¡Feliz navidad!... y a seguir luchando en el 2008 :)

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La propiedad intelectual como último bastión de las corporaciones

La propiedad intelectual como último bastión de las corporaciones

Fabián Pena

En los últimos años, las sociedades de los países del Sur han comenzado a resistirse a los dictados de los organismos de las Naciones Unidas controlados por las corporaciones transnacionales, como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial; resistencia que comienza a desplazarse hacia otros organismos especializados menos conocidos por la opinión pública, pero de importancia capital (en todas sus acepciones) para la subsistencia de las políticas globales impulsadas por el G-8 ó países más ricos.

Estos dictados, si bien responden a patrones comunes, adquieren características distintivas en determinadas regiones del planeta y poseen algunos aspectos de fácil visualización, si se quita el velo que cubre la realidad impuesta desde el Norte. Para las corporaciones internacionales y los gobiernos de países centrales, la circulación de bienes y servicios se ha visto restringida por la aplicación de las antiguas leyes de propiedad intelectual, hecho que ha sido “corregido” en el año 1994 en ocasión de consagrarse el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC o TRIPS.

Este acuerdo impuesto por los países ricos no resultó sin embargo lo suficientemente estricto para controlar totalmente aquella parte de los flujos de capital “apropiables intelectualmente” por aplicación de leyes nacionales; de allí el avance sobre los ADPIC-plus, TLCs, Alquitas, PCT, Tratados de Radiodifusión y otros.

Todos los tratados o convenios internacionales, desde el Convenio de París para la Propiedad Industrial en adelante, derivan de aplicar el principio de la “propiedad privada” sobre los bienes materiales (proveniente de la constitución francesa de 1791 y asimilado luego por las leyes norteamericana y la mayoría de los países europeos), a los denominados “bienes intangibles” (que no son bienes porque no se consumen en su utilización). Esta ha sido y continúa siendo la argucia que le ha permitido al capitalismo corporativo de finales del siglo XX y principios de XXI apropiarse legal, pero ilegítimamente, de una tasa extra de ganancias mediante el sobreprecio aplicado a bienes y servicios originados en las creaciones humanas relacionadas con la cultura, la ciencia y la tecnología.

La aplicación de un mismo principio (la propiedad privada) a creaciones de orígenes disímiles (obras de arte, cinematográficas, televisivas, literarias, audiovisuales; tecnologías: aparatos, productos y procesos farmacéuticos, biotecnológicos, químicos, mecánicos, electrónicos), ha generado uno de los más formidables mecanismos de expoliación creados por el capitalismo en su acelerado proceso de privatización de riquezas producidas socialmente por la humanidad.

Algunos investigadores consideran que “la propiedad intelectual” es el último bastión de subsistencia legal del sistema capitalista dado que, particularmente en los Estados Unidos, esas actividades son las más rentables y esencialmente susceptibles de la protección por leyes de propiedad intelectual (propiedad industrial, y derechos de autor y conexos). Esta es la causa de todas las acciones de presión, chantaje [1] y estigmatización desplegadas por las megaempresas a escala planetaria [2] y dirigidas al control total, tanto de las oficinas regionales y nacionales de propiedad industrial, derechos de autor, entidades de gestión colectiva (en especial de escritores, músicos e intérpretes), como de aduanas, organismos de control de impuestos, fiscalías, juzgados federales, policías federales, ministerios y legislaturas nacionales, en particular en aquellos países de economías fuertemente deficitarias en términos de balanza comercial de bienes manufacturados, e importadores de tecnología, tal es el caso de los países latinoamericanos y caribeños.

Las modificaciones introducidas o a introducir, en las leyes de propiedad intelectual de los países de Latinoamérica y El Caribe (Argentina, Brasil, Chile, México, Nicaragua, Ecuador, Panamá, Venezuela), las actividades destinadas a perpetuar el actual sistema doctrinario de propiedad intelectual a través de seminarios, talleres y simposios; y las acciones de presión directa de representantes de gobiernos del Norte para hacer eficaz la protección dentro de las estructuras estatales, han formado parte de una dinámica agenda lobbista.

Varios especialistas neoliberales han advertido que las políticas emanadas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la OMC se han visto socavadas por las demoras originadas en las reuniones y asambleas de diversos tratados internacionales desarrolladas en Ginebra, produciéndose con el paso del tiempo, una considerable pérdida de ganancias en los países centrales debido a las trabas impuestas por el tercer mundo. Esta advertencia comienza a materializarse en los últimos meses a través de algunos acontecimientos producidos en países de la Región que han sido descriptas en varios informes y publicaciones:

Argentina:

Proyectos de modificación de ley de Derechos de autor (aumento de protección en años que pasa de 70 a 80 después de la muerte del autor, defendiéndose así los derechos corporativos de editoriales y discográficas)[3].

Proyecto de modificación de ley de Marcas: aumento de penas y multas por “falsificación” de marcas y “piratería” con el propósito de asociar estas infracciones con delitos de mayor gravedad [4].

Creación de maestría de propiedad intelectual auspiciada por OMPI, bajo la doctrina de los países centrales[5].

Llamativa visita del embajador de los Estados Unidos al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina [6], la Aduana [7] y el Organismo Federal de Impuestos [8].

Reunión de Directores de oficinas de propiedad industrial y derechos de autor de Latinoamérica y el Caribe en Buenos Aires, bajo el auspicio de OMPI [9].

Reunión de Directores de Propiedad Industrial de Latinoamérica y El Caribe bajo el auspicio de EPO [10].

Seminarios auspiciados por OMPI, EPO y OEPM [11].

Concurso auspiciado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina [12].

Brasil:

Nominación por OMPI de la oficina de patentes de este país, INPI Brasil, como examinadora de búsquedas y patentes de controvertido tratado internacional, PCT [13].

