndum no puede ser un mecanismo para burlarse de la voluntad popular. Existe una íntima vinculación entre los proyectos de ley de la agenda de implementación del TLC y éste; por tanto, es un verdadero fraude a la voluntad popular permitir una decisión por medio del referéndum, pero a la vez aprobar partes del TLC a través de los proyectos de ley que desarrollan los contenidos y exigencias de ese inconstitucional TLC.
Para la ANEP es urgente que el gobierno demuestre a la ciudadanía que se toma en serio la consulta popular, retirando del trámite legislativo el TLC y la agenda de implementación mientras se convoca a la ciudadanía a manifestarse en las urnas. Estos proyectos son, entre otros, los relativos a la apertura del mercado de telecomunicaciones, a la apertura de seguros, a la propiedad intelectual (incluyendo medicamentos y agroquímicos), y a la biodiversidad incluyendo la protección de las semillas.
3. El dinero no debe definir el referéndum
Es imprescindible que la voluntad popular sea fruto de la reflexión individual y colectiva de los y las costarricenses, y no fruto de la manipulación propagandística de los sectores económicamente poderosos.
Es por eso que requerimos que el Tribunal Supremo de Elecciones actúe eficaz y oportunamente, para evitar la manipulación del pueblo costarricense.
Esto requiere garantizar la suspensión inmediata de la propaganda y las manifestaciones de gobierno a favor del TLC, así como garantizar el acceso a los medios de comunicación en condiciones equitativas.
Se requiere además la fiscalización cuidadosa de los fondos públicos y privados, nacionales y extranjeros, para garantizar el respeto de nuestra legislación, de forma tal que se garantice que no sean intereses extranjeros ni los grandes capitales de los sectores dominantes los que definan el futuro del país. Creemos que tal y como lo ha hecho en el pasado nuestro país, debemos invitar a diversos observadores internacionales que nos acompañen en este proceso fundamental para el sistema democrático costarricense.
Solo en la medida que atendamos adecuadamente estos elementos fundamentales, evitaremos el fraude en el ejercicio del poder soberano del pueblo costarricense.
Ronald Barrantes Moya
María Eugenia Martínez Vargas
Douglas Carrillo Azofeifa
Flor de Lis Monestel Corrales
Yamileth Céspedes Garro
Édgar Morales Quesada
Yahaira Chambers Moya
Guillermo Murillo Castillo
Mainor Díaz Gómez
Juan Carlos Paniagua Soto
María del Milagro Gómez Araya
Isabel Portuguez Quesada
Guillermo Keith Bonilla
Ligia Solís Solís
Lydia Lacayo Mena
Albino Vargas Barrantes
Junta Directiva Nacional
Período 2005-2007
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