Ricardo Sancho ofreció ayuda de Magistrada para enderezar voto de Sala IV

La ayuda de la magistrada de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada, para enderezar un voto de esa instancia del Poder Judicial, fue ofrecida por el presidente de Acueductos y Alcantarillados, Ricardo Sancho, para explotar más un acueducto en el distrito de Sardinal, Guanacaste.

Acompañado de la diputada por el Partido Liberación Nacional (PLN), Maureen Ballestero, Sancho dijo a vecinos de las comunidades de playa Hermosa, El Coco y Panamá que tendrá el apoyo de Calzada para revertir un voto de la Sala IV.

El voto en mención prohibió la sobreexplotación del acuífero de playa Panamá, al que se le extraen más de 150 litros por segundo, pero que se calcula que desde pozos ilegales se le explotan 37 litros por segundo más.

Un estudio hidrogeológico del geólogo Daniel Murillo, realizado en el 2006 precisó que uno de los mantos acuíferos de playa Panamá está sobreexplotado, ya que la recarga anual es de 115 litros por segundo y está concesionado por más de 150 litros por segundo.


Un estudio

Sin embargo, Sancho y Ballestero dijeron que al acuífero se le podrá, por un tiempo no determinado, explotar más y para eso contarían con la ayuda de Calzada, así como de técnicos del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).

Para ello, durante la reunión celebrada en la comunidad de Panamá, el presidente ejecutivo de AyA, anunció que el Minaet hará nuevos estudios y para eso enviará esta semana al Jefe del Departamento del Recurso Hídico, José M. Zeledón, junto con otros “técnicos”.

Dijo también que además de la valoración del acuífero, investigarán el caso de los pozos ilegales que funcionan en las comunidades en mención, principalmente Panamá.

Tanto Sancho como Ballestero, según informantes de Nuestro País que participaron en la reunión, junto con vecinos y dirigentes de las asociaciones de Desarrollo de Hermosa, Panamá y El Coco, prometieron que la falta de agua en estas comunidades “será resuelta muy pronto”, aunque no mencionaron cuáles son las opciones que tienen.

Dijeron que se estudia la posibilidad de trasvasar agua desde fuentes de la Central Azucarera del Tempisque (CATSA), de la que el presidente Oscar Arias es accionista, hacia playas del Coco.

Aunque no precisó para qué fecha estaría solucionado el problema de la falta de agua en esas tres comunidades, Sancho anunció que dentro de quince días se volverán a reunir con los vecinos de la zona.

De acuerdo con fuentes consultadas de la organización ambientalista Confraternidad Guanacasteca, “lo que pretenden Sancho y Ballestera es desunir a las comunidades que se oponen al acueducto Sardinal – El Coco – Ocotal”.

“Ellos quieren quitarnos el apoyo de esas comunidades al Comité de Lucha por el Agua de Sardinal, y andan prometiendo todo”, indicó el dirigente consultado.


Sala IV

La Sala Constitucional ordenó al Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Municipalidad de Carrillo coordinar estudios sobre el manto acuífero de Panama.

La Asociación Confraternidad Guanacasteca, que interpuso el recurso de amparo, denunció la mala distribución de agua en las playas del Coco, Ocotal, Panamá y Hermosa.

Gadi Amit, de Confraternidad Guanacaste, aseguró que en Hermosa no hay agua, ya que en la temporada turística cierran la llave del tubo que va para la comunidad y abren la que va para los hoteles.

“La distribución del agua la hacen a conveniencia”, dijo Amit, a este medio al recordar que el paralizado proyecto Punta Cacique, ubicado entre El Coco y Hermosa, sacaría 57 litros por segundo, y cuenta con las concesiones para explotar tres pozos construidos.

Fuente Nuestro País



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La Cueva: Un desastre ambiental

• ¿Otra embarcada?

• Decreto Ejecutivo peor que el de Crucitas

Por Dr. Freddy Pacheco León*
frepaleon@gmail.com

Cuando se publica un decreto ejecutivo declarando de “Interés Público y Conveniencia Nacional” algún asunto, se espera que el mismo así lo amerite. Si para ello concurren con su firma el Presidente de la República y los ministros de la Presidencia, Ambiente y Agricultura, de verdad que es para creer que se está ante un proyecto de gran beneficio para los habitantes del país. Y si además, se presenta como solución concreta al abastecimiento de agua potable en una región tan necesitada como la provincia de Guanacaste, uno esperaría recibir una merecida ovación como premio.

Así, seguramente sucedió con el Presidente Arias y los ministros Arias, Dobles y Flores, al momento de suscribir el decreto ejecutivo N° 34677-MP-MAG-MINAE, tal vez sin que se les hubieran dado a conocer los antecedentes necesarios para una firma responsable. Y es que el escenario parecía el adecuado, en medio de las festividades de la Anexión del Partido de Nicoya y (¡aquí estuvo el error del señor Presidente y sus tres ministros!) estamparon sus firmas sin conocer los antecedentes y entretelones del proyecto que estaban declarando interesante y conveniente para la Nación y sus habitantes. Como diría don Abel Pacheco, “alguien los embarcó”.

No de otra manera se podría interpretar lo sucedido pues se trata de un proyecto de dimensiones gigantescas, con un altísimo impacto ambiental y consecuencias irreparables para los recursos naturales de un parque nacional y áreas vecinas. ¡Veamos!

En términos generales, se trata de la construcción de una gran represa denominada “Embalse La Cueva”, que se localizaría sobre el cauce del río Tempisque, aguas abajo de la confluencia de los ríos Ahogados y Tempisquito, para supuestamente suplir de agua potable a ciertas regiones costeras de Guanacaste. La represa tendría 43 metros de altura, inundaría un área de unas 1200 hectáreas y tendría un costo de cientos de millones de dólares que seria financiado con solicitudes de préstamos a bancos extranjeros.