Organización de maestría de propiedad intelectual bajo la doctrina neoliberal junto con la Oficina Norteamericana de patentes y marcas (USPTO) y la Oficina Europea de Patentes (EPO), con el auspicio de OMPI.

Reunión para la creación de la Red Mundial de Academias de propiedad intelectual (México, Cuba, Australia, Corea, Brasil, EPO, junto a OMPI [14].

Acuerdo de la Oficina de Patentes con la Oficina de Reino Unido de Gran Bretaña [15].

Organización de varios eventos de marcas, patentes y diseños en conjunto con OMPI [16].

Chile:

Creación de Instituto de propiedad intelectual por presiones de organismos internacionales y gobiernos de países centrales bajo amenaza de incorporación a la lista 301 [17].

Presiones políticas bajo amenazas de sanciones para cumplir con el tratado TLC suscrito con los Estados Unidos[18].

Proyecto de ley para ingreso al tratado PCT[19].

Nicaragua:

Actual envío de proyecto de ley de patentes a la asamblea legislativa para alinearla al tratado TLC suscrito con Estados Unidos en el anterior gobierno [20].

Cuba:

Bloqueo de marcas de origen cubano por parte de los Estados Unidos, particularmente de ron y tabaco [21].

México:

Masivas campañas mediáticas de denuncias y control de “piratería”.

Ecuador:

Llamativa posición de la Oficina de propiedad intelectual en contra de las copias no autorizadas y en sintonía con los organismos internacionales [22].

Panamá:

Visita de funcionarios de OMPI para evaluar junto al gobierno local la posibilidad de crear la Oficina Latinoamericana de Propiedad Intelectual bajo el control de países centrales [23].

Venezuela:

Campaña nacional e internacional para neutralizar las modificaciones introducidas en la reforma de la constitución (Artículo 98) .

Este trabajo lento pero persistente, hacia los organismos y gobiernos de países “en desarrollo” incluyen las presiones políticas, la adhesión por conveniencia o subsistencia en el cargo de funcionarios locales, la cooptación ideológica, la falta de patriotismo, la dádiva oculta, la debilidad ideológica, la falta de información, conocimientos y capacitación de los funcionarios medios.

En los casos expuestos, se denota las grietas y debilidades estructurales en las políticas públicas relacionadas con los derechos intelectuales en los países del Sur, y la desesperación de los factores de poder por aumentar el control sobre ganancias, que resulten el salvavidas de un sistema político, económico y social tan decadente como los decadentes personajes que lo lideran.

[1] Ver: http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/1077/print
[2] Ver: http://aporrea.org/tecno/a34009.html
[3] Ver: http://www.aporrea.org/tecno/n83206.html
[4] Ver: http://www.aporrea.org/tecno/n103776.html
[5] Ver: http://www.idec.upf.edu/inpi_ok.pdf
[6] Ver: http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel212.html
[7] Ver: http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel209.html
[8] Ver: http://spanish.argentina.usembassy.gov/rel209.html
[9] Ver: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_jpi_bue_06/ompi_jpi_bue_06_inf_1.pdf
[10] Ver: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_jpi_bue_06/ompi_jpi_bue_06_inf_1.pdf
[11] Ver: http://www.inpi.gov.ar/eventoseptiembre/principal.html
[12] Ver: http://www.mercado.com.ar/mercado/vercanal_nota.asp?id=354475
[13] Ver: http://www.aporrea.org/tecno/n99146.html
[14] Ver: http://www.wipo.int/pressroom/es/articles/2007/article_0022.html
[15] Ver: http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-formaliza-parceria-com-o-reino-unido
[16] Ver: http://www.inpi.gov.br/noticias/seminario-no-rio-reune-latino-americanos-para-discutir-propriedade-industrial
[17] Ver: http://www.sargent.cl/boletin/discrepan.pdf
[18] Ver: http://www.aporrea.org/tecno/n78272.html
[19] Ver: http://www.bcn.cl/actualidad_legislativa/temas_portada.2007-09-26.6929271710
[20] Ver: http://www.boliviasoberana.org/blog/_archives/2007/9/20/3242688.html
[21] Ver: http://www.defensahumanidad.cu/artic.php?item=2717
[22] Ver: http://www.terra.com/noticias/articulo/html/act1018518.htm
[23] Ver: http://www.recordreport.com.ve/noticias/ompi.asp

*El énfasis es nuestro

Fuente Rebelión

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Corte suprema de justicia confirma denuncias de diputado Merino

Proyecto de ley deberá volver al Plenario

La Corte Suprema de Justicia confirmó las denuncias del Diputado José Merino del Río en relación con las reformas que se pretendían introducir al proyecto de reformas a la Ley de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, al entregar a la Asamblea Legislativa su opinión sobre este texto.

De acuerdo con el Diputado Merino estas reformas que aprobó la “mayoría mecánica” en Comisión Plena, no solo iban más allá de lo que exige el TLC, “sino que respondían a exigencias que las grandes transnacionales hicieron con la mediación de agencias del gobierno de los Estados Unidos, y que fueron tramitadas en Costa Rica a través de los ministerios de Comercio Exterior y de Justicia”.

La Corte Suprema de Justicia en su comunicación a la Asamblea Legislativa cuestiona todos los aspectos previamente denunciados por el legislador del Frente Amplio. Indican que las sanciones carcelarias no respetan las reglas de “razonabilidad y proporcionalidad”, impidiendo que los personas condenadas puedan acceder al beneficio de la ejecución condicional de la pena.

También critican los magistrados la doble sanción con penas de cárcel y multas al mismo tiempo lo que supone una duplicidad en los procesos judiciales, así como los cambios confusos y ambiguos al “principio de lesividad”, que tal y como había manifestado el Diputado Merino podrían conducir a la cárcel a un estudiante o profesor por el hecho de hacer unas fotocopias de un libro.

