TLC plantea que protección de 20 años podría ser prorrogable
Con una eventual aprobación del TLC, las patentes de algunos productos podrían quedar protegidas por más de 20 años, que es el plazo actual, debido a que el acuerdo comercial plantea una prórroga para compensar retrasos en el otorgamiento por parte de las autoridades nacionales, lo cual es fuente de preocupación debido a la débil infraestructura que muestra la Oficina de Registro de Patentes.
La voz de alerta fue lanzada por el empresario Román Macaya durante el debate sobre propiedad intelectual realizado el pasado 6 de setiembre en Canal 13, cuando advirtió que los atrasos en el otorgamiento de una patente deben ser compensados por Costa Rica de una forma que el tratado no especifica con detalle, lo cual deja abierto un portillo legal.
Esta falta de definición preocupa al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica (UCR), Jorge Enrique Romero, quien dijo que el TLC "no dice ni cómo ni cuándo ni por cuánto" debe darse esa compensación.
"Eso sin duda es un problema, porque efectivamente queda a criterio de cada país la forma de compensación y, al no estar establecido el procedimiento, hay un desequilibrio que abre la posibilidad de una arbitrariedad por quedar abierto", explicó el abogado.
Precisamente, este es uno de los temas que Colombia renegocia actualmente con Estados Unidos, pues el país suramericano considera que las compensaciones en patentes únicamente deben darse en productos cuyo origen no sea farmacéutico y debe ser potestad del Estado otorgar o no compensaciones por retrasos en la expedición de un registro sanitario (Ver recuadro "Colombia renegocia propiedad intelectual").
Consultado por UNIVERSIDAD, el empresario Román Macaya dijo que la posible prórroga para una patente está establecida en el capítulo 15 de propiedad intelectual del Tratado de Libre Comercio (TLC), específicamente en la parte 15.9.6 iniciso a. Ese texto afirma: "Cada parte, a solicitud del titular de la patente, deberá ajustar el término de la patente para compensar por retrasos irrazonables en el otorgamiento de la patente".
El tratado añade que "un retraso irrazonable deberá incluir al menos un retraso en la emisión de la patente de más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud en el territorio de la parte o tres años contados a partir de la fecha de la solicitud del examen de la patente, cualquiera que sea posterior, siempre que los periodos imputables a acciones del solicitante de la patente no se incluyan en la determinación de dichos retrasos".
"Eso significa que si el registro de inscripción se atrasa más de cinco años desde la solicitud de la patente, hay que compensar en tiempo por encima de esos cinco años al plazo de la patente, pero no dice cuánto" y "hay que recordar que cualquier cosa que se haga lo va tener que aprobar Estados Unidos como parte del proceso de certificación", explicó Macaya, quien preside la Cámara de Productores Genéricos (CANAPROGE).
En ese mismo plazo, se solicitaron 3 192 patentes de todo tipo y sólo se han otorgado 150.
"El atraso en el trámite y la aprobación de patentes es de décadas. Eso sin TLC no nos afecta, porque el plazo (de protección de una patente) es de 20 años improrrogables, pero con el TLC se vuelven prorrogables", agregó.
Al ser consultado sobre por qué los negociadores costarricenses se comprometieron a compensar por retrasos en la inscripción de una patente conociendo las debilidades de la Oficina de Registro de Patentes, Macaya dijo que "simplemente no conocían esa realidad".
"Nosotros (los empresarios) les dijimos (a los negociadores): no vayan más allá de la OMC", pero no lo hicieron, advirtió.
Agregó que "las extensiones de patentes no están en el NAFTA (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), ni en el TLC con
UNIVERSIDAD trató de obtener el criterio de Ana Catalina Monge, subdirectora
Sin embargo, debido a que fue imposible localizarla telefónicamente el miércoles 6 y el jueves 6 de setiembre, el viernes 7 fue visitada en su oficina de forma personal para solicitarle la entrevista.
Ese mismo día, se le envió un cuestionario por correo electrónico y el lunes 10 de setiembre, día en que se cerró esta edición, se volvió a visitar su oficina para buscar su reacción, pero fue imposible obtener sus respuestas, por lo cual no pudieron ser consignadas en este reportaje.
