Una Constituyente en Costa Rica, ¿para qué?, ¿para quiénes?

Por Gerardo Cerdas Vega *


Bolivia y Ecuador han vivido, en los últimos años, procesos de movilización y lucha popular encaminados a derrocar a los gobiernos neoliberales que sumieron a esos países en las peores crisis económicas y sociales de toda su historia.

Esos procesos de lucha popular, siguiendo caminos específicos según la historia y correlación de fuerzas políticas dentro de cada sociedad, desembocaron en el establecimiento de nuevos gobiernos (Evo Morales y Rafael Correa), que a su vez se hicieron eco del clamor nacional convocando a sendas Asambleas Nacionales Contituyentes.

La intención política de fondo en ambos casos, muy especialmente por parte del pueblo movilizado, fue superar el atraso económico, político, social y cultural en el que siglos de dominación colonial y oligarca sumieron a esos países, agravado sobremanera por los gobiernos de signo neoliberal que en las últimas dos décadas y media detentaron el poder.

La superación del neoliberalismo y de todas las formas de poder corruptas heredadas desde la colonia, aparece como una prioridad en ambos casos, abriendo un nuevo capítulo para el ejercicio de la ciudadanía para amplias masas de la población que, desde siempre, sufrieron la exclusión en sus peores formas.

El caso de Venezuela es diferente aunque tiene la misma causa, es decir, los abusos que por décadas cometieron las clases gobernantes, en especial una vez que se asentó la "petroleocracia" venezolana, llevaron a una creciente impopularidad de los partidos y gobiernos de la derecha retrógrada de aquel país; esto, sumado a la miseria y brutal exclusión que padecían millones de seres humanos en Venezuela, fue creando las condiciones para que un nuevo gobierno (a partir de 1998), encabezado por Hugo Chávez Frías, haya iniciado un complejo, a veces contradictorio pero en general fructífero proceso de transformaciones sociales, económicas y políticas en nuestro hermano país, que han cambiado su rostro de forma tan significativa, que nadie hubiera podido imaginarlo apenas diez años atrás.

En Venezuela, la movilización popular también ha sido y es fundamental para defender los avances de la nueva Constitución y de las nuevas leyes y programas sociales, frente al acoso, mentira e intervencionismo descarado de los Estados Unidos y los grupúsculos oligarcas de aquel país.

En estos tres casos, el elemento común ha sido, pues, la creciente movilización popular y la emergencia de proyectos políticos alternativos que presionan por la transformación de las viejas reglas que permitieron el usufructo del poder por pequeñas élites enriquecidas a costas de las grandes mayorías indígenas, obreras, campesinas y de múltiples sectores sociales cuya voz y derechos nunca fueron prioridad para aquellas clases gobernantes.


Sobre la propuesta del actual gobierno de Costa Rica de convocar una Asamblea Nacional Constituyente

El pasado 1º de diciembre, el Ministro de la Presidencia y lugarteniente del gobierno, Rodrigo Arias Sánchez, declaró a La Nación que el gobierno tiene lista una propuesta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, cuyas diez áreas prioritarias, cronograma y mecanismos de funcionamiento ya están avanzados y definidos por su gobierno (mejor dicho, por algunas personas "muy cercanas" al gobierno).

La propuesta es que la nueva Constitución Política resultado de dicho proceso esté lista en el 2011. A su vez, declaró su deseo de ser presidente del país a partir del 2014. De esta forma, el gobierno de Costa Rica parece estar poniéndose "a tono" con el contexto de transformaciones que tienen lugar en la región, pero como veremos, se trata de una propuesta conservadora que se quiere aprovechar de la tendencias surgidas desde la izquierda en distintos países del área, vistiendo así un ropaje aparentemente democrático para echar a andar reformas antidemocráticas.

Así, esta "propuesta" es alarmante. Lo es, porque se trata de un claro intento desde arriba, desde la cúpula del poder, por borrar de la Constitución y de la institucionalidad del país todo aquello que se contraponga, obstaculice o retrase la puesta en práctica de una visión de la política, la economía y, en general, de la sociedad, que favorece única y exclusivamente los intereses de la oligarquía y de las corporaciones transnacionales.

Es alarmante porque este gobierno, al igual que los que lo han precedido en el poder durante las últimas dos décadas, no han hecho sino profundizar cada vez más la aplicación del modelo neoliberal y es obvio que lo que pretenden es consolidar, a su favor, dicho modelo.

Han demostrado sistemáticamente que no gobiernan para las grandes mayorías sino para grupos de poder económico cada vez más enriquecidos en un país cada vez más desigual, violento y empobrecido, en el cual la solidaridad y el bien común dejaron de ser, hace mucho tiempo, orientaciones o puntos de partida para el ejercicio político para quienes se aferran al poder cuidando de sus intereses, los de sus empresas y los de las empresas de sus socios y allegados.