Merino del Río dijo que se ha demostrado que “a través de la denuncia pública y el control político en el parlamento junto a la presión social, se puede impedir que los poderes transnacionales y sus socios locales, vayan más allá de lo que el TLC manda en el trámite de las leyes de implementación, o intentar moderar su impacto negativo para las condiciones de vida y de trabajo de las mayorías”.

“El Frente Amplio no ha negociado nada con el Gobierno ni con su representación parlamentaria, sin embargo han tenido que reconocer los excesos en los proyectos de propiedad intelectual que ahora ratifica la Corte Suprema de Justicia, la falta de una página clave en el Tratado de Marcas, o ceder ante la pretensión de privatizar la telefonía fija o de quitarle al ICE la representación en el tratado eléctrico centroamericano”, agregó el parlamentario.

En relación con el procedimiento el Diputado José Merino considera que “ahora el proyecto de ley tendrá que volver al Plenario Legislativo para corregir su redacción porque las objeciones de la Corte se refieren a aspectos que afectan el funcionamiento del Poder Judicial lo que, de acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Política, califica su votación. Esta situación hace que el proyecto no pueda ser delegado a una Comisión Plena donde solo hay 19 diputados, ya que como lo ha dicho la Sala Constitucional en estos casos los proyectos objetados por la Corte deben ser conocidos por el Plenario Legislativo” y terminó diciendo que "Un proyecto con implicaciones tan serias para el país no puede ser tramitado en una Comisión Plena".

Comunicado de Prensa, 20 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

*El énfasis es nuestro

Fuente: De pie, Costa Rica de pie!!!

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Defienden el maíz ante el TLCAN

Defienden el maíz ante el TLCAN

Académicos y creadores protestan ante la desgravación de enero próximo

La importación del maíz y el frijol libre de aranceles y sin límite de cantidad a México a partir del 1 de enero próximo, significa la pérdida de la soberanía alimentaria, la destrucción del tejido social en el campo y la neocolonización por parte de las multinacionales productoras de transgénicos, aseguraron académicos y artistas en el Monumento a la Independencia.

Los investigadores Alejandro Nadal, Antonio Serratos y Armando Bartra, el escritor Paco Ignacio Taibo II, los actores Bruno Bichir y el grupo Las Reinas Chulas, el Premio Nacional de Derechos Humanos Miguel Concha, el caricaturista Rafael Barajas y la directora de Green Peace México, Patricia Arendar, entre otros, se reunieron para apoyar también a unos 15 miembros de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, que se mantienen en huelga de hambre para que las semillas sean sacadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

A partir de enero se termina el plazo fijado para la desgravación del maíz blanco, el frijol, la leche en polvo y el azúcar. Un golpe muy fuerte para quienes están fuera del "negocio de la agricultura", a decir de Miguel Concha, pues los únicos ganadores serán las grandes compañías estadounidenses productoras de maíz transgénico.

Investigador de El Colegio de México, Serratos aseguró que ya en 2006 se importaron 10 millones de toneladas de maíz de EU, de las cuales 90 por ciento son transgénicos, y que existen pruebas de la contaminación con esas semillas en 13 estados mexicanos, sin que a la fecha se hayan comprobado los daños por el consumo humano ni los estadounidenses hayan aceptado etiquetar esas especies.

La liberación arancelaria generará mayor migración y descontento social, expuso Paco Ignacio Taibo II.

En su opinión, México se encuentra al borde de las barricadas por la pérdida de la soberanía alimentaria y la falta de apoyos a pequeños productores.

El grupo hizo un llamado al presidente Felipe Calderón a emitir un decreto que ponga fuera del TLCAN al maíz y al frijol.

Durante la reunión también se presentó el espectáculo de Las Reynas Chulas Maíz to meet you, dirigido por Ana Francis More.

APELAN A SOBERANÍA ALIMENTARIA

Las organizaciones campesinas que protestan desde el lunes en el Ángel de la Independencia para exigir que maíz y frijol sean sacados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, recibieron el respaldo de ONG, investigadores y artistas.

Desde el lunes pasado, un grupo de 15 personas realiza un ayuno a los pies del monumento para alertar sobre las consecuencias negativas que, afirman, traerá la importación libre de arancel de maíz, frijol, leche y caña de azúcar.

Entre quienes acudieron a expresarles su apoyo estuvieron Bruno Bichir, Miguel Rodarte, Cecilia Suárez, Edgar Cortez, Miguel Concha y Paco Ignacio Taibo II.

"Proteger el campo es también un tema de derechos humanos. Tenemos derecho al desarrollo y a la seguridad y la soberanía alimentarias", indicó Cortez, director de la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos

"Llamamos a los legisladores a instalar un mecanismo permanente de administración de importaciones y exportaciones de maíz y frijol; de no hacerlo, lo que estaremos enfrentando es una tragedia nacional anunciada. Porque no sólo estamos hablando de crisis para el campo y alimentos de mala calidad para los consumidores mexicanos, también estamos hablando de contaminación genética del patrimonio natural de nuestro país", agregó Patricia Arendar, directora de Greenpeace México.

El énfasis en nuestro

Fuente: Bilaterals.org

Más información:

México: Harán un muro humano vs el TLC

Campesinos mexicanos declaran guerra a normas agrícolas de TLC de América del Norte

Sin maíz no hay país

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No solo empresas desfilaron en el Festival de la Luz

Un grupo de compañeros utilizando la creatividad lograron desfilar en el Festival de la Luz y pasar frente a las cámaras de canal 7. La manta decía "No somos una empresa, somos el pueblo".

