Comunicado público de SINTRAJAP

A todas y todos los trabajadores de JAPDEVA afiliados a SINTRAJAP, al pueblo limonense y costarricense en general

COMUNICADO PÚBLICO

El día de hoy a eso de las 05:00 horas (5 a.m.) un contingente de unos 60 policías cerraron las calles aledañas al edificio de SINTRAJAP y en un nuevo acto de ilegalidad y provocación rompieron los portones de hierro, las puertas de vidrio del edificio, arrancaron todos los afiches y material educativo e informativo de las paredes y como en las más nefastas dictaduras ingresaron, violentando la autonomía de SINTRAJAP, la Libertad Sindical y el debido proceso, irrespetando nuevamente los más altos valores cívicos del pueblo costarricense como lo son el respeto a la institucionalidad, la legalidad, la paz y la democracia.

Es importante aclarar que contra esta medida ejecutada hoy por la policía y la GAO, con órdenes superiores, existen un recurso de amparo acogido por la Sala Constitucional, un proceso en trámite de Contencioso Administrativo, un recurso de apelación y revisión ante el Ministro de Seguridad, además de otros tres recursos acogidos por la Sala y otras demandas presentadas ante los tribunales, sin que ninguna de estas hasta hoy hayan sido resueltas, por lo menos dentro del conocimiento nuestro.

Además en el caso concreto de esta acción de desahucio Administrativo, hay que decir que no emana de ninguna orden judicial, el mismo fue ordenado sin fundamento por la hoy ex Ministra de Seguridad Jeanina Del Vecchio, mediante una resolución administrativa sin sustento legal, ni en los hechos, emitida el día tres de marzo, turbiamente 9 horas antes de que alguien le solicitara su intervención en el edificio de SINTRAJAP. Este atropello de la policía deja muy claro la violación del debido proceso, y el carácter político y no legal de esta acción ejecutada hoy brutalmente por la fuerza pública y los actos de corrupción que hemos venido denunciando permanentemente.

El acto cometido hoy, es lo más parecido que hemos visto a un acto delincuencial, porque si todo está en orden porque no lo hicieron de forma normal, en horas de oficina y con una notificación como corresponde. Evidentemente no hay transparencia en lo que hacen y por eso tienen que usurpar nuestras instalaciones con violencia y como ladrones en horas de la madrugada, una muestra más de su miedo ante el repudio cada vez más creciente de los trabajadores y la comunidad Limonense ante todos los abusos, atropellos y entrega que han cometido en contra de los trabajadores, JAPDEVA, el pueblo de Limón y Costa Rica.

Hoy alzamos nuestra voz con dignidad, para denunciar un atropello más en contra de la ley, la autonomía, la institucionalidad y la democracia. Un nuevo acto espurio promovido desde Casa Presidencial para arrebatarnos los puertos que son de todos los costarricenses y entregárselos a empresas privadas transnacionales para que se enriquezcan más, a costilla del país, el pueblo limonense y los trabajadores.

Hacemos un nuevo llamado a todos y todas, organizaciones sociales, trabajadores y ciudadanía en general para que despertemos y hagamos conciencia de que estamos perdiendo Costa Rica y los nuevos filibusteros nos atacan con armas mediáticas muy bien manipuladas y con la fuerza bruta y desproporcionada, aprovechándose de los aparatos del estado; que evitan que nos unamos para luchar. Debemos continuar pronunciándonos, organizándonos y luchando para detener todas las arbitrariedades que se están cometiendo en contra del pueblo costarricense.

SÍ AL FORTALECIMIENTO DE JAPDEVA Y AL DESARROLLO DE LIMÓN, NO A LA CONCESIÓN-PRIVATIZACIÓN DE LOS PUERTOS COSTARRICENSES

Lic. RONALDO BLEAR BLEAR
SECRETARIO GENERAL

LIROY PÉREZ PÉREZ
SECRETARIO DE PRENSA

Limón, 26 de mayo del 2010


Caricatura El Roto

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Peligro para la paz social

• El Frente Amplio alerta: Decreto Ejecutivo autoriza uso de armas prohibidas a los cuerpos policiales para reprimir huelgas y manifestaciones populares

En La Gaceta Nº 219 de hoy, 12 de noviembre del 2008, se publicó el Decreto Ejecutivo Nº 34850-MSP, que reforma el Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos. Este decreto, firmado por el Presidente de la República y la Ministra de Seguridad Pública, agrega un nuevo artículo 19 al citado reglamento que dice:

"Artículo 19.-Autorización especial para el uso de las armas prohibidas. Se autoriza expresamente el uso de armas prohibidas descritas en el artículo 25 inciso a) de la Ley, a los miembros de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en aquellas situaciones en que por las circunstancias excepcionales requieran el manejo de las mismas, sea en operativos policiales previamente planificados o para el resguardo de personas, bienes o cuando así lo requiera el servicio, caso o situación, que ameriten la utilización de ese tipo de armas. La designación de las armas prohibidas descritas quedará a cargo del Jefe de la Unidad Policial donde se encuentre destacado el servidor, mismo que deberá de contar con el adiestramiento necesario en el uso de este tipo de armas de fuego, para lo cual se llevarán los controles correspondientes." (Énfasis agregado)

Esta norma pretende reglamentar lo dispuesto en los artículos 25 a), 24 y 29 de la Ley de Armas y Explosivos, Nº 7530.

