TLC y empleo (1 de 4)

TLC y empleo (1 de 4)

Por Luis Paulino Vargas Solís

• ¿Se perderían empleos sin el TLC?

El arma principal que utiliza la propaganda a favor del TLC es, sin duda, el empleo. El mensaje así lanzado se bifurca en dos vertientes, que se complementan y refuerzan mutuamente.

Primero, se dice que el TLC permitirá atraer inversión extrajera con lo cual se crearán mayor cantidad de puestos de trabajo.

Segundo, se afirma que la no aprobación del tratado pondrá en riesgo las exportaciones a Estados Unidos y, en general, hará que el país sea menos atractivo para la inversión extranjera, de modo que tendremos menos trabajo para nuestra gente. En esta serie de artículos analizaré por qué tales aseveraciones son falsas.

¿En que se basa la idea de que perderíamos empleos si no se aprueba el TLC?

Cualquier respuesta a esta pregunta solo es posible desde una extrapolación teórica, es decir, asumiendo algunos supuestos con base en los cuales, y por vía deductiva, extraer conclusiones. Por lo tanto, la primera pregunta a responder es ¿En qué supuestos se basan los promotores del TLC para afirmar que su no aprobación provocará pérdida de empleos? Son básicamente dos supuestos:

1. Al no aprobarse el TLC, seremos sancionados por Estados Unidos mediante el retiro de los beneficios de la Cuenca del Caribe, por lo que una parte de nuestras exportaciones perderá competitividad al tener que pagar aranceles.

2. El rechazo al TLC enviará un “mensaje negativo” que desestimulará la llegada de inversión extranjera, en primer lugar porque ya no se cuenta con las condiciones propicias que el tratado ofrece a las empresas extranjeras y, en segundo lugar, por la ya mencionada pérdida de concesiones comerciales que resultaría de la eventual cancelación del régimen de la Cuenca del Caribe.

Sin embargo, estos dos supuestos en realidad se sustentan implícitamente en otros supuestos que, por lo general, se prefiere mantener ocultos. A nuestros fines es mejor tratar de sacarlos a la luz para mejor entender las cosas. El mencionado punto 2) lo abordaré en el segundo artículo. En este me concentro en el punto 1).

¿En qué se basa la idea de que Estados Unidos nos castigaría sacándonos de la Cuenca del Caribe?

Enfaticemos dos cosas que, a estas alturas, ya han sido sobradamente clarificadas.

Primero, la Cuenca del Caribe es un régimen comercial preferencial que se fundamenta en una ley, la cual, a su vez, no tiene fecha de caducidad.

Segundo, el presidente de Estados Unidos tiene poder legal para excluir a un país de los beneficios de este régimen, siempre que se den las condiciones que la ley respectiva establece como causales que justifiquen tal exclusión.

Y agreguemos un tercer detalle: nada en la ley autoriza a que un país sea sancionado por el hecho de no aprobar un tratado comercial con Estados Unidos.

Dejemos de lado las formalidades jurídicas y pasemos al terreno de las realidades políticas, que son, enfatizo, las que aquí resultan verdaderamente importantes. Preguntémonos: ¿De qué depende el que, en la práctica, el actual o venidero presidente (o presidenta) estadounidense quiera “castigarnos” en los términos indicados?

Fundamentalmente de una cosa: que exista al interior de ese país intereses y fuerzas políticas y económicas de peso suficiente como para inducir una decisión presidencial de ese tipo. Al respecto, es preciso tener claro que este no es un asunto que dependa de un mero capricho personal del presidente. Es, reitero, una cuestión política. Porque, además, no olvidemos que el presidente no puede adoptar una decisión tal sin justificarla suficiente y razonablemente.

Anotemos un detalle obvio: el escenario político estadounidense está virando marcadamente hacia el lado del Partido Demócrata. Ya esto se puso en evidencia en las pasadas elecciones parlamentarias de medio período y es algo hacia lo que empujan, día a día, los terribles desaciertos de la administración Bush, especialmente por su desastrosa invasión a Irak.

Y con Bush, al despeñadero también están siendo lanzados los halcones militares y la derecha económica neoliberal. Sin exagerar las diferencias, como mínimo es preciso admitir que los demócratas introducen en el manejo de los asuntos públicos ciertos matices ausentes en los republicanos y, en especial, ausentes en esta lamentable administración Bush. Agreguemos ciertas condiciones actuales del entorno internacional en que se mueve Estados Unidos, y las cuales desfavorecen las tesis de irrestricto libre comercio.

Me refiero, en particular, al desastre socio-político del México del TLC –que redunda en enormes flujos migratorios- como, por otra parte, el ascenso económico de China y las tensiones comerciales entre este país y Estados Unidos. Admitamos que los demócratas son algo menos librecambistas y, correlativamente, algo más proteccionistas que los republicanos, pero que, asimismo, son algo más sensibles a las necesidades y demandas de los países subdesarrollados.

En resumen: el viraje político hacia el Partido Demócrata abre un escenario de menor rigor librecambista y de relativa mejor disposición a la negociación con países como el nuestro. De hecho, este viraje conlleva, en su aspecto fundamental, una mengua –cuanto menos coyuntural y relativa- de la influencia de las grandes corporaciones trasnacionales, cuyos intereses influyeron decisivamente en el TLC.

Lo anterior conlleva algo más: si ya es políticamente poco razonable que el gobierno Bush siquiera pudiese contemplar la opción de “castigar” a Costa Rica, esta posibilidad se reducirá aún más en un muy probable gobierno demócrata. Y aunque a Bush le quede año y medio en la Casa Blanca, hoy no es ni la sombra de lo que era cuatro o cinco años atrás. Su desprestigio y aislamiento –que comparte con el equipo reaccionario y corrupto que lo ha rodeado- son cada vez más desoladores, por lo que difícilmente estaría pensando en abrir innecesarios frentes de debate.