Lo que el des-gobierno de los Arias Sánchez, y quienes interesadamente lo apoyan, está pensando, es en una Constitución Política que potencie y proteja lo que lograron imponerle al país, con mentira, miedo y amenaza, con el TLC. ¿O es que de pronto va a ser tocados por no sabemos qué espíritu justiciero, por no sé qué ideales de igualdad y fraternidad, etc.? No.

Cuando hablan de recuperar la gobernabilidad, lo que quieren decir es: "estamos hartos de un país donde no podemos hacer lo que nos da la gana de la forma en que nos da la gana". De lo que están hartos es incluso de guardar las apariencias democráticas.

Un gobierno que solo se ha dedicado a montar sus negocios y a montarle negocios a sus amigotes (al igual que lo hicieron el anterior, y el anterior, y el anterior, y el anterior.....), no va a hacer otra cosa, con la promulgación de una nueva Constitución, que proteger esos sacrosantos negocios cuyo beneficio social es inexistente pero que genera jugosas ganancias para unos pocos.

Es importante ser conscientes de una cosa: desde 1982, cuando llegó al gobierno el señor Luis Alberto Monge Álvarez, el marco jurídico y la institucionalidad costarricense, han sido modificadas de forma radical para favorecer la inserción de Costa Rica en la "globalización"; se destruyó la economía campesina y con ello perdimos nuestra soberanía alimentaria; se redujo drásticamente la inversión social en aras de los equilibrios fiscales y se favoreció ampliamente la privatización de los servicios públicos, tales como salud, educación, telecomunicaciones, seguros, banca, etc.; los sindicatos fueron perseguidos y destruidos y la flexibilidad y precariedad laboral se afinca cada día más en todas partes (tanto en el sector privado como en el mismo sector público); se fomentó la inversión extranjera por sobre la inversión productiva, el crédito productivo y el ahorro nacionales; la actividad económica se orientó hacia la exportación y nos hicimos dependientes de la importación hasta de lo más básico: el arroz y los frijoles; se ha tolerado y favorecido la extranjerización de la tierra y la destrucción del medio ambiente para favorecer la industria turística sin que el país obtenga algo a cambio, etc., etc.

En síntesis, la "reforma del Estado" impulsada en todos estos años no hizo sino crear las condiciones para una nueva dinámica de acumulación de capital cuyos ganadores y perderores ya conocemos.

Por lo tanto, no nos engañemos. ¿Para qué y para quiénes se formula hoy, desde las cúpulas del poder que nos han llevado a la crisis actual, un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente? ¿Para generar las condiciones que hagan posible un mejor país, inclusivo, donde se respeten e integren tanto los derechos individuales como colectivos y se reconozcan plenamente los derechos de las minorías? ¿Para garantizar el acceso universal y de calidad a los servicios sociales, no solamente a los básicos, sino en el sentido amplio del concepto? ¿Para garantizar a los que menos tienen una vida digna y la oportunidad de superar la pobreza a que los condena un modelo de sociedad estructuralmente excluyente, como el que tenemos hoy? ¿Para crear nuevas reglas que garanticen una democracia realmente participativa, donde entre otras cosas los gobernantes puedan ser revocados y todos los cargos públicos, incluyendo jueces y magistrados, sean de elección popular? ¿Para favorecer al pequeño y mediano productor nacional, en la ciudad y en el campo? ¿Para asegurar el pleno reconocimiento y ampliación de los derechos de los y las trabajadoras? No. Nada de eso. Y con certeza nada que ponga en riesgo los privilegios que hoy gozan los beneficiarios de este modelo, cuyas líneas maestras llevarán a rango constitucional para así tener bajo control completo la institucionalidad y la legalidad del país.

Lo que urge es un proyecto alternativo construido desde abajo y con verdadera participación popular

Es claro que Costa Rica necesita urgentemente cambios profundos, pero en una dirección muy diferente de la que pueden ofrecernos los planteamientos que provengan desde arriba, desde las cúpulas actuales de poder. Necesitamos un proyecto de sociedad alternativo, construido desde abajo y con verdadera participación popular.

Existen en nuestro país fuerzas sociales que han venido madurando sus capacidades políticas y organizativas. Por todo el país, frente a la apremiante realidad cotidiana, múltiples sectores hacen propuestas que pueden y deben ser integradas en un único proyecto, capaz de concitar el apoyo e interés de la ciudadanía, en aras de una profunda transformación del régimen político, que haga posible a su vez dar inicio a otros procesos de cambio en los ámbitos económico, social y cultural.

Pero necesitamos superar la fragmentación de nuestras fuerzas. La tarea es apremiante puesto que, tal como hicieron con el referendum del TLC, la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente seducirá a muchos y podemos caer en la trampa de nuevo.

El actual régimen electoral de Costa Rica es el propio de una democracia restrictiva, controlada por quienes detentan el poder. De muchas formas se puede engañar nuevamente a la población para que apruebe una nueva Constitución Política que no le favorece absolutamente en nada.

