Sin pelos en la lengua... NO AL TLC

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• Informe de Contraloría General de la República señala graves violaciones a la ley e incumplimiento de deberes para favorecer grupo de empresarios.

• Contraloría comprueba que MINAE y AYA le ocultaron informe técnico de SENARA al pueblo de Sardinal.

·El AYA autorizó las obras sin contar con estudios técnicos sobre la disponibilidad de agua.

·Violando la ley, el AYA ejecutó el proyecto del acueducto "sin tenerlo contemplado dentro del plan de inversión, plan operativo, ni en el listado de proyectos incluido en la última petición tarifaria y sin contar con recursos suficientes para tal fin."

·El AYA no cumplió con su obligación de fiscalizar que los inversionistas cumplieran con los trámites, permisos e impuestos municipales. Por el contrario, de forma indebida gestionó permisos a favor de los inversionistas en perjuicio de la hacienda municipal.

·El AYA permitió que se llevaran a cabo gran parte de las obras del proyecto sin contar con la viabilidad ambiental, en violación de la Ley Orgánica del Ambiente y por si fuera poco, asumió obligaciones y responsabilidades ambientales de los inversionistas.

·El AYA otorgó cartas de disponibilidad de agua mediante actos ilegales, incumpliendo disposiciones de su propia Junta Directiva.

• Un joven en Latinoamérica de entre 15 y 24 años de edad está en más peligro de morir asesinado que en cualquier otro lugar del mundo.

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• Guerra en la República Democrática del Congo

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• Globalización neoliberal muestra su profundo antihumanismo.

• El Frente Amplio alerta: Decreto Ejecutivo autoriza uso de armas prohibidas a los cuerpos policiales para reprimir huelgas y manifestaciones populares

"Artículo 19.-Autorización especial para el uso de las armas prohibidas. Se autoriza expresamente el uso de armas prohibidas descritas en el artículo 25 inciso a) de la Ley, a los miembros de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en aquellas situaciones en que por las circunstancias excepcionales requieran el manejo de las mismas, sea en operativos policiales previamente planificados o para el resguardo de personas, bienes o cuando así lo requiera el servicio, caso o situación, que ameriten la utilización de ese tipo de armas. La designación de las armas prohibidas descritas quedará a cargo del Jefe de la Unidad Policial donde se encuentre destacado el servidor, mismo que deberá de contar con el adiestramiento necesario en el uso de este tipo de armas de fuego, para lo cual se llevarán los controles correspondientes." (Énfasis agregado)

"a) Las que, con una sola acción del gatillo, disparan sucesivamente (en ráfaga) más de un proyectil, como ametralladoras, fusiles ametralladoras, subametralladoras y pistolas-ametralladoras.

Igualmente, tienen ese carácter los fusiles y las carabinas semiautomáticas, cuyo cargador de munición tiene capacidad superior a diez tiros, excepto las armas de ignición anular."

En casos excepcionales, el Poder Ejecutivo podrá autorizar, mediante reglamento, a las autoridades indicadas que usen, en el ejercicio de sus funciones, las armas prohibidas clasificadas en el artículo 25 de esta ley.

Los miembros de la Guardia Civil, de la Guardia Rural y los demás miembros de la Fuerza Pública deberán utilizar las armas clasificadas como permitidas. Cuando el servicio lo amerite y en situaciones excepcionales, el Poder Ejecutivo, debidamente fundamentado y mediante decreto, autorizará a esas autoridades el uso de armas prohibidas para el ejercicio de sus funciones."

Cuando intervengan en huelgas o manifestaciones en el ejercicio de sus funciones, no podrán portar armas prohibidas ni utilizarlas la Guardia Civil, la Guardia Rural, la Policía de Fronteras, la Policía encargada del control de drogas, las unidades especiales de intervención de la Presidencia de la República y las reservas de esas fuerzas policiales.

Cuando lo disponga el Presidente de la República, estos cuerpos de Policía podrán usar armas prohibidas; pero, en ningún caso, podrán utilizar gases, compuestos químicos, virus ni bacterias tóxicas o letales, que produzcan consecuencias físicas o mentales irreversibles."