El artículo 25 inciso a) establece que son armas prohibidas las siguientes:

"a) Las que, con una sola acción del gatillo, disparan sucesivamente (en ráfaga) más de un proyectil, como ametralladoras, fusiles ametralladoras, subametralladoras y pistolas-ametralladoras.

Igualmente, tienen ese carácter los fusiles y las carabinas semiautomáticas, cuyo cargador de munición tiene capacidad superior a diez tiros, excepto las armas de ignición anular."

A su vez el artículo 24 prohíbe que los cuerpos policiales utilicen armas prohibidas, salvo cuando el Poder Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo autorice el uso de las armas indicadas en el artículo 25 cuando se trate de "circunstancias excepcionales". Dice esta norma:

"ARTÍCULO 24.- Autorización especial.

Los miembros del Organismo de Investigación Judicial, los agentes de vigilancia de la Dirección General de Adaptación Social, los oficiales de tránsito y los oficiales de migración, únicamente podrán utilizar armas permitidas.

En casos excepcionales, el Poder Ejecutivo podrá autorizar, mediante reglamento, a las autoridades indicadas que usen, en el ejercicio de sus funciones, las armas prohibidas clasificadas en el artículo 25 de esta ley.

Los miembros de la Guardia Civil, de la Guardia Rural y los demás miembros de la Fuerza Pública deberán utilizar las armas clasificadas como permitidas. Cuando el servicio lo amerite y en situaciones excepcionales, el Poder Ejecutivo, debidamente fundamentado y mediante decreto, autorizará a esas autoridades el uso de armas prohibidas para el ejercicio de sus funciones."

Estos dos artículos deben relacionarse con lo dispuesto en el artículo 29 de esta misma ley, el cual establece una medida de protección muy importante para evitar abusos de las fuerzas represivas del Estado en contra de la población costarricense que ejerce su derecho a la huelga y a realizar manifestaciones públicas:

"ARTÍCULO 29.- Empleo de armas en huelgas o manifestaciones.

Cuando intervengan en huelgas o manifestaciones en el ejercicio de sus funciones, no podrán portar armas prohibidas ni utilizarlas la Guardia Civil, la Guardia Rural, la Policía de Fronteras, la Policía encargada del control de drogas, las unidades especiales de intervención de la Presidencia de la República y las reservas de esas fuerzas policiales.

Cuando lo disponga el Presidente de la República, estos cuerpos de Policía podrán usar armas prohibidas; pero, en ningún caso, podrán utilizar gases, compuestos químicos, virus ni bacterias tóxicas o letales, que produzcan consecuencias físicas o mentales irreversibles."

Sin embargo, después de revisar las normas citadas de la Ley y la reforma reglamentaria realizada por el Poder Ejecutivo, podemos concluir lo siguiente:

1.- El Poder Ejecutivo está abusando de su potestad de reglamentar las leyes, al exceder y contradecir los límites fijados en la Ley de Armas y Explosivos. La autorización contenida en el nuevo artículo 19 para el uso de armas prohibidas por las fuerzas policiales es demasiado abierta. Aún concediendo que el Poder Ejecutivo pueda hacer tal cosa mediante una norma general (reglamento aprobado mediante decreto ejecutivo) y no mediante un acto específico para cada caso concreto, la ley habla de "situaciones excepcionales" que deben quedar claramente delimitadas en el acto de autorización.

Es decir, el Poder Ejecutivo debe justificar cuales son esas situaciones excepcionales y eso no se hace en este caso. Por el contrario, el reglamento otorga una autorización totalmente abierta "cuando así lo requiera el servicio, caso o situación" para "proteger bienes o personas". Mediante esta fórmula amplísima puede entrar cualquier caso, a criterio del jefe policial respectivo.

En síntesis, lo que está haciendo el Poder Ejecutivo mediante este reglamento es delegar en los jefes de las unidades policiales una competencia que la ley expresa y exclusivamente le confiere a dicho poder de la República. Pues, estos jefes policiales podrán decidir a su antojo cuando se justifica el uso de armas prohibidas.

2.- Mucho más grave aun, el reglamento no excluye el supuesto previsto en el artículo 29 de la ley, en caso de huelgas y manifestaciones populares. Por lo tanto los jefes policiales podrían estimar que también en estos "casos" o "situaciones" se justifica el uso de armas prohibidas. Por ejemplo para proteger "los bienes" de la parte patronal en el caso de una huelga.

Sin duda nos encontramos ante una actuación arbitraria e inconstitucional del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza que el Gobierno del Premio Nobel de la Paz pretenda abrir "portones" legales como este para reprimir violentamente a la población, permitiendo que los jefes de los cuerpos policiales decidan por su cuenta el uso de armas de grueso calibre para reprimir a ciudadanos y ciudadanas que ejercen su derecho a la huelga o se manifiestan públicamente contra las políticas del Gobierno.

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