El Gobierno puede perfectamente frenar la minería en Crucitas

El pasado 27 de julio el Poder Ejecutivo comunicó su negativa a derogar el Decreto Ejecutivo que declara de Conveniencia Nacional el Proyecto minero en Las Crucitas, solicitud exigida desde hace dos años por una multitud de organizaciones, entidades científicas, académicas, municipios y colegios gremiales para detener el proyecto minero de Crucitas, argumentando que la Sala IV lo ha dado por válido y aduciendo que el país se expone a una millonaria demanda por parte de la empresa Industrias Infinito.

Ante esta actitud, estas mismas organizaciones sociales y ambientales, centros de investigación, especialistas de las principales universidades, dirigentes de diversos partidos políticos, así como representantes de las comunidades afectadas por la actividad minera, manifestamos a la opinión pública lo siguiente:

1. La concesión otorgada por el gobierno del Presidente Oscar Arias a la empresa Industrias Infinito, mediante resolución No. 217-2008-MINAE del 21 de abril de 2008, es absolutamente nula, por cuanto se emitió estando vigente la moratoria minera decretada el 5 de junio del 2002 por la Administración de del Presidente Abel Pacheco.

2. Esta moratoria estuvo vigente hasta el 4 de junio del 2008 (un mes después de otorgada la concesión), cuando se publicó en La Gaceta el decreto No. 34492-MINAE de 18 de marzo de 2008, emitido por el gobierno del Presidente Arias con el fin de derogarla.

3. Por lo tanto, es absolutamente falso que el Estado no puede derogar el Decreto Ejecutivo, ya que no existen derechos adquiridos consolidados por la empresa minera. Tampoco es cierto que se tendría que indemnizar a la compañía minera con $1.700 millones, como lo afirmara el Vicepresidente Alfio Piva en los medios de comunicación de manera totalmente prematura, infundada e imprudente.

4. La minera no puede alegar derechos adquiridos fundamentándose en un acto absolutamente nulo e ilegal de la Administración anterior. Además, de acuerdo con las sanas prácticas jurídicas y políticas, no corresponde a una autoridad de Gobierno adelantar criterio sobre el monto de una eventual indemnización. Lo que si corresponde es que el Gobierno tenga siempre presente que, como administrador temporal de los bienes del Estado, debe proteger para el momento presente y futuro la calidad de vida y la calidad ambiental de las personas que viven y vivirán en el territorio costarricense.

5. El Vicepresidente Piva ha reconocido que el proyecto minero de Crucitas conllevará serios impactos ambientales para nuestro país, y doña Laura Chinchilla ha manifestado que su Gobierno no promoverá la minería metálica a cielo abierto. Por lo tanto no hay razones jurídicas, ni técnicas, ni de oportunidad política para mantener el decreto que declara este proyecto de “interés público y conveniencia nacional” emitido por el Gobierno anterior y que sustenta la concesión otorgada.

6. La Presidenta Laura Chinchilla puede perfectamente derogar dicho decreto, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo estudia la validez o no de la concesión otorgada a la empresa minera; ninguna de estas dos acciones guardan relación y competen a órganos distintos. El Gobierno puede además iniciar con la sociedad costarricense la búsqueda de alternativas reales para las comunidades de la Zona Norte, en consonancia con el modelo de desarrollo sostenible que pregona nuestro país.

7. El decreto de conveniencia nacional e interés público NO cuenta a la fecha, ni previo a su dictado con un estudio y un expediente expreso ante la Presidencia y el MINAET donde se fundamente y demuestre que lo social está sobre el costo ambiental en un balance nacional conforme lo exige la Ley Forestal; aspectos que incluso trascienden un simple estudio de costo beneficio para un proyecto en concreto. El decreto relacionado no tiene un fundamento técnico-jurídico donde señale en qué se fundamentó y, además, solo establecen posibles ingresos en impuestos y posibles fuentes de trabajo y talas de árboles de especies vedadas. No contemplaron los costos ambientales y sociales reales del proyecto minero, en el bosque, la biodiversidad, el suelo, el paisaje, las aguas superficiales, los acuíferos y, en particular, en el enorme riesgo que implica un proyecto de minería química, que utilizará 5 millones de kilogramos de cianuro y otras sustancias peligrosas en un área fronteriza de alta vulnerabilidad ambiental y social, que podría tener serias y muy costosas consecuencias internacionales. Aspectos que debieron haberse expuesto y que por ahora se discutirán en el contencioso, pues sépase que lo que la Sala expresó al respecto en voto de mayoría es solo una (mala) interpretación pero no selló el punto.

8. El Gobierno de doña Laura Chinchilla debe ser consecuente con su política de no promover más proyectos de minería metálica a cielo abierto, y actuar anteponiendo los intereses nacionales por encima de los intereses económicos de una empresa extranjera, dedicada a una actividad que, según las últimas encuestas, es repudiada por el 90% de la población nacional.


Firmantes:

Dr. Rafael Arce Mesén, geógrafo, docente-investigador, UCR; M.Sc. Mario Arias Salguero, hidrogeólogo, CIG, UCR; Dr. Allan Astorga, geólogo, UCR; M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, Bióloga, (PROGAI; y 20 académicos y universitarios más por “Llamado Urgente por el País” (http://llamadourgenteporelpais.blogspot.com), y numerosas entidades científicas, ecologistas y personalidades políticas que suscriben este texto.


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