• Revisarán las bases de datos de las universidades públicas

Por José María Villalta Floréz-Estrada

La mina de oro a cielo abierto con cianuro Las Crucitas cuenta con estudio de impacto ambiental (EIA) aprobado y viabilidad ambiental otorgada por la SETENA. Esta ha sido la principal excusa usada por el Ministro Roberto Dobles, para tratar de justificar el nefasto “decreto de conveniencia” que permite la destrucción total (tala rasa) de más de 200 hectáreas de bosque (fuentes de agua, flora y fauna en peligro de extinción incluidas) Pero de lo que el MINaET no habla y muy pocas personas conocen es el contexto en el que esta viabilidad ambiental fue obtenida.

Que el pueblo de Costa Rica conozca este contexto también es una oportunidad de oro para entender como los TLCs son utilizados por trasnacionales depredadoras del ambiente para burlar nuestra legislación y torcerle el brazo a las autoridades nacionales a fin de que resuelvan a su favor. En fin, un ejemplo contundente de lo que nos espera con la aplicación del capítulo 10 del TLC con Estados Unidos, último modelo de estos sofisticados mecanismos de chantaje corporativo.

“Acudiremos a un arbitraje internacional que, de por sí, le costará mucho dinero a Costa Rica.” La historia se remonta a 2003. En marzo de ese año, la SETENA rechazó el EIA sobre el proyecto minero Crucitas. Este rechazo se produjo porque, según la SETENA, el estudio presentaba una serie de carencias y deficiencias que incumplían con la legislación nacional e imposibilitaban su trámite.

La reacción de la compañía canadiense Vanessa Ventures, -dueña del proyecto- no se hizo esperar. El 4 de abril de ese año presentó una solicitud de arbitraje internacional contra Costa Rica ante el centro de arbitrajes del Banco Mundial (CIADI)

Este reclamo se basó en las reglas del Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) suscrito entre Costa Rica y Canadá (Ley 7870, 1999) y que fue incorporado al TLC firmado con ese país dos años después (Ley 8300, 2002). Según dichos tratados, el Estado costarricense queda obligado a someterse a este tipo de arbitrajes cada vez que los inversionistas canadienses consideren que las decisiones de las autoridades nacionales afectan sus negocios en el país.

¿Y por qué esta demanda? De acuerdo con la minera canadiense, la decisión de la SETENA de no aprobar el EIA de la mina Crucitas, era un acto con “un efecto equivalente” a una “nacionalización o expropiación”. 1 ¿Cómo? Que una autoridad ambiental rechace un proyecto minero porque no cumplió con presentar un estudio bien fundamentado sobre sus impactos ambientales ¿¿¿una expropiación???

Parecería un reclamo descabellado, si no fuera porque sus objetivos eran otros. De hecho nos encontramos ante un ejemplo emblemático de cómo los inversionistas utilizan los privilegios que les dan estos tratados para presionar a los gobiernos, a fin de modifiquen decisiones en las que están en juego intereses de la colectividad sobre asuntos de interés público, como son las políticas para la protección del ambiente y la salud pública.

En el caso de la mina Crucitas esas presiones y amenazas fueron directas. El 4 de junio de 2003, en un comunicado de prensa titulado “El Gobierno agota plazo para evitar un costoso arbitraje internacional contra el país”, el presidente de la minera canadiense manifestó públicamente lo siguiente, refiriéndose a su solicitud de arbitraje contra Costa Rica:

“(S)i el Gobierno no inicia el diálogo, entonces acudiremos a un arbitraje internacional, que de por sí, le costará mucho dinero a Costa Rica, 'sin considerar la inminente indemnización que tendrían que pagar'." 2

Dejando de lado el tono irrespetuoso de conquistador imperial, esta manifestación pública resulta realmente esclarecedora sobre el trámite que recibió la viabilidad ambiental de la mina Crucitas. Y realmente es una lástima que haya sido olímpicamente ignorada por la gran mayoría de la prensa nacional.

La empresa minera amenaza al Gobierno de Costa Rica con acudir a un “costoso arbitraje internacional” si no inicia “el diálogo”. Nos preguntamos ¿cuál diálogo? ¿Qué diálogo o negociación es posible si lo que está en discusión es una decisión técnica sobre la viabilidad ambiental de un proyecto que afectará el ambiente?

Se supone que la SETENA es un órgano técnico que tiene la obligación de dictar sus resoluciones basándose en criterios científicos y aplicando estrictamente la legislación ambiental del país. Entonces, ¿qué diálogo puede haber? Si la empresa incumplió con sus obligaciones y no demostró adecuadamente la viabilidad ambiental de su proyecto, eso no es asunto que las autoridades nacionales puedan “negociar” en una mesa de diálogo.

