- La Corte Suprema de Justicia prefiere hacer las cosas en la oscuridad, afirmó el jurista Wálter Antillón, en torno al caso del magistrado Federico Sosto.
Eduardo Ramírez Flores, redactor
Para el jurista Walter Antillón Montealegre, el magistrado Federico Sosto es un hombre del riñón del Poder Ejecutivo "¿Cómo va creer uno que un hombre así puede ser un juez imparcial?", cuestionó.
Con gran habilidad y persistencia, el mandatario Óscar Arias ha logrado en los últimos años el nombramiento de personas que defiendan sus intereses en los distintos poderes de la República, aseguró el jurista y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica (UCR), Wálter Antillón Montealegre.
Para el renombrado jurista, la división de poderes actual es tan inexistente, que cualquier cosa que hace el Poder Ejecutivo es correcta y por eso no es de extrañar que la Corte Suprema de Justicia haya rechazado indagar las actuaciones cuestionadas del magistrado suplente Federico Sosto López.
Antillón Montealegre, quien impartió lecciones de derecho público y constitucional en la UCR, advirtió que "si el Poder Judicial no es un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo, el país está entregado". A continuación se ofrece un resumen de la entrevista que este Semanario le realizó el pasado 24 de julio.
¿Qué piensa de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de no investigar las denuncias contra el magistrado Federico Sosto López?
-Es una muestra más de la fuerte influencia de los intereses del Poder Ejecutivo en la Corte, del dominio total que tiene ahora sobre los demás poderes.
Hace algunos meses habíamos planteado el tema de la recusación del magistrado Sosto, porque era evidente que él había tomado partido a favor del TLC, entonces iba a votar todos los proyectos de la agenda complementaria de manera favorable a las tesis del Gobierno.
En aquel tiempo -cuando planteamos recusaciones, inconstitucionalidades y nulidades que la Corte rechazó- ignorábamos que Sosto estuviera hasta tal punto involucrado con el Gobierno, que incluso era su consejero. Esto es el colmo.
La doctrina internacional de los tribunales es sumamente rigurosa. Un juez, con solo que sea sospechoso de favorecer la tesis de una de las partes, no puede seguir, y todo esto le ha sido expuesto a la Corte en distintos recursos; pero, hasta ahora todo lo ha rechazado.
¿Cree que había razones suficientes para que la Corte abriera una investigación sobre si el comportamiento de Federico Sosto se ajustaba a derecho?
-No había mucho que investigar. Todo estaba bastante claro. Con las declaraciones que dio Sosto en los periódicos, quedaba clarísimo que es una persona fuertemente vinculada con el Poder Ejecutivo, y esto lo desautorizaba como juez.
¿Qué opinión le merece el hecho de que la Corte declarara secreta la sesión en que analizó ese caso ?
-Esto es parte de lo mismo. Es el miedo a confrontarse con la gente. La Corte prefiere hacer estas cosas en la oscuridad. Todo esto es muy significativo: la falta de trasparencia de los poderes; cada vez se van haciendo más opacos.
¿Deben ser abiertas al público las sesiones de la Corte Suprema?
-Sí. Creo que todas las actividades de los poderes públicos deben ser abiertas, salvo aquellas cosas que atañen a la seguridad del Estado. Aparte de unas pocas cosas, todo lo demás tendría que ser ventilado frente al pueblo.
El gran problema es que seguimos actuando como si los poderes del Estado estuvieran legitimados en sí mismos, y en realidad estos son una delegación del poder soberano, del pueblo.
En su opinión como jurista de larga experiencia, ¿es correcto que un magistrado suplente o titular brinde asesorías gratuitas o remuneradas a particulares?
-Un magistrado suplente puede ser un abogado litigante; pero, nunca puede ser un juez en los casos en que de algún modo intervengan sus clientes, sus patrocinados. En el caso de Sosto, él había participado públicamente a favor del sí al TLC, y ya con solo eso pensábamos nosotros que tenía que separarse de la Corte.
Luego el periódico La Nación reveló que estaba como asesor del Presidente en una reunión con la Contraloría General de la República. Es decir, es un hombre del riñón -digámoslo así- del Poder Ejecutivo, un hombre de su plena confianza. ¿Cómo va creer uno que una persona así puede ser un juez imparcial, cuando están de por medio los intereses que el Poder Ejecutivo ha prohijado en esta legislación?