Otra muestra más de resistencia pacífica e ingenio :)

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Agresión a Puerto Viejo

El pasado fin de semana acompañamos a un grupo de dirigentes del glorioso Comité Patriótico del Cantón de Talamanca, a una reunión con la comunidad de Puerto Viejo de Limón, con el propósito de analizar el proyecto de la marina en aquella localidad. Uno de los primeros 22 proyectos de este tipo que se pretenden instalar en todos los litorales de nuestro país.

Las primeras conclusiones del trabajo indican situaciones críticas, las cuales son la antesala de situaciones similares para otras comunidades costeras de nuestro país, por lo cual debieran unirse a esta causa y estar alertas. Entre ellas:

El proyecto constituye la mayor marina hasta ahora considerada en nuestro país -398 puestos-. Surge como una respuesta a los altos niveles de seguros marítimos en la cuenca Caribe-Atlántico, pues después el huracán Katrina estos se elevaron a cifras astronómicas.

La situación de Costa Rica y Panamá, al abrigo natural de estos fenómenos debido a su ubicación geográfica y forma del litoral regional, nos cataloga como la región con las primas más bajas, lo que unido a la apertura de seguros que traerá el TLC, ofrece un paraíso para una clase económica de muy altos ingresos, que ahora podrá traer sus yates hasta nuestras costas.

El relleno tapará con piedra, arena y concreto varias hectáreas de arrecife vivo, ubicado al oeste de Puerto Viejo, cambiará el paisaje actual por edificios y moles de piedra, alambradas y vehículos en amplios estacionamientos.

El proyecto desviará dos riachuelos, alterando el flujo de nutrientes al arrecife y a las especies marinas que han requerido por siglos un ambiente estuarino en su vecindad, verterá unas 80.000 vagonetas de piedra y arena en el mar, construirá estacionamientos y 8 muelles sobre una área marina actual de 18.5ha, además de modificar las corrientes del litoral que nutren y regulan la vida marina de los arrecifes al este del proyecto.

Durante la fase de construcción se cierne una amenaza no solo sobre otros arrecifes de Puerto Viejo, sino que también dañará severamente los de Manzanillo; debido a los sedimentos que trae la piedra de los rellenos, con agregados arcillosos de toda índole que serán arrastrados por las corrientes paralelas al litoral y hacia el este. Estos sedimentos podrían terminar ahogando la respiración de los frágiles ecosistemas.

Durante la fase de operación preocupa el destino del aceite quemado proveniente del mantenimiento de las máquinas, los efluentes de los talleres de reparación y mantenimiento, los disolventes del taller de pintura, las resinas y materiales nocivos del taller de fibra de vidrio, los combustibles derramados, entre otros. Todos en contacto directo con los arrecifes que pudieren quedar con vida.

De la mayor seriedad es el daño a la sociedad, pues su cultura, economía y estilo de vida cambiará radicalmente. Veamos:

a. El cambio de paisaje hará cerrar los comercios vinculados al turismo a lo largo de 300m del litoral, para ser poco tiempo después presa de la misma corporación que comprará a precios ridículos terrenos e inmuebles encerrados. Toda esta población activa hoy, deberá modificar su forma de vida.


b. El turismo que venía por tranquilidad y esparcimiento a esta región del Caribe, ya no vendrá más, pues concreto, piedra y aceites no es su objetivo; afectando directamente la economía de toda la población.


c. Playa Negra, ubicada al oeste del mega proyecto, modificará la morfología del fondo marino; eliminando el atractivo de olas grandes que atraen a surfistas de todas latitudes, pero sobre todo a la juventud y niñez local que hoy día se mira disfrutar del mar como parte de su cultura. Solo consideren que el tráfico de 400 yates saturará el tránsito naval a tal grado, que surfear en 10km a la redonda será un riesgo con el cual el turismo no va muy bien.


d. Droga y prostitución serán otras secuelas de tener 100 o 200 marineros extranjeros, acostumbrados a ese estilo de vida.


e. Se habla de 2000 nuevos empleos, pero de ellos el 20% corresponde a personal administrativo propio de las corporaciones traídos del exterior; 40% corresponde a marineros extranjeros que constituyen la tripulación; 10% a oficinas de gobierno central, 20% a especialistas en mantenimiento de lujosos y valiosos yates, entre ellos en motores, velamen, pinturas marinas; necesariamente foráneos. Y tal vez unos 25 ayudantes locales de toda índole. Pero a cambio perderán el ingreso de miles de turistas anuales (US$3,000.000), unos 300 empleos directos y unos 400 indirectos en esta comunidad.

El proyecto forma parte de una añeja estrategia mediante la cual para poder evadir las restricciones propias de la ley sobre la Zona Marítimo Terrestre y la categoría de área protegida del arrecife, se ha declarado ciudad a Puerto Viejo por el Poder Ejecutivo y se ha sustituido el decreto de creación del refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo (núm. 34043-MINAE del 22 oct. 2007); pues de esa manera desaparecen las restricciones.

Dichosamente personas responsables han interpuesto recursos de amparo que por lo pronto han detenido las acciones. No obstante el proyecto ha sido acogido para su estudio por el órgano técnico responsable de las marinas (ICT-CIMAT) bajo el exp. Núm. 09-07 y cuenta con el aval irrestricto de la Municipalidad (sesión 46, marzo 2007), la cual ha ofrecido inclusive construir los rellenos marinos.

El apoderado es Lic. Walter Coto Molina (PLN-tels. 821-5641, 282-2652, 282-3056), lo impulsa el Grupo Caribeño y un empresario Jan Kalina de la región. Además hay documentos en el expediente de Yalile Esna Williams –diputada- y Rugelis Morales Rodríguez, alcalde de Talamanca, quienes apoyan el proyecto.

En síntesis: las consecuencias negativas exceden por mucho los posibles beneficios. El gran ganador es la empresa internacional: Holanda, USA, políticos y empresarios locales. Hay una orquestación de varios años entre empresarios, políticos locales y regionales, el Poder Ejecutivo y la municipalidad local, que no les ha importado agredir ecosistemas marinos frágiles, ya de por si amenazados, el ambiente de las comunidades costeras, su forma de vida y cultura. Se hace en la práctica todo lo contrario que se predica internacionalmente.

