Estados Unidos también cuestiona capítulo 10 del TLC

Estados Unidos también cuestiona capítulo del TLC

Lic. Juan José Sobrado Ch.

El más cuestionado capítulo del TLC es el Diez por dos razones:

a) remite a paneles privados de arbitraje decisiones propias de la Sala Constitucional, como las atinentes a la constitucionalidad de las normas y actos expropiatorios;

b) faculta al inversionista de las Partes, constituido como sucursal de empresa extranjera, no al nacional aquí ni al extranjero de otros países, a someter obligatoriamente al Estado ante dichos paneles toda clase de autoridad, actos –incluso los concretos como concesiones y autorizaciones– e intereses públicos y, lo que es peor, bajo la normativa legal que haya escogido. Además de que eso es inconstitucional, es obvia la desventaja para los empresarios locales, los de otros países, y en menor grado de los ya establecidos de países del tratado, constituidos bajo otras formas jurídicas, que son la mayoría.

Tal norma ilícita también obligaría a Estados Unidos, por lo que el Congreso de ese país -con toda razón- tomó medidas para impedirlo. La historia es así:
La Ley del “fast track” (Trade Promotion Authority de 2002), le había ordenado a los negociadores norteamericanos (Sección 2102) que los inversionistas extranjeros en los Estados Unidos no podrían tener derechos substantivos mayores que los locales, lo que impedía poner tales reglas en el TLC, ya que obliga también a Estados Unidos.

Al saltarse dicha orden los negociadores, e incorporar lo que se comenta en el Capítulo Diez del TLC, el Congreso tuvo que actuar para impedir que los inversionistas extranjeros tuvieran en Estados Unidos los privilegios abusivos mencionados, inconstitucionales también según su derecho. Por eso, en las Secciones 102 y 106 de la Ley de Aprobación e Implementación del TLC (HR-3045), el Congreso de estadounidense tajantemente dispuso que nadie en su territorio, salvo Estados Unidos, podía alegar derecho alguno con base en el TLC, salvo los expresamente permitidos en dicha Ley, que se refieren a los puramente arancelarios y aduaneros.

Dado que aún así le quedó la espinita a Estados Unidos, de que lo firmado en el TLC los sigue obligando en el ámbito internacional, y que ello es una amenaza a su seguridad, la mayoría del Congreso está exigiendo -ahora en relación con los TLC pendientes, pero con igual razón respecto de los ya ratificados- que tales cláusulas se renegocien para que los inversionistas extranjeros no tengan mayores privilegios que los locales, que es lo que estamos pidiendo.

De modo que ahora se da la paradoja -que demuestra lo absurdo de quienes nos critican, y apoyan esta parte del TLC- de que Estados Unidos repudia lo mismo que nosotros repudiamos, y exigen cambiarlo, y que por pretenderlo nosotros se nos trata de descalificar con la etiqueta de “abogados de segunda”. Asimismo, que es la mayoría del Congreso de Estados Unidos quien defiende al pueblo de Costa Rica de esta obvia mengua a su soberanía, y contradictoriamente su Asamblea Legislativa, quien pretende perjudicarlo y perjudicar a su vez a vez a los empresarios nacionales y los demás que se indicaron. El Gobierno por su parte, incrementa la paradoja, y pretende que la Sala Constitucional apruebe tan evidentes violaciones a la Constitución y a la competencia de la Sala.

El absurdo se pretende justificar con la falsa necesidad de dar seguridades, pese a que bajo el vigente Tratado de l969 con Estados Unidos sobre Protección a las Inversiones, sus inversionistas tienen la garantía de su gobierno, y lo que se propone es: la garantía del gobierno de Costa Rica. Nadie en su sano juicio cambiaría una garantía por otra.

A lo que decimos lo apoya y da la razón la institucionalidad norteamericana, y solo nos critican, sin razones y eludiendo el tema, los responsables de esto, que nunca van a querer admitir su error. De ahí la necesidad de la auditoria externa legal.

Finalmente, es falso, como se ha dicho por los responsables para minimizar el hecho, que tratados que contienen cláusulas con todas esas características ya se han aprobado con anterioridad. Nunca así ha ocurrido, y menos la Sala los ha aprobado.

*La negrita es nuestra



Fuente: La prensa Libre