El magistrado suplente Sosto ha dicho en su defensa que sus nombramientos en la Sala Constitucional no llegaban a los tres meses y que por eso no incumplía la Ley Orgánica de la Corte. ¿Le parece a usted que el Poder Judicial se ha prestado para acomodar dichos nombramientos a conveniencia de diversos intereses?
-Creo que eso está clarísimo. Los cargos de suplentes son sorteados. ¿Cómo va a ser que siempre salga Sosto, habiendo tantos otros suplentes? Y no solo eso, sino que lo sortean por un tiempo menor a los tres meses, para eludir precisamente la regla que lo obligaría a cerrar la oficina (la atención privada), y esto lo hacen constantemente, desde el retiro del magistrado Luis Fernando Solano.
Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una evidente intención de que sea Sosto el que esté allí. ¿Y esta intención de dónde viene? Resulta que él es asesor del Poder Ejecutivo. Todo eso...¡Dios mío, está gritando la verdad!
En su criterio, ¿existe la división de poderes que estipula el artículo 9 de la Constitución Política?
-Creo que de hecho, Óscar Arias -con gran habilidad y persistencia- desde hace muchos años ha ido metiendo mano en este asunto, para conseguir que elijan personas cercanas, que defiendan sus intereses en todas partes e incluso el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Entonces, en este momento él tiene un verdadero control.
Cualquiera se da cuenta, porque todo lo que hace el Poder Ejecutivo es correcto. Todo lo que planteamos los opositores es rechazado, en todas las instancias: perdemos en la Asamblea Legislativa, perdemos en la Corte, perdemos en el TSE. ¿Cómo va uno a creer que en la Corte, una mayoría de cinco personas declaran que el TLC -con unas 2.600 páginas y unas 3.000 normas jurídicas- no presenta ni un reproche de inconstitucionalidad? Eso es absolutamente inverosímil.
¿Han convertido los últimos gobiernos la contratación de consultorías en una forma de corrupción legal?
-Tengo la impresión de que en este caso se ha usado el recurso del Banco Centroamericano de Integración Económica para eludir controles, porque esos dineros donados tienen que ingresar a la caja del Estado y ser sometidos a las regulaciones que sobre el gasto ejerce la Contraloría General de la República.
No puede haber excepciones, y claro que el recurso de todas estas contrataciones secretas, que no pasan por ningún control y no son transparentes, dan lugar a una serie de abusos. Habría que estudiar caso por caso. Algunas -a pesar de la irregularidad- podrían ser buenas y provechosas a los intereses públicos, pero habrá otras que no.
En el manejo de la administración pública, ¿hay problemas por una legislación obsoleta o está fallando la ética de los funcionarios?
-Creo que la legislación que tenemos es suficiente; el problema es sí no se aplica. Y en esto estamos pegados, porque aquí es donde se nota el enorme valor que tiene el contralor judicial. Si existe un Poder Judicial fuerte, independiente, tiene que ser un contrapoder respecto de los otros poderes. Si el Poder Judicial no es un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo, el país está entregado, estamos en manos de un solo poder.
¿Se justifica que los gobiernos contraten asesorías o estas son parte del botín político que siempre se reparten en las distintas administraciones?
-Me parece que las consultorías pueden ser contratadas si se observan las prescripciones legales. En los casos mencionados, podría haber ocurrido que algunas fueran parte de un botín político. Desgraciadamente, los políticos todavía funcionan -especialmente los de partidos tradicionales- a base de clientelismo: "al que me ayuda lo ayudo".
¿Qué opinión le merece lo dicho (diario La Nación, 24 de julio) por el presidente de la Corte Suprema de Justicia -Luis Paulino Mora- quien al justificar el rechazo a indagar el comportamiento del magistrado Sosto afirmó que: "No soy un juez ético, sino de legalidad"?
-Es complicado hacer esas separaciones. Naturalmente que uno como juez tiene que atenerse al derecho; pero, el derecho tiene un contenido ético. La interpretación del derecho debe tener un contenido ético. Uno tiene que insuflar la ética en la interpretación de la Constitución, por ejemplo. Uno no puede hacer una interpretación contraria a la ética. Esos divorcios no suenan bien.
