Álan García quiere tropas de EE.UU. en Perú para lucha contra narcotráfico

En una entrevista realizada para un canal de televisión internacional, el presidente de Perú, Álan García, afirmó que permitirá el ingreso de tropas del Ejército estadounidense a su país para ayudar a combatir las drogas. Expertos en el tema del narcotráfico afirman que García pretende esconder la ineptitud de sus políticas este flagelo con estas declaraciones.

El presidente de Perú, Álan García, aseguró que si Estados Unidos (EE.UU.) decidiera instalar tropas en su país para el combate contra el narcotráfico lo permitiría, pues en temas "humanos y universales" no toma en cuenta la soberanía o el patriotismo, reseñó este lunes la prensa local.

''En todos los temas que sean humanos y universales, yo no hago cuestión de soberanías y patriotismo, es decir, si los estadounidenses quisieran poner tropas de entrenamiento, como tienen helicópteros y entrenadores de satélite y de comunicaciones aquí, en buena hora", dijo García en entrevista con un medio de comunicación internacional, y que fue reseñada en parte por el periódico peruano La Primera con el titular: 'García quiere un ''Plan Colombia'' para el Perú'.

El jefe de Estado agregó que la ayuda que en esta materia proporciona el Gobierno de Barack Obama es insuficiente, razón por la cual estaría dispuesto a recibir a soldados del país del norte.

''Yo dije una vez al presidente Obama: la culpa es suya porque usted ha puesto todo el dinero en Colombia con el Plan Colombia, mientras en el Perú ha puesto cero", expresó.

En respuesta, el ex parlamentario Javier Diez Canseco afirmó para el rotativo peruano que García pretende instalar bases militares de Estados Unidos (EE.UU.) en el país para emular al Plan Colombia.

Añadió que el jefe de Estado peruano hace mucho tiempo intenta acercarse a Washington, para lo cual aprovecha la situación que se generó por el fallo de la Corte Constitucional colombiana, que declaró inexequible el acuerdo para la instalación de siete bases militares norteamericanas en ese país.

"Hace tiempo que García está detrás de un entendimiento con EE.UU. que busca instalar una base militar en la Amazonia, más cerca de Brasil, y para ello aprovecha la situación creada por el fallo de la Corte Constitucional colombiana, que declaró ilegal la presencia de las bases militares en ese país", explicó.

El presidente de la Corte Constitucional de Colombia, Mauricio González anunció el pasado 17 de agosto la resolución de ese tribunal: el acuerdo para la instalación de siete bases militares estadounidenses en ese país debe ser devuelto al Presidente de la República, Juan Manuel Santos, para su corrección y posterior entrega al Congreso.

En julio último, el magistrado Jorge Iván Palacios introdujo una ponencia en la cual acusaba al anterior Gobierno colombiano de haber excedido sus funciones por haber dado el visto bueno al aumento de la presencia militar estadounidense.

El ex jefe de Estado, Álvaro Uribe, no le dio continuidad a otro pacto que había sido firmado con EE.UU. y que se encontraba vigente en Colombia.

El acuerdo para la instalación de las siete bases fue firmado en 2009 por el ex canciller, Jaime Bermúdez y el embajador de EE.UU. en Bogotá, William Brownfield.


MOTIVOS ECONÓMICOS

Diez Canseco indicó, en referencia al comentario que García hizo sobre la poca inversión de EE.UU en Perú, que una de las motivaciones que llevó al Presidente a realizar estas declaraciones es que está en la búsqueda de financiamiento para las Fuerzas Armadas y la Policía del país, luego de que fuera ampliamente rechazada la modificación del régimen pensionario.

El parlamentario peruano consideró que la lucha que se ha librado en Perú en contra del narcotráfico en estos cuatro años ha sido un total fracaso, sin resultados en áreas específicas como el lavado de dinero y la impunidad de los jefes de los carteles de droga, que tienen cada vez mayor presencia política en el país.

Por su parte, el experto en temas de narcotráfico, Jaime Antezana, afirmó que García pretende disfrazar su ineptitud ante la lucha contra las drogas a través de propuestas pomposas que no llevarán a nada.

Agregó que en Perú hay una gran presencia militar estadounidense y en la actualidad existen tres bases para combatir el narcotráfico: Santa Lucía, Almapampa y Mazamari.

En marzo pasado en costas peruanas ancló el Carl Vinson, el segundo portaaviones más grande de la marina de EE.UU., que arribó para una "misión de cooperación", pese a que expertos en temas militares sostienen que la visita tiene otros propósitos.

En ese momento, el ex ministro de Defensa de ese país, Roberto Chiabra, opinó que la presencia de esa embarcación se debe a que Estados Unidos se percató de que estaba perdiendo presencia en la región.