Comentario: la posición estratégica de Costa Rica puede ser utilizada racionalmente a través de proyectos de menor envergadura, construidos lejos de ecosistemas frágiles, bajo diseños y supervisión técnicamente idónea. No se vale violentar las escazas leyes ambientales para adueñarse de los bienes naturales de comunidades con toda una historia y cultura que no va con estos mega-desarrollos. Por el contrario, los inversionistas deben conocer que el respeto a los ecosistemas marinos, la sana generación de empleo y la capacitación de la juventud local en aéreas técnicas debe acompañar el desarrollo, para que quienes han sido dueños históricos delterritorio puedan progresar en armonía con su cultura y su ambiente.

Guillermo Quirós Alvarez.
Oceanógrafo Físico, Consultor.
oceano@racsa.co.cr

http://www.institutodecostas.net

12 de diciembre de 2007

El énfasis es nuestro

Foto Con Costa Rica

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Paz y Progreso

Queremos compartir una hermosa tarjeta navideña
que nos llegó al correo del blog.

¡Feliz Navidad a tod@s!

(clic sobre la imagen para verla más grande)

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De la Biblioteca Nacional al ICE

De la Biblioteca Nacional al ICE

Flora Fernández

Antes de los años 70, en Costa Rica disfrutábamos la magnífica Biblioteca Nacional ubicada en el corazón de San José, entre el Parque Morazán y el Cine Variedades. En esa biblioteca teníamos acceso a libros y documentos de todo tipo, estudiantes de bajos recursos se salvaban leyendo ahí los textos que no podían comprar, todos bien clasificados, con ficheros y atendido por personal que conocía cada rincón y nos facilitaban el libro que ocupábamos en una época donde no habían fotocopiadoras ni leyes de protección intelectual absurdas.

Repentinamente el gobierno tomó la atroz decisión que había que demoler el edificio de piedra, con más de 100 años de existencia porque era inservible. Lo que realmente estaba dañado eran los estantes por el tiempo y el comején, pero la edificación era extraordinariamente fuerte y para su demolición ocuparon maquinaria pesada y muchas horas hombre para traerla al suelo.

En esa época yo vivía a pocos metros de ese monumento nacional y puedo dar testimonio de lo que les costó demolerlo. Con enorme tristeza veía cómo le daban duro a sus muros de piedra que resistían el absurdo embate. Era tan fuerte esa edificación que finalmente dejaron como testimonio de lo difícil que fue su desaparición, algo más de un metro de pared y parte del piso que hoy sirve para albergar un parqueo en la Avenida Primera. Las malas lenguas aseguran que edificación fue trasladada por partes y las tiene alguien en Alajuela.

Exactamente lo mismo desean hacer hoy con el ICE, la empresa centroamericana más grande de la región, que es una enorme fortaleza, brinda un magnífico servicio y constituye un orgullo nacional porque la hemos pagado todos y el beneficio queda en el país ¿Habrá que demolerlo sólo porque tiene comején? ¿No será mejor sacar a quienes socavan la institución? Quienes desean apoderarse del ICE no es para hacerlo más eficiente y fuerte, sino sólo su negocio y como los bancos privados, acabaría todo en manos extranjeras.

Mediante el TLC metieron la supuesta apertura del ICE y del INS que en realidad son la ruptura de la solidaridad y el bienestar de las mayorías para que unos pocos hagan negocios jugosos.

Lo más paradójico es que hace 50 años Monseñor Sanabria se empeñó en que la salud y el bienestar llegaran a las mayorías y en especial a los más pobres según la misión de la Iglesia. Hoy el cura Claudio Solano se empeña en lo contrario y no debe sorprendernos esa actitud, muy cercano a Oscar y Rodrigo Arias celebraba la noche del 7 de octubre con alegría, haber alcanzado el 51% de los votos aunque para ello fuese necesario un fraude.

Pero además, el mayor accionista del Grupo Sama es nada menos que la Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica que a su vez tiene una participación muy importante en el Hospital La Católica, testimonio que deja por escrito el Presidente del Grupo Sama, Víctor Oconitrillo en el oficio GES/225/2007 del 8 de noviembre pasado. Tal vez eso explique en parte, la tímida reacción de la cúpula eclesiástica frente a los inmorales Tratados de Budapest y UPOV que riñen con la ética y los más elementales principios cristianos.

Por eso luego de haber sido parte de los que en el 2000 evitamos que se robaran el ICE, hoy nos reagrupamos para evitar que vengan a demoler la solidaridad social comenzando por el ICE, el INS, la CCSS y las instituciones de bienestar para obligarnos a pagar caprichos por esos servicios.

Los que vamos a defender la Patria somos más de la mitad de los costarricenses: desde quienes votamos NO en el referéndum, las personas que fueron obligados a votar SI y ahora saben que era un engaño; muchísimos sacerdotes y pastores decentes y coherentes, así como la gente que no vota porque no cree en esta democracia de mentiritas que tenemos. Esa es la gran fuerza que tendrán que enfrentar los codiciosos que pretenden demoler el Estado de Bienestar como demolieron la Biblioteca Nacional.

* El énfasis es nuestro

Fuente:Tribuna Democrática

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Diputado Merino impugna artículo 41 Bis del Reglamento Legislativo

• Presenta acción de inconstitucionalidad

El Diputado José Merino del Río presentó el día de hoy ante la Sala Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 41 bis del Reglamento Legislativo, por vicios sustanciales en el procedimiento parlamentario seguido en la tramitación del expediente que le dio origen.