Pero hay más. Nótese el carácter directo de la amenaza. Según la minera canadiense, su demanda, “de por sí” le costará mucho dinero a Costa Rica además de la indemnización que tendría que pagar si pierde el juicio. Es decir, no importa si nuestro país gana o pierde el juicio, no importa si Costa Rica es condenada a pagar una indemnización o no, de cualquier manera la sola presentación de esta demanda le hará perder mucho dinero al empobrecido Estado costarricense.

En efecto, los inversionistas canadienses saben muy bien que los arbitrajes ante el Banco Mundial son costosos. Los países demandados se ven obligados a gastar cuantiosos recursos en contratación de abogados internacionales, pago de honorarios a los jueces privados nombrados para resolver los casos o el constante traslado y hospedaje de sus funcionarios y testigos a Washington D.C. (sede del CIADI) u otro país, ya que usualmente estos arbitrajes se realizan fuera de su territorio.

Así las cosas, no cabe duda que nos encontramos ante un sofisticado instrumento de extorsión, especialmente eficaz cuando se trata de amenazar a países en vías de desarrollo. Su modus operandi lo describía muy bien Martin Wagner (Earthjustice) al referirse a una absurda demanda planteada por otra compañía canadiense -con base en el TLC de América del Norte- contra regulaciones ambientales del Estado de California que prohibieron un aditivo tóxico en la gasolina (Methanex Co. contra EEUU) Según sus palabras, este tipo de demandas “van a tener el efecto de desalentar regulaciones ambientales y de salud, ganen o pierdan los Estados Unidos.

Si, como se espera, Estados Unidos gana, va a haber gastado cerca de 3 millones de dólares de los contribuyentes, solo para tener desestimada una demanda obviamente frívola; la decisión no va a hacer nada para prevenir a los productores extranjeros de sustancias dañinas de insistir en indemnizaciones antes de que sus productos puedan ser prohibidos. Si los Estados Unidos pierde, tal extorsión va a ser codificada como la ley alrededor de toda América del Norte.” 3

Obviamente, el gobierno de Estados Unidos puede darse el lujo de gastar millones de dólares defendiéndose de tales ataques de las corporaciones. Pero, ¿y los países pobres como Costa Rica? Esta realidad es bien conocida por la minera de Crucitas, de ahí que no dudó en mandar el siguiente mensaje a las autoridades ambientales del país: si no negocian -o sea si no resuelven a nuestro favor el EIA de la mina- usaremos el TLC para demandarlos ante el Banco Mundial, con lo cual –ganemos o perdamos- Costa Rica perderá mucho dinero. Si esto no es un vulgar chantaje ¿qué es?

Finalmente las amenazas surtieron efecto. La minera no necesitó formalizar el arbitraje, porque el 20 de octubre de 2003 –justo cuando se vencía el plazo previsto en el TLC para el “diálogo” con la empresa- el Ministro de Ambiente y Energía revocó la resolución de la SETENA que rechazó el EIA de la mina Crucitas, alegando “errores en el procedimiento” en lo actuado por ese órgano. Muchas comunidades siguen esperando tanta diligencia y eficacia del MINaET, cuando se trata de atender sus denuncias por violación a leyes ambientales.

Negociaciones ocultas. Pero la historia no terminó ahí. El 3 de junio de 2005 la trasnacional Vanessa Ventures volvió a presentar ante el CIADI una solicitud de arbitraje contra Costa Rica con base en el TLC con Canadá.

En esta ocasión la empresa exigió que el Estado costarricense le pagara 276 millones de dólares más intereses porque, en su opinión, la SETENA había incurrido en un “atraso injustificado” en el trámite del “anexo” al EIA del proyecto minero Crucitas y no se había pronunciado sobre la viabilidad ambiental en los plazos establecidos.