Fuente Semanario Universidad
Sección PAÍS. Edición 590. Año XII
Foto Nurya Rodríguez
El énfasis es nuestro
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Para el renombrado jurista, la división de poderes actual es tan inexistente, que cualquier cosa que hace el Poder Ejecutivo es correcta y por eso no es de extrañar que la Corte Suprema de Justicia haya rechazado indagar las actuaciones cuestionadas del magistrado suplente Federico Sosto López.
Antillón Montealegre, quien impartió lecciones de derecho público y constitucional en la UCR, advirtió que "si el Poder Judicial no es un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo, el país está entregado". A continuación se ofrece un resumen de la entrevista que este Semanario le realizó el pasado 24 de julio.
¿Qué piensa de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de no investigar las denuncias contra el magistrado Federico Sosto López?
-Es una muestra más de la fuerte influencia de los intereses del Poder Ejecutivo en la Corte, del dominio total que tiene ahora sobre los demás poderes.
Hace algunos meses habíamos planteado el tema de la recusación del magistrado Sosto, porque era evidente que él había tomado partido a favor del TLC, entonces iba a votar todos los proyectos de la agenda complementaria de manera favorable a las tesis del Gobierno.
En aquel tiempo -cuando planteamos recusaciones, inconstitucionalidades y nulidades que la Corte rechazó- ignorábamos que Sosto estuviera hasta tal punto involucrado con el Gobierno, que incluso era su consejero. Esto es el colmo.
La doctrina internacional de los tribunales es sumamente rigurosa. Un juez, con solo que sea sospechoso de favorecer la tesis de una de las partes, no puede seguir, y todo esto le ha sido expuesto a la Corte en distintos recursos; pero, hasta ahora todo lo ha rechazado.
¿Cree que había razones suficientes para que la Corte abriera una investigación sobre si el comportamiento de Federico Sosto se ajustaba a derecho?
-No había mucho que investigar. Todo estaba bastante claro. Con las declaraciones que dio Sosto en los periódicos, quedaba clarísimo que es una persona fuertemente vinculada con el Poder Ejecutivo, y esto lo desautorizaba como juez.
¿Qué opinión le merece el hecho de que la Corte declarara secreta la sesión en que analizó ese caso ?
-Esto es parte de lo mismo. Es el miedo a confrontarse con la gente. La Corte prefiere hacer estas cosas en la oscuridad. Todo esto es muy significativo: la falta de trasparencia de los poderes; cada vez se van haciendo más opacos.
¿Deben ser abiertas al público las sesiones de la Corte Suprema?
-Sí. Creo que todas las actividades de los poderes públicos deben ser abiertas, salvo aquellas cosas que atañen a la seguridad del Estado. Aparte de unas pocas cosas, todo lo demás tendría que ser ventilado frente al pueblo.
El gran problema es que seguimos actuando como si los poderes del Estado estuvieran legitimados en sí mismos, y en realidad estos son una delegación del poder soberano, del pueblo.
En su opinión como jurista de larga experiencia, ¿es correcto que un magistrado suplente o titular brinde asesorías gratuitas o remuneradas a particulares?
-Un magistrado suplente puede ser un abogado litigante; pero, nunca puede ser un juez en los casos en que de algún modo intervengan sus clientes, sus patrocinados. En el caso de Sosto, él había participado públicamente a favor del sí al TLC, y ya con solo eso pensábamos nosotros que tenía que separarse de la Corte.
Luego el periódico La Nación reveló que estaba como asesor del Presidente en una reunión con la Contraloría General de la República. Es decir, es un hombre del riñón -digámoslo así- del Poder Ejecutivo, un hombre de su plena confianza. ¿Cómo va creer uno que una persona así puede ser un juez imparcial, cuando están de por medio los intereses que el Poder Ejecutivo ha prohijado en esta legislación?
El magistrado suplente Sosto ha dicho en su defensa que sus nombramientos en la Sala Constitucional no llegaban a los tres meses y que por eso no incumplía la Ley Orgánica de la Corte. ¿Le parece a usted que el Poder Judicial se ha prestado para acomodar dichos nombramientos a conveniencia de diversos intereses?