El legislador del Frente Amplio denunció ante la Sala Constitucional que en fecha posterior a la votación en el Plenario legislativo el texto del artículo 41 bis "fue alterado por el fondo", ya que no coinciden el texto aprobado y el publicado posteriormente en el Diario Oficial.

Según consigna el Diputado Merino en su alegato, el texto sustitutivo aprobado el 29 de julio de julio de 1999 y votado en forma definitiva el 8 de noviembre de 1999 en el plenario, dice en el párrafo segundo del inciso e) sobre la "moción para fijar plazos de votación", que: "En todo caso, si vencido el plazo de los dos meses no se hubiese cumplido con las seis sesiones mínimas de discusión del proyecto por el fondo, se tendrá por prorrogado el plazo automáticamente..."; sin embargo el texto publicado en La Gaceta es distinto pues dice: "En todo caso, si vencido el plazo de las veintidós sesiones no se hubiese cumplido con las seis sesiones mínimas de discusión del proyecto por el fondo, se tendrá por prorrogado el plazo automáticamente..."

Merino del Río sostiene que "no consta registro alguno de que antes de la votación final la Asamblea aprobara la introducción de este cambio sustancial". Argumenta que no se presentaron ni votaron mociones de fondo, ni hay prueba de que algún órgano legislativo haya acordado o avalado la introducción esta modificación antes de la votación final del proyecto. "No se sabe a ciencia cierta quién alteró el texto definitivamente aprobado, pero si tenemos certeza de que no fue el Plenario Legislativo, ni ningún otro órgano legislativo con competencia", dijo.

Para el Diputado Merino se configuran vicios sustanciales del procedimiento porque se alteró el texto del proyecto mediante la introducción de un cambio de fondo, sin seguir el procedimiento legislativo establecido para tal efecto, porque dicha alteración ocurrió después de su aprobación definitiva, y porque este cambio fue hecho por alguna persona, un tercero, sin competencia para ello.

En el documento presentado a la consideración de la Sala Constitucional el representante legislativo del Frente Amplio reclama que se han lesionado los Principios Democrático y de Publicidad, y solicita se declare la inconstitucionalidad del artículo 41 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa y se anule la norma impugnada.

Comunicado de Prensa, 11 de diciembre de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río
Partido Frente Amplio

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Cierran Piñera en Zona Atlántica de Costa Rica

La piñera Tico Verde, que ha producido graves daños ambientales en la zona de La Perla, cerca de Siquirres en el Atlántico de Costa Rica, fue obligada a detener sus operaciones temporalmente por la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), ya que no cuentan con un estudio de impacto ambiental.

El cierre viene después de la presión de las comunidades quienes han venido denunciando las prácticas dañinas que esta y otras piñeras llevan a cabo en la zona, principalmente al contaminar lo mantos acuíferos de donde se abastecen de agua las comunidades aledañas.

Carlos Arguedas, dirigente sindical y comunal de la zona, comentó que la semana pasada incrementaron la presión social contra esta piñera al realizar movilizaciones hacia la municipalidad del lugar, para exigir su cierre.

La transnacional Del Monte, principal comprador de los productos de Tico Verde, había utilizado su influencia en la municipalidad para evitar que se detuvieran las operaciones de la empresa en este lugar.

“Existe el peligro que se intente manipular un estudio de impacto ambiental para que la compañía pueda restablecer sus operaciones,” manifestó Arguedas, quien también aseguró que por ese motivo la comunidad se mantendrá vigilante.

La semana pasada, un estudio realizado en el agua de la comunidad de La Perla arrojó como resultado altos porcentajes de Bromacil, químico sumamente dañino para el organismo y que ya había sido encontrado en el agua de otras comunidades de la zona, donde también hay una alta actividad piñera.

Arguedas y otros dirigentes comunales del Atlántico, estarán exponiendo el grave caso de las piñeras ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, el jueves 13 de diciembre a las 2 PM, en sesión pública en el Salón Ex presidentes.

Andrés Mora
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

www.fanca.co. nr

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Escandaliza a Estados Unidos destrucción de videos sobre las torturas de la CIA

• La agencia enfrenta indagaciones del Congreso por obstrucción de la justicia

• También el Departamento de Justicia y la dependencia de espionaje anuncian investigación

• El jefe de operaciones clandestinas destruyó en 2005 las cintas pese a órdenes de no hacerlo

David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 8 de diciembre. El presidente George W. Bush y su gabinete han repetido una y otra vez que “Estados Unidos no tortura” y que la interrogación de sospechosos en la “guerra contra el terror” se realiza dentro del marco de la ley, pero con la revelación de que se destruyeron cientos de horas de videograbaciones de interrogaciones con técnicas “severas” de por lo menos dos operativos de Al Qaeda, el asunto ahora ha estallado en un nuevo escándalo político en Washington y una vez más pone en duda las afirmaciones del gobierno de Estados Unidos.

Ahora la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Casa Blanca enfrentan investigaciones del Congreso sobre obstrucción de la justicia del asunto que se centra en la orden –que supuestamente iba en contra del consejo de abogados de la propia agencia, la Casa Blanca y legisladores– de destruir videograbaciones de interrogatorios que los agentes hicieron en 2002 a dos de los primeros tres integrantes de alto nivel de Al Qaeda, capturados después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Los comités de inteligencia de ambas cámaras del Congreso están iniciando sus averiguaciones.

Por su parte, la agencia y el Departamento de Justicia anunciaron una investigación conjunta de esos hechos. “Doy la bienvenida a esa investigación, la CIA cooperara plenamente”, dijo el director de la dependencia de inteligencia, Michael Hayden.

La destrucción de las grabaciones fue ordenada en noviembre de 2005 por José A. Rodríguez Junior, entonces jefe de operaciones clandestinas, para revertir la decisión de preservar el material grabado por consejo de los abogados del Poder Ejecutivo y también de los legisladores. En esas fechas el Congreso y los tribunales federales estaban ampliando sus investigaciones sobre métodos de interrogación y centros clandestinos de detención de la CIA.