Según la minera este supuesto “atraso” constituía una violación por parte de Costa Rica de la obligación de “promoción y protección” de las inversiones establecida en el TLC. Además sería un acto “equivalente” a expropiación (¿?) e incumplía la obligación del Estado de dar a los inversionistas canadienses un trato “no menos favorable” que el trato que otorga a los inversionistas de otros países. Esto último, porque la SETENA había aprobado en un plazo más corto los EIAs presentados para otros proyectos de naturaleza distinta.4

Este reclamo fue notificado al Ministerio de Comercio Exterior, sin embargo, dicho ministerio le ocultó al pueblo costarricense su existencia hasta que a finales de julio de 2005 el exdiputado Gerardo Vargas Leiva la hizo pública. Evidentemente, en medio de la discusión nacional sobre el TLC con Estados Unidos, a sus promotores no les convenía que este caso se divulgara. Mucho menos que la millonaria demanda contra el país continuara su trámite. Tales hechos habrían desnudado las mentiras oficiales sobre la supuesta inocuidad del TLC para el ambiente.

No cabe duda de que el reclamo de la trasnacional minera desconoce la complejidad del proceso de evaluación de un proyecto con impactos ambientales tan significativas como la mina Crucitas. La realidad, el grave conflicto que existe hoy en día sobre este asunto, nos demuestra que un proyecto de tal magnitud y con consecuencias tan profundas sobre el ambiente, no puede ser tramitado de la noche a la mañana y a golpe de tambor por las autoridades ambientales del país.

Este tipo de asuntos exigen un análisis serio y reposado, libre de presiones y amenazas, aún cuando dicho análisis exceda los plazos de resolución previstos en la ley. Así lo ha señalado la Sala IV al concluir que “no puede entenderse que el silencio positivo opere simplemente por el transcurso del plazo dentro del cual la Administración debió pronunciarse sobre el permiso de explotación forestal, sin que lo hiciera, pues ello implicaría poner en inminente peligro el patrimonio forestal del país al permitirse, por esa vía, su explotación irracional e indiscriminada” (Voto Nº 6836-93)

Pero en esta materia lo último que importa son las razones. La millonaria demanda arbitral de la minera perseguía un claro objetivo: presionar al Estado costarricense para que resolviera a su favor el EIA de la cuestionada mina Crucitas, a como diera lugar. Y como veremos, lo logró.

El 3 de octubre de 2005, el representante legal de Vannessa Ventures remitió una nota a la Secretaría del CAIDI en la que solicitaba a dicho organismo suspender el acto de registro de su solicitud de arbitraje contra Costa Rica porque dicha empresa se encontraba en “negociaciones” con el gobierno y era “razonablemente optimista” sobre el resultado de esas “negociaciones”. Esta desconcertante carta de la empresa minera, textualmente dice:

“Vannessa Ventures y su inversión en Costa Rica Industrias Infinito continúan en negociaciones con el Gobierno de Costa Rica en relación con los asuntos en cuestión en su Solicitud de Arbitraje contra Costa Rica. Vannessa es razonablemente optimista en que estas negociaciones van a resolver las cuestiones entre las partes. Por lo tanto (...)solicita que (...) aplace (...) el registro de la Solicitud de Arbitraje.” 5

No podemos dejar de preguntarnos ¿Cuáles negociaciones? ¿Quiénes participaron en estas negociaciones? ¿Dónde se dieron? ¿Para negociar qué? ¿Por qué el gobierno le ocultó al pueblo de Costa Rica estas negociaciones? ¿O acaso miente la empresa minera? Lamentablemente las autoridades nacionales siguen sin dar respuestas satisfactorias.

Negociaciones ocultas a espaldas del pueblo que huelen a podrido. No es posible negociar con un cuchillo en el cuello. Pero además ¿Qué puede haber negociado el gobierno si lo que está en juego es el análisis técnico de un estudio de impacto ambiental?

Se trata de un proceso de evaluación científica de los efectos sobre el ambiente de un proyecto minero, a cargo de las autoridades técnicas del Estado costarricense, y -al menos en Costa Rica- este tipo de decisiones no son “negociables”. La SETENA debe resolver aplicando la ley y con base en criterios técnicos. Sus funcionarios nada tienen que negociar con la empresa. Si el proyecto no es viable ambientalmente debe rechazarse y punto.

Pero si algo deja claro la carta de la empresa minera es que funcionarios del gobierno de Costa Rica intervinieron en el trámite del EIA por parte de la SETENA. De lo contrario no se explica como el gobierno podría haber “negociado” con la empresa. Y esto es sumamente grave. Ningún jerarca o funcionario político tiene por qué interferir en decisiones de órganos técnicos especializados como la SETENA.