Abogados buscan “arreglar la torta”
El director de Sedes y Proyectos del Colegio de Abogados, Henry Arroyo, dijo a UNIVERSIDAD que debido al "retraso increíble" que se presenta en el área de patentes, se abrió la licitación para que diez abogados trabajen en la inscripción de marcas y patentes.
"El objetivo principal del proyecto es ponerse al día con la tramitación y propiedad intelectual" por un periodo de seis meses", el cual comenzó hace un mes, detalló Arroyo.
El abogado explicó que el colegio ha contratado principalmente a "profesionales jóvenes, que vienen saliendo de las universidades", quienes se combinan con otros abogados de mayor trayectoria.
Luego de que se cumplan los seis meses, aparentemente el Registro Público abrirá nuevas plazas para funcionarios que sustituirían a los abogados contratados por el Colegio de Abogados, aunque Arroyo prevé que posiblemente tendría que realizarse una segunda contratación "para ponerse al día porque cuesta mucho".
El empresario Román Macaya consideró que la contratación de estos abogados por parte del Registro Público es una carrera de última hora para tratar de solucionar un problema de muchos años.
"Llevamos muchos años con este problema y ahora están corriendo parar solucionar una torta que se jalaron en el TLC, al permitir la ampliación de patentes, haciendo algo que no sabemos ni siquiera si es sostenible: contratar a un montón de personas para que ayuden en los trámites administrativos", dijo.
Según Macaya, "el gran signo de pregunta en esto es que el número de patentes que se solicita es creciente. En el 2000 se solicitaron 153 patentes y en el 2006 se solicitaron 593 y así se va incrementando", explicó.
"Esto ya entró en una curva de crecimiento de solicitudes exponencial y uno no sabe hasta dónde va a llegar", dijo Macaya, quien detalló que en Estados Unidos se inscriben más de 400.000 patentes por año, hay 6.000 evaluadores de patentes y un presupuesto más de $1.000 millones para este rubro.
El empresario añadió que "hoy sólo estamos viendo la punta del iceberg ¿Qué va a pasar cuando Costa Rica llegue a 5.000 patentes?", cuestionó Macaya, para quien estamos ante "un potencial caudal que podría llegar a más de 400.000 al año, pero pasando por una oficina en el registro que no tiene recurso humano ni económico para hacerle frente; el TLC agrava esa dificultad de evaluar patentes extendiendo los monopolios".
En su criterio, los TLC que Estados Unidos negoció luego
"Entonces, que no nos vengan a decir que el TLC no es renegociable, porque ahora fue Estados Unidos el que solicitó los cambios. Nos están haciendo ir a votar un referendo, sin haber mejorado lo que es ampliamente mejorable", puntualizó Macaya.
"Este protocolo lo que nos permite, es que dentro de lo que se ha negociado en el TLC, facilita hacer unas aclaraciones que son beneficiosas para Colombia", explicó el Ministro de Comercio de Colombia, Luis Guillermo Plata, en declaraciones al Diario Occidente de ese país.
Según el funcionario, los cambios realizados al TLC en los temas laboral, ambiental, de propiedad intelectual y solución de controversias, son precisiones a asuntos que ya estaban incluidos en el acuerdo.
El primero de los cambios tiene que ver con propiedad intelectual. Si se presentan demoras en la aprobación de patentes sólo serán exigibles las compensaciones en patentes, cuyo origen no sea farmacéutico. Será potestativo otorgar nocompensaciones por retrasos en la expedición del registro sanitario.
En la misma materia se incluyó que en caso de una crisis de salud, Colombia podrá traer medicinas de donde sea necesario.
En el tema laboral, el cambio introducido al TLC tiene que ver con el cumplimiento de los principios y derechos fundamentales
En cuanto a las modificaciones relacionadas con el aspecto ambiental, se introdujeron ajustes al lenguaje para dejar aún más en claro las dos obligaciones centrales del capítulo ambiental que asumieron las partes: el mantenimiento de los altos estándares ambientales que no pueden reducirse como estímulo al comercio o la inversión; y el cumplimiento de la propia legislación ambiental de cada parte.
Las modificaciones en servicios indican que las partes podrán limitar las concesiones de servicios portuarios por razones de seguridad esencial.
Fuente Semanario Universidad
Sección PAÍS. Semana del 13 al 19 de setiembre de 2007
Edición 552. AñoXI
El énfasis es nuestro
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