"Vemos nosotros que Estados Unidos se debe haber dado cuenta que en la región está perdiendo fuerza. Desde el momento que se está creando la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) sin la presencia de ellos y un Consejo de Defensa Suramericano, lo que están buscando es un acercamiento a la región", afirmó.


Fuente: TeleSUR

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Perú: Colmillos del perro del hortelano

Por Javier Diez Canseco*

Escindido y excluyente, el Perú volvió a estallar. La orden de García y su gabinete de desalojar –a sangre y fuego– a los nativos que ocupaban Corral Quemado y las zonas aledañas de la carretera Fernando Belaunde desató una cruenta ola de violencia. Tropa de choque, vehículos blindados y helicópteros, que lanzaban lacrimógenas y tiros, encendieron el fuego. Rápidamente corrió de los caseríos a Utcubamba y Bagua Chica, hasta la estación de bombeo # 6, donde 38 policías estaban retenidos. El balance es incierto, pues los cadáveres habrían sido echados al río, pero sabemos que decenas de nativos, civiles y policías han muerto, sus familias los lloran sin poder recuperarlos, y viejas cicatrices se reabren.

Cual cruzado medieval contra los infieles, García decidió poner fin a la demanda indígena que –con gran firmeza– enfrenta su plan de lotizar la Amazonía a favor de grandes extractores de materias primas y avasallar los derechos de las comunidades y al medioambiente.

Ahora, psicóticamente, es un complot, hasta internacional, una manipulación de nativos ignorantes. Pero García había advertido sus planes a las comunidades y pequeños propietarios rurales en “El Perro del Hortelano”. En octubre del 2007, identificó modernidad y progreso con gran inversión y transnacionales. Señaló: La inversión “necesita propiedad segura (de tierra), pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir”. Fue categórico: “La demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú”. Y recalcó: “…en todo el Perú (hay) tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero”. Más claro ni el agua: la propiedad de los pobres “es aparente” e inútil por falta de capital. La propiedad real, que el Estado debe imponer: la gran propiedad.

Con las facultades legislativas que el Congreso le delegó para “adecuar la legislación al TLC-EEUU”, inescrupuloso y mañoso, creyó encontrar la oportunidad para imponer su visión revelada. Lanzó una ofensiva contra las comunidades y la Amazonía con decretos legislativos (DL) inconsultos (violando el Convenio 169 de la OIT y otros) y provocó la reacción de los pueblos amazónicos. El afán de negociación fue inútil hasta que en agosto del 2008, con una huelga, arrancaron la derogatoria de dos DL y la revisión de otros. Regresaron la mecedora y el engaño. El 9 de abril se desató la segunda huelga. Pero ahora, el Congreso jugó con García y frustró la discusión y aprobación de sus mismos dictámenes por derogar los DL antiamazónicos. Entre tanto, Simon jugaba al “diálogo” y la mecedora, buscaba desconocer a los líderes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y preparaba la represión.

El gobierno sabía que mucha gente de la zona era ex combatiente del Cenepa, reservista o rondero. Los nativos advirtieron que en esta lucha se les iba la vida, aunque no querían violencia. Movilizados masivamente, buscaron negociaciones diversas e infructuosas. Pero García presionaba al gabinete y a Cabanillas para acabar la protesta. Así nació la torpe operación del “día del medioambiente” –ahora supuesta respuesta a un complot– que, con las primeras muertes, desató las iras más hondas, los resentimientos más profundos y una cruenta y cruel sucesión de muertos y heridos. La condenable e inaceptable ejecución de policías detenidos y maniatados en la Bomba #6 revela que hay sectores que –sin dirección– pueden dar rienda suelta a toda clase de demonios.

Se persigue y descabeza la dirección de las comunidades nativas, Aidesep, lo que agudizará el caos y la respuesta desarticulada, mientras el mismo Presidente de la Corte Suprema denuncia la presión política sobre el PJ.

La situación ha convocado una Jornada Nacional de Lucha el 11 de junio y varios paros y movilizaciones regionales. Urge una salida: 1) El gobierno debería declarar temporalmente inaplicables (“vacatio legis”) los DL objetados, mientras el Congreso procesa las demandas de inconstitucionalidad y derogatoria; 2) El Congreso debiera colocar los temas en agenda y resolver, sin evadir su responsabilidad; 3) El gabinete Simon-Cabanillas debe irse y asumir su responsabilidad política en esta sangría; 4) Convocar a una investigación internacional de lo ocurrido, dadas las denuncias de Villa Stein sobre las presiones politicas al PJ, la ilegitimidad del Congreso y del Ejecutivo; 5) Nombrar una Comisión mediadora: quizás la defensora del Pueblo, los obispos amazónicos y Salomón Lerner (CVR); 6) Cesar la persecución a los dirigentes indígenas nacionales en Lima y levantar el Estado de Emergencia y toque de queda.