Una de las preguntas más pertinentes ahora es si la CIA intentó eliminar pruebas de métodos denunciados como tortura, en particular el waterboarding, que provoca la sensación de ahogamiento lento. Por cierto, fue poco después que el Congreso aprobó una legislación que prohibía la tortura de los detenidos por Estados Unidos, incluso los que estaban bajo custodia de la CIA.

A su vez, justo en esas fechas la reportera Dana Priest, del Washington Post, publicó un reportaje en que revelaba que la CIA interrogaba a detenidos en prisiones secretas de hasta ocho naciones (Tailandia, países de Europa oriental y en Guantánamo). El Post recuerda que ese reportaje fue publicado un año después de que la revista The New Yorker, el programa 60 Minutos de CBS y el propio Post habían revelado fotos que provocaron el escándalo de Abu Ghraib.

O sea, la sospecha es que la CIA encubrió la evidencia de que se estaba empleando la tortura, que podrían haber serias consecuencias legales y políticas si los videos fueran revelados al publico a escala nacional e internacional, y que al emplear la justificación de proteger la identidad de sus agentes y las técnicas empleadas se tomó la decisión interna de destruirlos.

Las explicaciones iniciales de Hayden no lograron convencer a casi nadie en Washington, donde se van a iniciar una serie de averiguaciones para determinar la verdad sobre esas videograbaciones.

Silvestre Reyes, el diputado demócrata jefe del Comité de Inteligencia del Senado, y su contraparte republicana Peter Hoekstra, enviaron el pasado viernes una carta a la CIA declarando que “simplemente no es cierto” que la agencia notificó al comité de la destrucción de los videos, como había sugerido Hayden el jueves anterior.

Por su parte, los presidentes de la comisión nacional sobre el 11-S, establecida en 2004 por el presidente Bush para evaluar los hechos de ese atentado y la forma en que el gobierno respondió, expresaron al New York Times que posiblemente fueron engañados por la CIA cuando solicitaron todo el material relacionado con informaciones acerca de los detenidos.

“¿Obstruyeron nuestra averiguación? La respuesta es claramente sí. Si eso es un delito, otros tendrán que juzgar”, comentó Lee Hamilton, uno de los dos presidentes de esa comisión.

Mientras tanto, la Casa Blanca dice que está iniciando su propia averiguación y afirmó que Bush sólo fue informado esta semana de la destrucción de los videos, y que cooperara con cualquier investigación del Departamento de Justicia sobre el asunto.

Y todo esto apenas empieza.

Fuente La Jornada

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CIA: ex agente reconoce tortura

Un agente retirado de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, (CIA) reveló que un sospechoso de la red al-Qaeda fue sometido a un interrogatorio en el que se utilizó la técnica de ahogamiento. Sin embargo, aseguró que el procedimiento es justificable.

Completo en BBC Mundo

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Libertario niega voto a vía rápida por TLC-Plus

• Secretario del PLN lo llama a ser consecuente

Esteban A. Mata Fonseca
emata@prensalibre.co.cr

El diputado del Movimiento Libertario Mario Quirós aseguró que negará su voto para cualquier aplicación de Vía Rápida a los proyectos de implementación del TLC con Estados Unidos, mientras el Poder Ejecutivo y la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) no aclaren los alcances de lo que llama “TLC-Plus”.

El legislador advirtió que no cambiará de posición, ya que en varios proyectos de la agenda complementaria se da un exceso en los alcances, más allá de lo negociado en el acuerdo comercial.

Esta situación es criticada por la cúpula del PLN, que a criterio del secretario general, René Castro, califica como falta de seriedad y de burla a la ciudadanía el comportamiento del diputado libertario.

“Con su actitud, el diputado Quirós traiciona a los costarricenses. Hay una agenda que es necesario votar para la implementación del TLC y el diputado Quirós con una broma o una excusa poco creíble impide avanzar”, dijo Castro.

No al TLC-Plus

Sin embargo, Quirós insiste en que es en el seno del Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de la Presidencia, y en la fracción del PLN donde deben aclarar el porqué incluyen más aspectos de la cuenta en los proyectos de implementación.

“El oficialismo, no René Castro, el Poder Ejecutivo ha introducido a los proyectos el TLC Plus y yo lo que pido es que se arregle esa situación”, acotó.

Quirós centraliza sus críticas al tema de propiedad intelectual, donde se estipulan penas de cuatro a seis años por delitos que tienen menos consecuencias en otros países.

Sin embargo, Castro le exige ser coherente y permitir que el país pueda seguir el “rumbo del progreso y el desarrollo”.

Recordemos que el jueves pasado el legislador del Movimiento Libertario impidió la aprobación de una moción para aplicar la vía rápida al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales.

Quirós se salió del Plenario poco antes de la votación, por lo que el G38 solo obtuvo 37 votos, insuficientes para aplicar la vía rápida al proyecto.

“Han introducido una serie de elementos que traspasan el TLC y lo que votó el pueblo de Costa Rica el 7 de octubre” en el referéndum, se quejó el diputado.

En el tema de propiedad intelectual el legislador alega que “en ninguno de los países cercanos ha pasado esto” y que hay contradicciones a lo interno del Poder Ejecutivo, entre lo que piensa el Ministro de Comercio Exterior, la jerarca de Justicia y el de la Presidencia.

Ante esto, Quirós insiste en que la situación de los pluses en el TLC debe ser resuelta por los poderes Ejecutivo y el Legislativo, y no por el secretario del PLN.

“A mí me parece que si el PLN como partido va a defender el TLC Plus, es mejor que lo diga con toda claridad. Yo estoy con la puerta abierta para que eso se arregle, pero si ellos piensan de esta manera creo que deben hacerlo de forma transparente”, comentó.