Los augurios de una "dictadura en democracia" -infausta frase célebre acuñada por un cierto "Premio Nobel de la Paz", no lo olvidemos-, nos han enseñado con claridad la desfachatez y autoritarismo con que éste gobierno ha procedido en los tres años de mandato que lleva.

En lugar de ello necesitamos construir alternativas, programáticas y organizativas, con vocación de poder, dispuestas por un lado a disputar a la oligarquía el control del aparato estatal y simultáneamente capaces de articular a las fuerzas sociales para, desde allí, promover aquellas transformaciones urgentes que el país requiere con vistas a un proyecto de poder popular. Ahí sí que tendría sentido la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, pero en el marco de una correlación de fuerzas que nos permita avanzar lo más posible una agenda de cambios para el pueblo y no para unos pocos.

De cara al 2010 no parece haber aún claridad sobre la composición orgánica de una alternativa. Creo que el PAC no es lo que necesitamos, puesto que se trata de una agrupación que juega el juego en el marco de las reglas actuales (y de ahí deriva su cuota actual de poder), sin propuestas capaces de trascender y cuestionar abiertamente la estructura del poder establecido. A largo plazo, el PAC no es la vía para un cambio profundo como el que necesitamos, aunque es posible que para el 2010 se presente como el partido con más opciones de disputar el acceso al poder formal.

Es vital por lo tanto ir más allá y reunir a las fuerzas de izquierda y progresistas que haya en el país, en todo su abanico complejo, y pedirles que superen sus históricas divisiones y rencillas; es vital reunir al movimiento sindical, al movimiento campesino, al movimiento comunal, al movimiento de mujeres, a los Comités Patrióticos y a toda la ciudadanía, organizada o no, que comparte el anhelo de una Costa Rica nueva, asentada sobre unas bases muy diferentes a lo que tenemos hoy día, para discutir y acordar un programa de articulación política y de gobierno que, desde su misma formulación, adelante las transformaciones a las que aspiramos.

No bastará, por otro lado, hacer una nostálgica defensa del "Estado Social de Derecho". Ese Estado ya no existe y, si alguna vez existió, no debiéramos olvidar que fue siempre una fachada para engañar a los incautos, pues en el fondo el Estado costarricense ha sido, desde su fundación, el instrumento que asegura las condiciones de acumulación para los dueños del capital.

Si bien fueron importantes y debemos protegerlas, las reformas sociales de los años cuarenta del siglo XX, aún son insuficientes si nos atrevemos a pensar en una sociedad realmente democrática. Así, necesitamos pensar nuevamente la cuestión del Estado pero en función de un proyecto político alternativo, desde los movimientos sociales y desde todos aquellos sectores políticos y ciudadanos que se sumen a dicha tarea.

Si algo está claro es que la historia nos está imponiendo la necesidad de crear algo nuevo, algo que no sea "calco ni copia", algo más que una superficial aplicación de maquillaje en la cara podrida del poder.

Viendo las cosas en perspectiva, tenemos que pensar en plazos de seis a diez años para consolidar ese proyecto, arrancando desde ahora; tiempo durante el cual debemos radicalizar todas aquellas luchas que eleven el nivel de consciencia y la capacidad organizativa de la población (luchas comunales, campesinas, sindicales, por la diversidad sexual, en defensa del medio ambiente, etc.). Simultáneamente, es necesario oponerse por todos los medios a las pretensiones gubernamentales de echar a andar esta Asamblea Nacional Constituyente a su imagen y semejanza.

En todo caso, debe ser un proyecto político que surja realmente desde abajo y que integre las aspiraciones de las grandes mayorías, pues esa es la única forma de construir un contra-poder realmente en capacidad de arrancar a la oligarquía el poder que hoy ejerce a su favor y de manera corporativa, para dárselo por primera vez en su historia al pueblo costarricense, para que se auto-gobierne de forma verdaderamente democrátiva e inclusiva.

El año 2009 verá la profundización de la crisis económica global y asimismo el resurgimiento de luchas sociales en todo el mundo, que expresarán el descontento popular de muchas formas. Todo esto abre una coyuntura propicia, tanto en el plano nacional como regional, para dar un renovado impulso a las luchas sociales, para apostar a la creación de alternativas desde abajo. Tanto en Costa Rica como el toda Mesoamérica y en el resto del continente, el escenario de transformaciones que tiene lugar debe llevarnos a una reflexión y a una praxis a la altura de los tiempos. La pregunta es si seremos capaces de dar ese salto cualitativo.

No permitamos que se nos imponga una Constitución amañada, hecha a imagen y semejanza del gran capital criollo y extranjero. Trabajemos en cambio por la construcción de una nueva Costa Rica, de una nueva Mesoamérica y de un nuevo mundo posible. Un mundo y un país "con todos y para el bien de todos", como dijo alguna vez José Martí.


*Coord. Grito de los Excluidos/as Mesoamericano


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