Ley de telecomunicaciones y cuestinamientos a Evita Arguedas

Ha iniciado la discusión sobre la ley de apertura de telecomunicaciones, con fuertes cuestinamientos a Evita Arguedas, por conflictos de intereses, recomiendo la lectura de este artículo tomado de Informa Tico.

Tirante inicio en discusión de ley de telecomunicaciones

• Un tenso arranque tuvo la comisión legislativa especial que apura la aprobación de la ley de apertura del mercado de telecomunicaciones, donde el diputado Alberto Salom pidió que Evita Arguedas, jefa de bancada del Movimiento Libertario, se inhibiera de participar por conflicto de intereses, ante lo cual la legisladora se negó rotundamente.

Evita Arguedas: No tengo conflicto de intereses

Por su parte, en la primera de las comparecencias recibidas por la comisión, el regulador general, Fernando Herrero, aplaudió las ventajas que a su juicio traerá al país la apertura de las telecomunicaciones, negociada dentro del TLC con EEUU, y aseguró que con ésta bajarán las tarifas, contrario a lo que vaticinan expertos en la materia (ver recuadro al final).

La comisión, dominada por la mayoría oficialista del gobernante Partido Liberación Nacional y sus aliados Unidad Social Cristiana y el Movimiento Libertario, acordó conceder 16 audiencias, entre partidarios y adversarios de la apertura. La comisión se fijó un mes de plazo para dictaminar el proyecto y pasarlo al plenario, en medio de protestas de los diputados de oposición por el poco espacio que se quiere dar a la discusión de uno de los asuntos más importantes que debate el país.

La comisión rechazó propuestas del diputado José Merino (Frente Amplio) para que se recibiera al ex presidente ejecutivo del ICE Pablo Cob, considerado una de las personas más competentes en la materia, ni tampoco se aceptó conceder audiencia a la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y los consejos de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional e Instituto Tecnológico, entre otros.

Conflicto de intereses

En la apertura de las sesiones, el pasado 5 de febrero, el diputado Salom, subjefe de bancada del Partido Acción Ciudadana (PAC), denunció que una de las integrantes de la comisión, Evita Arguedas, está vinculada a tres empresas que en conjunto poseen 138 concesiones de frecuencias de radio entre los 800 y 900 MHZ.

Estas se ubican entre las frecuencias "comercialmente relevantes" que el gobierno de Costa Rica se obligó a liberar y dejar disponibles para la apertura de las telecomunicaciones en el marco del tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos.

En caso de que el tratado fuera ratificado por la Asamblea Legislativa y el Estado deba cumplir el compromiso de liberar dichas bandas para la apertura a la telefonía celular privada, las frecuencias cobrarían mayor valor.

Evita Arguedas reconoció haber fundado las empresas de marrras, pero alegó que en mayo pasado, cuando asumió las funciones de diputada, se apartó y las asumió su esposo.

Según Salom, este solo hecho es razón suficiente para demostrar el conflicto de intereses, pero hay otro hecho preocupante y es que -según consta en el Registro de Control de Radio del Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública- una de dichas empresas, Comunica MyT, el 5 de octubre del 2004 obtuvo concesiones de frecuencias por un plazo de 15 años.

Esto se dio con posterioridad a que el 28 de mayo del mismo año, el entonces ministro de Comercio Exterior Alberto Trejos, en una de las llamadas cargas paralelas del TLC, se comprometió ante el representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, a limpiar las frecuencias "comercialmente relevantes" entre los 800-900 MHz y 1700-1999 MHz. En esos rangos operan varias empresas privadas, incluidas las relacionadas con Arguedas, y la telefonía celular del ICE.

El compromiso adquirido por el país en el marco del TLC debe involucrar recursos del Estado para "limpiar las bandas" y cubrir otras exigencias de los concesionarios. Los mejores bloques del espectro radioeléctrico están en los rangos negociados en esa carta paralela, por esta razón ser poseedor de esas concesiones se transforma en un lucrativo negocio, según la denuncia del PAC.

Salom recordó que Evita Arguedas juró como diputada defender la constitución y las leyes y ante la organización no gubernamental Transparencia Internacional firmó el 13 de enero del 2006 un documento en el que se comprometió a no violentar el conflicto de intereses.

El diputado dijo que solicitará pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría de la Etica y la Contraloría General sobre este caso.

El legislador consideró que Arguedas contraviene el artículo 48 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, según el cual "será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismos, para su cónyugue, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o para las empresas de las que el funcionario público, su cónyugue, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social".

Nada que ver, dice Arguedas

La jefa parlamentaria del Movimiento Libertario insistió que no hay conflicto de interés y no se va a inhibir de participar en la discusión de la ley de telecomunicaciones, ya que esta es una ley general de "intereses difusos" que no la beneficia.

Además dijo que un fallo de la sala IV declaró inconstitucional el artículo 48 de la Ley contra la corrupción, en el caso de los diputados, porque éstos están obligados por ley a tramitar y votar los asuntos que llegan a conocimiento del parlamento.

La denuncia "es un montaje injusto, un circo político" del diputado Salom y del PAC "motivado por la beligerancia con que hemos manejado el tema de la apertura, el tema del TLC y por la frustración que están sintiendo porque por primera vez estos temas están caminando en la Asamblea Legislativa", sostuvo la jefa libertaria.

Todo lo que ha dicho Salom son solamente hipótesis. Para que haya conflicto de intereses tiene que haber dolo, ánimo de lucro, y que el interés personal esté por encima del interés público, lo que no se da en su caso, argumentó Arguedas.

Consultada por la prensa si no debería seguir el ejemplo del diputado liberacionista Gilberto Jerez, que se inhibió de participar en la otra comisión especial, que tramita el proyecto de transformación de las entidades públicas del sector telecomunicaciones, Arguedas consideró que el caso es diferente, porque Jerez posee una empresa que vende servicios al ICE.

"Esto es ridículo (decir que Evita Arguedas se beneficiará por las concesiones) yo ya no se que connotación darle a esta actuación del PAC. Por amor de Dios. Como se les ocurre decir semejante barbaridad, cuando el propio proyecto de ley (de telecomunicaciones) en su transitorio 3 y en el 4 dice que los contratos de concesión de uso de espectro radioeléctrico de la ley 1558, que es la que regula actualmente la materia, mantendrán su plena vigencia por el plazo establecido en el contrato respectivo", subrayó.

Se le preguntó a la diputada que espera que pase con las frecuencias cuando el Estado tenga que cumplir el compromiso de limpiar las bandas a fin de ponerlas a disposición para la apertura a las telefónicas privadas, lo cual el gobierno está obligado a hacer digan lo que digan las leyes internas, que tienen rango inferior al tratado.

"No se que va a hacer el Estado con respecto al ICE", en cuanto a las empresas privadas "aquí lo dice claramente (el proyecto de ley): continúa la concesión", sostuvo no obstante Arguedas.

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http://www.informa-tico.com/php/expat.php?id=12-02-07012023&esPrimerArticulo=&ed=136&fecha=12-02-07&foro=