“Yo no me presenté a la votación porque tenía un compromiso, pero de todas maneras no hubiera dado mi voto hasta que no se arreglen estas cosas. Hay diputados dentro del PLN que no están de acuerdo con el TLC Plus”, dijo.

Sin embargo, Castro insiste en que Quirós “debe ser consecuente y que si cometió un error, corregirlo inmediatamente, más que no hay tiempo. Recibimos mucha preocupación y quejas de la gente que apoyó el sí”.

Pero Quirós no se queda en silencio, y advierte que “don René debería darse una vueltecita por la fracción del PLN. En realidad no me interesan sus contradicciones, sino arreglar y de buena fe explicar el TLC Plus”.

Fuente La Prensa Libre Online
Foto La Prensa Libre

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Abren portillo para patentar “Métodos de Diagnóstico ” y “Técnicas Quirúrgicas”

José Merino del Río
Diputado del Frente Amplio

Durante la discusión de reformas a la Ley de Patentes, en la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera el Frente Amplio, presentó la siguiente moción:

“Para que se modifique el inciso 6 del artículo 2 de la Ley Nº 6867, que se pretende reformar mediante el artículo 2 del proyecto de ley en discusión, y en adelante se lea de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 2.- (...)

Artículo 2°. – Invenciones patentables.

(...)

6.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la industria, entendida esta en su más amplio sentido, que abarque entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería; la pesca y los servicios.”

Esta moción fue rechazada, dejando en evidencia que en esta materia se quiere ir más allá de lo que impone el TLC, favoreciendo intereses empresariales ligados al sector de los servicios.

Ser “susceptible de aplicación industrial” es uno de los requisitos establecidos en nuestra legislación para que una invención pueda patentarse. Actualmente el artículo 2, inciso 6) de la Ley de Patentes lo define de la siguiente manera: una invención es susceptible de aplicación industrial “cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en la industria, entendida esta en su más amplio sentido, que abarque entre otros, la artesanía, la agricultura, la minería; la pesca y lo servicios.”

El texto sustitutivo propuesto pretende modificar esta definición, estableciendo que una invención es susceptible de aplicación industrial “cuando tenga una utilidad específica, substancial y creíble”.

La justificación de este cambio esgrimida por los proponentes del nuevo texto (que tampoco se encontraba en el texto base del proyecto) es que se busca: “dar potestad al Registro de rechazar de plano lo que es absurdo o improcedente a todas luces, sin necesidad de tener que incurrir en gastos en tramitación de solicitudes descabelladas.”

Pero el resultado obtenido es exactamente el opuesto. Se trata de una modificación que, lejos de limitar del alcance del concepto de “aplicación industrial”, lo amplía de manera considerable, pues permite abarcar invenciones que no pueden ser utilizadas o producidas en la industria.

Por lo tanto, en vez de facilitar el rechazo de solicitudes “absurdas o improcedentes” se está favoreciendo su presentación.

Lo que en realidad se pretende con la modificación comentada es introducir el concepto de “aplicación industrial” contenido en la legislación de Estados Unidos, que es mucho más amplio y ambiguo que el de otras legislaciones como la europea, que utilizan una definición similar a la contenida en nuestra ley vigente.

Como ha señalado el experto argentino Carlos Correa:

“Bajo la legislación estadounidense se pueden patentar ciertas innovaciones que no desembocan en un producto industrial: basta con que una invención sea ejecutable y capaz de satisfacer alguna función de provecho para la humanidad (“útil”). Este concepto de utilidad es más amplio que el de “aplicación industrial” que se maneja en los países europeos y otros. La norma estadounidense permite patentar invenciones puramente experimentales que no se pueden producir ni emplear en la industria, o que no producen un efecto técnico, según se comprueba en el gran número de patentes concedidas en Estados Unidos para “métodos de negocios”” ¹

Así las cosas, el objetivo del cambio introducido es establecer un concepto más extenso y menos preciso de los alcances del requisito de “aplicación industrial”. Una modificación que claramente favorece los intereses de los grandes consorcios de servicios médicos. Como ha señalado Mario Devandas la sustitución de la definición contenida en nuestra legislación por de la ley estadounidense “prepara el camino para lograr en el futuro patentes para invenciones no reproducibles industrialmente como es el caso de algunos métodos de diagnóstico y de todas las técnicas quirúrgicas, algo que la ley vigente en Costa Rica no permite en la actualidad.”²

Esta posición es compartida por Correa quién señala que:

“La aplicación de este criterio a las invenciones relacionadas con la salud es particularmente importante en lo que concierne a aquellas invenciones que consisten en usos de un producto, ya que los usos de invenciones relacionadas con la salud se pueden considerar como métodos de tratamiento del cuerpo humano, carentes de aplicación industrial, y por lo tanto, no patentables.”³

El patentamiento de “métodos de diagnóstico” y las “técnicas quirúrgicas” fueron excluidas durante las primeras rondas de negociaciones del TLC, a solicitud de Costa Rica y ante la fuerte presión de los gremios médicos y defensores de la seguridad social. Ahora si estas reformas avanzan, se abre el portillo para satisfacer los intereses de empresas que han convertido la salud en un negocio, con serias repercusiones, tal y como se había previsto, para la Caja Costarricense del Seguro Social.

Por lo tanto, los proponentes del informe de subcomisión sobre el expediente 16118 no entienden los alcances reales de la modificación que proponen o, de manera deliberada, intentan engañar al resto de integrantes de la Comisión Plena, exponiendo una justificación no guarda relación alguna con los verdaderos objetivos de dicha modificación.

En todo caso, una vez más, se trata de legislación que en lo más mínimo se orienta a favorecer los intereses del pueblo de Costa Rica.

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