García, el gran responsable –que repite su brutal manejo de la revuelta de los penales de junio 1986–, debe irse. Y nosotros refirmarnos en una Constituyente que reconozca al Perú plurinacional y defienda sus recursos naturales, entre otros cambios, para refundarlo.

Publicado en La República, 08 de junio de 2009


*Político y sociólogo peruano



Fuente ALAI


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Perú: Razón del Derecho y Sinrazón del Gobierno

Por Bartolomé Clavero*

Tras diversos informes en los que la Defensoría de Pueblo del Perú venía dictaminando la ilegitimidad de la política del Gobierno durante los últimos tiempos que no sólo viene ignorando la obligación contraída internacionalmente de consultar con los pueblos indígenas para cuantas medidas les afecten, sino que también ha venido desmantelando por una serie de decretos legislativos el ordenamiento que ya existía en Perú a dicho efecto, el jueves cuatro de junio la misma Defensoría acaba de interponer ante el Tribunal Constitucional una bien fundada demanda de inconstitucionalidad contra uno de los principales entre dichos decretos.

Estos mismos días el Congreso de la República había de votar el dictamen de su Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas, cuyo dictamen también ha sido adverso para el mantenimiento en vigor de dichos decretos. El Gobierno reacciona provocando una masacre de indígenas el viernes cinco de junio.

Por dicha política, el Gobierno también ha podido empezar a sentirse contra las cuerdas en el ámbito internacional o al menos en el sector que interesa a los derechos de los pueblos indígenas. En febrero de este año el Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo le dirigió sus observaciones críticas al respecto instándole, frente a la regla usual de informes periódicos, a que respondiera con urgencia, lo que viene eludiendo.

En su sesión de la segunda mitad de mayo, el Foro Permanente de Naciones Unidas sobre las Cuestiones Indígenas apreció la novedad de dicho procedimiento de urgencia en la supervisión de obligaciones internacionales para casos tan flagrantes. Además de organizaciones indígenas y organizaciones no gubernamentales que transmitieron su preocupación, a esta sesión del Foro asistieron la Presidenta de la Comisión Multipartidaria, Gloria Ramos, y la diputada Hilaria Supa, quienes estuvieron informando. Concluida la sesión, el martes dos de junio la Presidenta del Foro Permanente, Victoria Tauli-Corpuz, hizo público un comunicado manifestando alarma e instando al Gobierno del Perú a la rectificación.

La masacre del día cinco es una masacre anunciada y no se sabe si buscada. Ante el empecinamiento del Gobierno, la movilización amazónica paraliza instalaciones de industrias extractivas cuyo establecimiento no ha sido consultado y bloquea las vías de comunicación entre ellas y con el exterior. El Gobierno no se aviene a razones, a las razones de la Defensoría del Pueblo, de la Comisión Multipartidaria del Congreso y del Comité de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Opta el Gobierno por el conflicto. Incrementa la militarización de la zona.

El viernes ocho de mayo decreta la suspensión de las libertades personales y los derechos políticos en la zona amazónica, no esperando siquiera para aplicar el decreto al debido requisito de la publicación oficial que se produce con toda urgencia al día siguiente. La Constitución de tiempos de Fujimori, que es la que sigue en vigor, facilita este género de cosas. Teniendo perdidas las razones todas del derecho, opta por la sinrazón del conflicto violento. Espera suscitar el temor y, si es necesario, derramar la sangre que desanime a quienes optan en cambio por los caminos del derecho.

No nos limitemos a indignarnos ante la masacre. Enarbolemos las armas justas del derecho. Exijamos el juicio de sus responsables. Cuando inició con verdadera determinación su nefanda política de cara a los pueblos amazónicos, el Presidente del Perú, Alan García, calificó a los indígenas como “perros del hortelano”, perros que, como reza el refrán clásico español, ni comen ni dejan comer, esto es, ni disponen ni dejan disponer de sus territorios y recursos.

Para el supremacismo criollo, ya se sabe que es puro desperdicio el manejo indígena de los propios territorios y recursos. Toda la implicación de ese apelativo de perros viene presidiendo una política con el consecuente propósito de reducir a ultranza el hábitat indígena y a la población indígena misma, incluyendo expulsiones de pueblos, particularmente de aquellos que resisten en aislamiento voluntario.

Júzguese a la luz de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio y del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Son palabras reconozco que mayores, precisamente a la altura de la gravedad no sólo de una masacre concreta, sino también de toda la política para la que la misma es tan sólo un episodio.


*Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas


Fuente Bartolomé Clavero




Más: MASACRE EN LA AMAZONIA Centro de Medios Independientes, Perú

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Perú: Represión contra pueblos originarios

"estas personas no son ciudadanos de primera clase".

Alan García, Presidente de Perú

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