¡Es una vergüenza!

¡Es una vergüenza!

Por José María Villalta, abogado

¿Qué pasaría si Costa Rica aprueba el TLC tal y como fue firmado, ahora que sabemos que los demócratas exigieron y lograron ampliar la protección del ambiente y el acceso a los medicamentos para los países pobres, en los futuros TLC que firme EE.UU?

La primera conclusión que podemos sacar del análisis del acuerdo bipartidista del Congreso de EE.UU. sobre normas ambientales y de propiedad intelectual, es que se trata de un reconocimiento más de que el TLC está mal negociado. Aunque las propuestas se quedan cortas, implican una aceptación de que las disposiciones actuales de estos Tratados no permiten proteger adecuadamente el ambiente ni garantizar el acceso a las medicinas en los países centroamericanos. Si no fuera así, es decir, si están perfectamente bien negociados, ¿para qué modificarlos?

Hay cosas muy interesantes: que en la parte ambiental hablen de la necesidad de pasar a formulaciones que impliquen compromisos totalmente vinculantes, es reconocer que las normas vigentes no lo son, que digan que las sanciones tienen que aplicarse a todas las obligaciones ambientales y en la misma forma en que se exige el cumplimiento de las sanciones comerciales, es reconocer que eso no pasa ahora. Igualmente, llama la atención que se hable de la necesidad de incorporar el respeto a los convenios multilaterales en materia ambiental: admiten que el TLC actualmente no lo hace de forma adecuada.

¿Y en materia de Propiedad Intelectual?

Pasa igual. Se reconoce que los tratados pendientes de ratificación -que son idénticos al de Centroamérica-, no otorgan flexibilidades que permitan proteger la salud pública en relación con la obligación de proteger datos de prueba y respecto a las cláusulas que obligan al Ministerio de Salud a convertirse en “policía” de patentes. De lo contrario, no habría necesidad de introducir estos cambios.

De hecho, llama poderosamente la atención que sean los miembros del Congreso estadounidense quienes tengan que firmar un acuerdo reconociendo estas verdades, mientras en Costa Rica el Gobierno insiste en afirmar que el TLC no afectará “en nada” la salud pública. ¡Esto es una vergüenza! Ahora resulta que hasta los republicanos se preocupan más por nuestro derecho de acceso a los medicamentos que nuestro propio Gobierno…

¿Podrían los países que ya aprobaron el CAFTA o TLC, pedir un trato semejante?

Estoy convencido de que los Gobiernos y empresarios centroamericanos y las trasnacionales estadounidenses son quienes menos interés tienen en que se revisen las cláusulas ambientales y laborales del TLC. Son ellos los primeros que estarían en contra de incluir en el CAFTA las propuestas contenidas en este acuerdo bipartidista, pues actualmente ellos compiten a costa de incumplir la normativa existente. El TLC les sirve porque tiene normas tan laxas y poco vinculantes, que permitirán que todo siga como está e incluso que desmejoren los parámetros de protección vigentes.

Así que, independientemente de si Costa Rica aprueba o no el TLC, es altamente improbable que exista la voluntad política para introducirle, al menos, estas modificaciones. En parte por eso, la estrategia de los demócratas se ha focalizado en la revisión de los TLC que todavía no han entrado en vigencia. Este panorama solo podría cambiar si existieran presiones muy fuertes para renegociar el TLC, pero por el momento no las veo.

En el acuerdo bipartidista sobre inversiones, EE.UU garantiza que no se dará un mejor trato a los inversionistas extranjeros que a los propios estadounidenses, en su país, en futuros TLC. ¿Costa Rica hizo lo mismo con el TLC?

El Capítulo 10 del TLC le otorga privilegios a los inversionistas extranjeros que van mucho más allá de los derechos que tienen los ciudadanos costarricenses. Estos privilegios son derechos sustantivos y procesales. El más obvio es el derecho a demandar al Estado costarricense ante tribunales privados internacionales obligatorios, cada vez que consideren que alguna decisión afecta sus inversiones.

Pero también hay otros. Por ejemplo, la posibilidad de alegar ante estos tribunales que las limitaciones de interés social a la propiedad, aplicadas por el Estado para proteger al ambiente, son “expropiaciones indirectas”, algo que no podrían hacer en Costa Rica. Por lo tanto, independientemente de lo que diga el acuerdo bipartidista sobre el tema de inversiones, la realidad es que en el TLC los negociadores de Costa Rica no evitaron que a los inversionistas extranjeros se les dieran derechos muy superiores a los que tiene la población costarricense. Por el contrario, expresamente favorecieron esta asimetría.

Fuente Tribuna Democrática

Nota: La negrita es nuestra