Peor aún, en octubre de 2005 la empresa minera era “optimista” sobre el éxito de las “negociaciones”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso ya sabía la empresa como se iba resolver el trámite del EIA de la mina Crucitas antes que la SETENA se pronunciara? ¿O es que intervino alguna “autoridad superior” para garantizarle de previo el resultado de sus gestiones? ¿Qué tipo de presiones recibieron los funcionarios de SETENA de parte de jerarcas del gobierno –incluido el COMEX- para que tramitaran “a la carrera” el EIA de Crucitas y lo resolvieran a favor de la empresa minera? Muchas interrogantes sin respuesta.

Las amenazas rinden sus frutos. Lo que si está claro es el desenlace de esta historia. El 12 de diciembre de 2005 la SETENA aprobó el EIA de la mina Crucitas y otorgó viabilidad ambiental al proyecto, confirmando el “optimismo” de la minera canadiense y el éxito de sus “negociaciones” con el gobierno de Costa Rica.

Ante tantas amenazas, bajo la sombra de las demandas millonarias, -injustas, pero que “de por sí” le costarán mucho dinero a Costa Rica- en medio de las presiones de jerarcas del gobierno “negociando” con la empresa ¿Podía la SETENA haber hecho otra cosa? ¿Tenía realmente la opción de rechazar el EIA de la mina y oponerse al proyecto? Sinceramente creemos que no. Los hechos indican que ya la decisión estaba tomada.

Y lo que es más grave, en medio de tanto chantaje ¿Podía realmente la SETENA analizar a fondo y con detenimiento los efectos negativos de la mina para el ambiente y las comunidades?

Una vez más, la realidad nos da la respuesta. Hoy la viabilidad ambiental de la mina Crucitas enfrenta serios cuestionamientos de parte de expertos, científicos y universidades públicas que, con argumentos técnicos, señalan graves errores y omisiones a la hora de analizar los impactos que el proyecto tendrá sobre el ambiente. Estos cuestionamientos evidencian un trámite apresurado en el que no se estudiaron a profundidad muchos de estos impactos.

En conclusión. Una viabilidad ambiental espuria. La historia de la viabilidad ambiental de la mina Crucitas es una historia de amenazas y presiones indebidas contra las autoridades técnicas del Estado costarricense encargadas de proteger el ambiente. Es una historia de injerencias externas y negociaciones ocultas e ilegítimas que nos llena de dudas sobre la transparencia y credibilidad del proceso seguido para otorgar dicha viabilidad ambiental.

Una viabilidad ambiental otorgada en estas condiciones no puede ofrecernos ningún tipo de garantía de que se está anteponiendo la protección del ambiente a los intereses de grupos económicos poderosos. Todo lo contrario. Con viabilidades así el ambiente está totalmente desprotegido. Por eso es que la población costarricense y las instituciones encargadas de analizar el caso de la mina Crucitas están plenamente legitimados para desconocer y rechazar una decisión adoptada en medio del chantaje.

Esta historia también nos muestra con toda crudeza como los arbitrajes internacionales de las reglas sobre inversiones de los TLCs son utilizados para socavar la correcta aplicación de nuestras leyes ambientales y poner una espada de Damocles sobre la cabeza de nuestras autoridades ambientales para que resuelvan como las corporaciones quieren. La historia de las “negociaciones” del EIA de la mina Crucitas es también la historia de la negociación del TLC con Estados Unidos. Está en nuestras manos impedir que esta historia se repita.


San José, 7 de noviembre de 2008.

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1 Industrias Infinito S.A. “Empresa minera invoca tratado de protección de inversiones entre Costa Rica y Canadá”, Comunicado de Prensa, No. CP-014-2003 de 7 de abril de 2003. En: http://www.infinito.co.cr/boletprensa.cfm.

2 Industrias Infinito S.A. “Gobierno agota plazo para evitar un costoso arbitraje internacional”, Comunicado de Prensa, No. CP-020-2003 de 4 de junio de 2003.

3 Public Citizen, “NAFTA Chapter 11 Investor-State Cases Lessons for the Central America Free Trade Agreement”, 2005, En: http://www.tradewatch.org/ftaa. P. 31.

4 Ministerio de Comercio Exterior, Oficio No. DM-0709-5 de 6 de julio de 2005.

5 Carta remitida por abogado de Vannessa Ventures al CIADI el 5 de octubre de 2005. Traducción libre.



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