Viene entonces la parte que a Costa Rica le toca aportar y que podría sintetizarse en una simple pregunta.

¿Podemos hacer algo para prevenir cualquier posible (pero improbable) “castigo” y fortalecer nuestra capacidad de negociación?

El gobierno y demás promotores del TLC afirman que nada podemos hacer. Este es otro supuesto necesario para seguir sosteniendo la estrategia del miedo según la cual, rechazado el tratado, lo que nos viene, de seguro, es el castigo. Vimos en lo anterior que el examen desapasionado de las actuales realidades políticas estadounidenses, indican que tal posibilidad es altamente improbable. Pero lo es mucho más si, además, admitimos que Costa Rica no solo puede sino que debe hacer algo al respecto.

Y ese algo hace tiempo debió empezar a hacerse. Pero, todo lo contrario, el gobierno Arias, al igual que el alto empresariado y los poderes mediáticos, parecen optar por la estrategia inversa: cruzados de brazos, cobardes y sollozantes, más bien parecen implorar de Estados Unidos el “castigo” en caso de rechazarse el TLC. Se ratifica así quiénes son los apátridas y quiénes, además, los que carecen de otra opción como no sea la que los intereses de las grandes corporaciones estadounidenses imponen.

Costa Rica goza de cierto respeto a nivel internacional e, incluso, al interior de los Estados Unidos. Ello todavía es así, a pesar de los ridículos desplantes que se han hecho usuales en Arias. Ese respeto es sobre todo fruto de una tradición de pacifismo y democracia, cultivada sabiamente por nuestro pueblo, la cual aún conserva una apreciable significación, no obstante que la estrategia neoliberal de los últimos 22 años la ha manchado y disminuido.

He ahí un punto a favor nuestro, que debe ser aprovechado como llave que permita abrir puertas en los espacios donde se ejerce el poder político estadounidense. Tratemos de valorar correctamente sus alcances. Nos abre opciones que deben aprovecharse con inteligencia, sobre todo en una coyuntura de ascenso del Partido Demócrata y mengua relativa de la derecha neoliberal. Pero, por sí solo, este no es, ni de lejos, mecanismo suficiente.

Seguimos siendo muy pequeñitos frente a los poderes inmensos de las corporaciones transnacionales que, hambrientas, se apuestan detrás de este TLC u otros acuerdos de similar naturaleza y que, ávidas e incansables, permanentemente buscan influir en las decisiones políticas en Estados Unidos, incluso ahora, cuando, como hemos analizado en lo anterior, la estrella política se les está eclipsando un poco.

Por ello, se hace necesario fortalecer capacidades negociadores. Y, tengámoslo claro, esto no es posible si no construimos alianzas con países, organizaciones e, incluso, movimientos sociales, que compartan con nosotros algunos intereses y preocupaciones básicas. Como sabemos, los grupos dominantes actuales en Costa Rica se niegan en redondo a esta posibilidad. Lo mismo casa presidencial, que las corporaciones mediáticas o las grandes cámaras empresariales. Son incapaces ni tan siquiera de concebir alguna opción que nos integre al mundo sin pisotear nuestra soberanía.

Esto no es tan importante a corto plazo. En ese lapso (próximos 4-5 años), y bajo la normativa vigente, seguiremos exportando a Estados Unidos. El asunto adquiere mayor relevancia en períodos más largos, cuando los grandes poderes económicos estadounidenses intenten recomponer posiciones y vuelvan a la carga en busca de presionar para que Costa Rica sea sometida a “disciplinas” similares a las de este TLC.

La estrategia alternativa es clara, al menos en sus líneas fundamentales.

Primero, y desde un imperativo pragmático, no ideológico, diversificar relaciones y formas de cooperación con todo posible socio disponible, y hacerlo con base en criterios de desarrollo que recojan e interpreten correctamente los grandes intereses de nuestro pueblo (con lo cual excluimos toda posibilidad de volver a firmar ningún acuerdo similar a este TLC o los anteriormente aprobados).

Segundo, y desde un criterio político que integre consideraciones económicas y sociales, ampliar relaciones sobre bases de cooperación y en perspectiva estratégica con posibles socios –países u organizaciones regionales- que estén en capacidad de desarrollar relaciones paritarias y respetuosas y constituir puntos de apoyo para nuestros esfuerzos negociadores con Estados Unidos u otras potencias económicas, así como en foros regionales o multilaterales.

Conclusiones

1. A corto plazo –próximos tres o cuatro años- razonablemente no es posible creer que exista ningún riesgo que amenace nuestras relaciones económicas con Estados Unidos, en caso de no aprobarse el TLC.

2. Ese riesgo aparecerá y se irá fortaleciendo con el tiempo, conformen se reorganicen y contraataquen los poderes transnacionales corporativos (cuya influencia se ha atenuado un poco a raíz del derrumbe de Bush y el Partido Republicano). Renacerán entonces las presiones para imponer a Costa Rica las mismas condiciones altamente onerosas que ya hoy rigen en los otros países centroamericanos.

3. Para enfrentar tales presiones y, más importante aún, para construirnuevas formas de relación –que en verdad promuevan el desarrollo sin destruir la soberanía ni hipotecar el futuro- hemos asimismo de diversificar relaciones y construir alianzas renovadas y nuevas formas de coordinación y cooperación.

Fuente Tribuna Democrática

Nota: La negrita es nuestra