-Creo que eso está clarísimo. Los cargos de suplentes son sorteados. ¿Cómo va a ser que siempre salga Sosto, habiendo tantos otros suplentes? Y no solo eso, sino que lo sortean por un tiempo menor a los tres meses, para eludir precisamente la regla que lo obligaría a cerrar la oficina (la atención privada), y esto lo hacen constantemente, desde el retiro del magistrado Luis Fernando Solano.
Entonces, ¿qué pasa allí? Hay una evidente intención de que sea Sosto el que esté allí. ¿Y esta intención de dónde viene? Resulta que él es asesor del Poder Ejecutivo. Todo eso...¡Dios mío, está gritando la verdad!
En su criterio, ¿existe la división de poderes que estipula el artículo 9 de la Constitución Política?
-Creo que de hecho, Óscar Arias -con gran habilidad y persistencia- desde hace muchos años ha ido metiendo mano en este asunto, para conseguir que elijan personas cercanas, que defiendan sus intereses en todas partes e incluso el propio Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Entonces, en este momento él tiene un verdadero control.
Cualquiera se da cuenta, porque todo lo que hace el Poder Ejecutivo es correcto. Todo lo que planteamos los opositores es rechazado, en todas las instancias: perdemos en la Asamblea Legislativa, perdemos en la Corte, perdemos en el TSE. ¿Cómo va uno a creer que en la Corte, una mayoría de cinco personas declaran que el TLC -con unas 2.600 páginas y unas 3.000 normas jurídicas- no presenta ni un reproche de inconstitucionalidad? Eso es absolutamente inverosímil.
¿Han convertido los últimos gobiernos la contratación de consultorías en una forma de corrupción legal?
-Tengo la impresión de que en este caso se ha usado el recurso del Banco Centroamericano de Integración Económica para eludir controles, porque esos dineros donados tienen que ingresar a la caja del Estado y ser sometidos a las regulaciones que sobre el gasto ejerce la Contraloría General de la República.
No puede haber excepciones, y claro que el recurso de todas estas contrataciones secretas, que no pasan por ningún control y no son transparentes, dan lugar a una serie de abusos. Habría que estudiar caso por caso. Algunas -a pesar de la irregularidad- podrían ser buenas y provechosas a los intereses públicos, pero habrá otras que no.
En el manejo de la administración pública, ¿hay problemas por una legislación obsoleta o está fallando la ética de los funcionarios?
-Creo que la legislación que tenemos es suficiente; el problema es sí no se aplica. Y en esto estamos pegados, porque aquí es donde se nota el enorme valor que tiene el contralor judicial. Si existe un Poder Judicial fuerte, independiente, tiene que ser un contrapoder respecto de los otros poderes. Si el Poder Judicial no es un contrapoder frente al Ejecutivo y al Legislativo, el país está entregado, estamos en manos de un solo poder.
¿Se justifica que los gobiernos contraten asesorías o estas son parte del botín político que siempre se reparten en las distintas administraciones?
-Me parece que las consultorías pueden ser contratadas si se observan las prescripciones legales. En los casos mencionados, podría haber ocurrido que algunas fueran parte de un botín político. Desgraciadamente, los políticos todavía funcionan -especialmente los de partidos tradicionales- a base de clientelismo: "al que me ayuda lo ayudo".
¿Qué opinión le merece lo dicho (diario La Nación, 24 de julio) por el presidente de la Corte Suprema de Justicia -Luis Paulino Mora- quien al justificar el rechazo a indagar el comportamiento del magistrado Sosto afirmó que: "No soy un juez ético, sino de legalidad"?
-Es complicado hacer esas separaciones. Naturalmente que uno como juez tiene que atenerse al derecho; pero, el derecho tiene un contenido ético. La interpretación del derecho debe tener un contenido ético. Uno tiene que insuflar la ética en la interpretación de la Constitución, por ejemplo. Uno no puede hacer una interpretación contraria a la ética. Esos divorcios no suenan bien.
Fuente Semanario Universidad
Sección PAÍS. Edición 590. Año XII
Foto Nurya Rodríguez
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