Donde se evidencian las gravísimas consecuencias negativas es en el estudio publicado hace siete años por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (“Pacific Consultants International”) que, siendo bien conocido por sus promotores actuales, parece habérsele ocultado por estos mismos a los “embarcados”. Y es que cómo se podría obviar el hecho de que la construcción de tan descabellado proyecto conlleva la destrucción total, por inundación, de 380 hectáreas de bosque experimental del Área Horizontes del Parque Nacional Santa Rosa, registrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

¿Cuánto valen las valiosas e insustituibles especies de flora y fauna características de ese hábitat protegido? ¿Será tan bueno el proyecto que hace que se siga adelante pese a este brutal acto en contra de la naturaleza? Si la reacción popular en contra del proyecto de minería a cielo abierto Las Crucitas se sustenta en el carácter devastador para la flora y la fauna existente en el sitio a excavar, ¿qué procede hacer en el presente caso?

Pero aún hay más. Los expertos japoneses también alertaron sobre similar destrucción sobre unas 700 hectáreas de productivas tierras ganaderas de excelente calidad, muchas de ellas con riego. ¿Es que acaso el gobierno de la República está en disposición de sumar otro conflicto por expropiaciones de tierras? ¿Se habrá determinado el costo de tales expropiaciones?

A lo anterior hay que agregar que igualmente se inundaría un largo tramo de 4 km de la Carretera Panamericana que habría que rediseñar para expropiar y construir, a un costo igualmente indeterminado de varios millones de dólares. Tomando en consideración las condiciones conocidas en términos viales y financieros, ¿será viable hacer algo así?

Por su lado, el ICE tendría que reubicar unos 3 km de líneas de alta tensión instaladas cerca de la Carretera Panamericana que atraviesan el área a inundarse, con al menos 6 torres que tendrían que desmantelarse y, de ser posible, trasladarse hacia un lugar todavía desconocido.

Hace 7 años se había determinado que al menos 30 viviendas quedarían bajo el agua. Hoy no sabemos cuántas más se habrán construido desde entonces y, por lo que hemos indagado, los habitantes afectados no tienen idea de las amenazas que traería consigo el proyecto La Cueva sobre su vida familiar. ¿Es que no merecen respeto? Otros pobladores que saldrían afectados y para los cuales no se han planteado, ni en teoría, formas de vida alternativas, son unas 200 personas que se ganan su sustento diario extrayendo arena del cauce de los ríos, hacia debajo de la represa, “quienes quedarían imposibilitados de extraer la arena debido a la alteración de las condiciones de sedimentación”.

Y si usted amigo lector cree que hasta aquí ya habrían razones suficientes para tratar de detener tal agresión a la naturaleza y la sociedad, nada más lea lo siguiente para que termine de convencerse: la tal represa-embalse ¡QUEDARÁ VACÍA MÁS DE SEIS MESES AL AÑO! por falta de agua. Además, según los profesionales japoneses que hicieron el estudio, aunque también se supone que el proyecto sería útil para el control de inundaciones entre Filadelfia y Guinea, “la presa no aliviaría sustancialmente los daños de inundaciones que se producen en la zona”. ¿Entonces? En la época seca se queda sin agua, y en la época lluviosa no sirve ni para el control de inundaciones…¿Verdad que todo parece un disparate de mal gusto?

No es sorprendente pues que en el citado estudio se concluya que la “Presa tiene una capacidad de almacenaje muy reducida frente al costo de construcción, lo cual hace que se pueda esperar solo pocos beneficios económicos. Si a esto se suman los riesgos e impactos ambientales y sociales negativos, se considera que el sacrificio es demasiado grande para el elevado monto de deuda que va a contraerse, y por tanto, a corto plazo es difícil proponer su implementación como un excelente proyecto”. En verdad que los japoneses, por ser tan gentilmente diplomáticos, no se atrevieron a calificar este desastroso proyecto como lo merecía.

Como alguien tuvo que haber “embarcado” al Presidente Arias y sus miembros del Gabinete para haber declarado de interés público y conveniencia nacional algo tan absurdo, y solo conocemos de una persona que lo anda promocionando y hasta buscando financiamiento para otro estudio de factibilidad (¡como si el estudio de los japoneses no fuere suficientemente claro y determinante!) instamos muy respetuosa y públicamente a la señora diputada Maureen Ballestero Vargas a que aclare el por qué de sus gestiones y, de paso, aclare a la ciudadanía si ella fue la promotora de la firma del decreto ejecutivo.

En su visita (acompañada de un asesor legislativo) al ICT un mes antes de que se firmara el cuestionado decreto ejecutivo, no solo defendió las bondades que, dice ella, tiene proyecto semejante, sino que se planteó la posibilidad de que el ICT proporcionara recursos del llamado Fondo de Turismo –Fondetur- al proyecto La Cueva.

Cabe, por tanto, su aclaración, pues es persona vinculada a la GWP (Asociación Mundial del Agua nacida al amparo del Banco Mundial) y presidenta de la importante Comisión del Ambiente de la Asamblea Legislativa, que entre otras cosas se creó para que los señores diputados le dieran mayor relevancia a la protección ambiental.

Al Semanario Universidad (3 de diciembre del 2008) le declaró que si impulsaba el proyecto “y restó valor a lo dicho por los japoneses”, pues según su particular manera de pensar, "Los países desarrollados represaron todos sus ríos y ahora vienen a decirnos cómo hacerlo, teniendo la capacidad técnica", advirtió. Comentario que, sin embargo, no se fundamenta en estudio alguno que por lo menos hubiera citado.


*Catedrático UNA


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