Para bajar los precios de los medicamentos

Por José María Villalta Florez-Estrada*

Los medicamentos son un bien esencial para la vida, pero el precio es fijado antojadizamente por las compañías farmacéuticas, intermediarios y comercializadores.

El Estado tiene la obligación de proveer los medicamentos a la población a través del servicio que presta la Caja Costarricense del Seguro Social, sin embargo, la última Encuesta Nacional de Hogares revela que las familias gastan cada vez más en la compra de medicamentos en las farmacias.

En nuestro país, los precios de las medicinas se liberaron en 1994, en un contexto de reformas estructurales de carácter neoliberal, que pregonaban la eliminación de cualquier intervención del Estado en la economía.

Quince años después podemos constatar que la mano invisible no rindió los frutos esperados. Es evidente que la decisión política de dejar sin controles ni regulaciones la fijación de los precios de los medicamentos no ha generado beneficios para la población.

La falta de control de precios sobre las medicinas ha permitido que en el país se venda el mismo producto con diferencias abismales de precio. La loratadina, un antialérgico que tenía un costo por caja de ¢16.851 en una farmacia, en otra se comercializaba a ¢29.400 colones, según un estudio elaborado en junio de 2009 por el Ministerio de Economía Industria y Comercio, en 74 farmacias del área metropolitana. El costo del omeprazol, un antiácido que en algunas farmacias costaba ¢226 por unidad en otras quintuplicaba su valor, hasta llegar a los ¢1.006 por unidad.

El estudio reveló diferencias descomunales en los precios de los mismos medicamentos en farmacias distintas, que oscilan hasta en un 243% para medicinas originales y 472% para genéricas.

Ante esta situación, el Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley con el objetivo central de restablecer un mecanismo permanente de control, regulación y fijación de precios de los medicamentos en el mercado nacional, a través de la determinación de márgenes de utilidad, fijación específica de precios y otros mecanismos similares.

Para ello, se propone reformar la legislación vigente, dotando al Estado de las herramientas necesarias para frenar los abusos en la fijación de precios que afectan a la población.

La regulación de los precios de las medicinas es plenamente conforme con nuestro ordenamiento constitucional, que incluye la potestad del Estado de intervenir en la economía para procurar “el mayor bienestar a todos los habitantes del país” (artículo 50 de la Constitución Política).

El control del precio de los medicamentos es una medida recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisamente porque las medicinas no se pueden reducir a su condición de bienes de mercado, dado que forman parte de las condiciones indispensables para garantizar el cumplimiento del derecho humano a la salud.

La gran mayoría de países desarrollados en la actualidad establecen algún tipo de regulación de los precios de los medicamentos. Los mecanismos utilizados varían, pero, de una forma u otra lo hacen Australia, Gran Bretaña, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Holanda, España y Suecia. Gran Bretaña impone límites a las ganancias. Francia establece un techo al total de gastos en medicamentos. Japón fija precios de reembolso para nuevos medicamentos.

No existe justificación alguna para que un Estado Social de Derecho como Costa Rica no aplique regulaciones básicas sobre los precios de las medicinas, salvo el dogmatismo ideológico o los jugosos negocios de algunos a costa de la salud de las grandes mayorías.

Ante la urgente necesidad de garantizar el acceso a las medicinas para la población costarricense y adoptar medidas efectivas para proteger su derecho humano fundamental a la salud, solicitamos a las y los compatriotas apoyo para este proyecto de ley, que el Frente Amplio ha presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa.


*Diputado del Frente Amplio



Fuente La Prensa Libre

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